Dime un político que diga una verdad y te señalaré un hombre que miente.
Estando terminando este artículo nos llega la triste noticia de que a la familia de nuestro compañero Manuel Linde, guardia civil rehabilitado por cometer el delito de legalizar una asociación en los años noventa, a su viuda y huérfanos le deniegan la pensión de viudedad, aquí se ve el trato de Marlaska y de este gobierno a los miembros de las FSE, que se juegan la vida en las calles y sin ser profesión de riesgos les limitan todos sus derechos, especialmente los básicos.
En menos de cinco horas, más de 25.000 policías nacionales y guardias civiles se integraron en distintos grupos de coordinación y acción para defender lo que nunca debió ser objeto de disputa: sus derechos constitucionales. No hablamos de privilegios. Hablamos de libertad sindical, de derecho a la negociación colectiva, de equiparación salarial real y de un trato digno e igualatorio.
Cuando 25.000 profesionales de la seguridad pública del Estado —encargados de garantizar el orden constitucional— se organizan de forma espontánea en cuestión de horas, el mensaje es inequívoco: algo estructural está fallando.
Un conflicto que no es nuevo.
El problema no nace ayer. Es la consecuencia de décadas de discriminación institucional, de promesas incumplidas y de reformas cosméticas que nunca abordaron el núcleo del conflicto: la desigualdad jurídica y económica respecto a otros cuerpos policiales autonómicos y la limitación real de derechos colectivos en cuerpos de naturaleza militar como la Guardia Civil, que además contravienen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia 69966/01 que jamás se ha cumplido especialmente en la condena contundente a España de haber cometido delitos de detención ilegal.
Mientras otros servidores públicos negocian condiciones laborales en pie de igualdad, miles de agentes han visto cómo su capacidad de presión y defensa colectiva quedaba restringida por un modelo que los trata como piezas disciplinarias y no como ciudadanos uniformados.
Libertad sindical y negociación: derechos, no concesiones
La Constitución no distingue entre ciudadanos con y sin uniforme en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, en la práctica, el ejercicio efectivo de la libertad sindical y de la negociación colectiva ha sido limitado, interpretado de forma restrictiva y, en ocasiones, directamente neutralizado.
No es una cuestión ideológica. Es una cuestión jurídica. El reconocimiento formal de derechos sin mecanismos reales de garantía es una ficción. Y esa ficción ha generado frustración, precariedad comparativa y una sensación de agravio constante.
La herida abierta de la Seguridad Social.
Conviene recordar la histórica manifestación de policía y guardias civiles por la integración plena en la Seguridad Social y por un sistema de protección social equiparable al del resto de trabajadores públicos. Aquella movilización no fue un gesto simbólico: fue la expresión de un colectivo cansado de cotizar y servir en condiciones desiguales. La reivindicación era —y sigue siendo— clara: igualdad de protección, igualdad de trato, igualdad de derechos.
Sentencias incumplidas: TC y TEDH.
Más grave aún es la existencia de resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyas doctrinas han sido interpretadas de forma restrictiva o directamente desatendidas en su espíritu garantista. Cuando los máximos intérpretes de los derechos fundamentales establecen límites a la actuación del Estado y esos límites se diluyen en la práctica administrativa o disciplinaria, el problema deja de ser laboral para convertirse en estructural. No se puede exigir ejemplaridad constitucional a quienes protegen el orden jurídico mientras se relativizan sus propias garantías.
La memoria de UMDVERDES y las expulsiones.
La historia reciente ofrece un precedente doloroso: las expulsiones y represalias contra miembros del colectivo UMDVERDES por defender derechos asociativos y profesionales en clave democrática.
Aquellos expedientes, aquellas sanciones y aquellas carreras truncadas no fueron episodios aislados: fueron el síntoma de una cultura institucional que durante años confundió disciplina con silenciamiento y jerarquía con ausencia de derechos.
Hoy, muchos de los que se suman a estos nuevos grupos recuerdan perfectamente aquel pasado. Y saben que la organización colectiva es la única garantía frente a posibles abusos.
Equiparación salarial, el reconocimiento de profesión de riesgo ya, y para todos: las promesas eternas.
La equiparación salarial ha sido anunciada, firmada, celebrada y, sin embargo, nunca plenamente materializada en términos de igualdad real y consolidada. Las diferencias retributivas estructurales persisten. Los complementos, las carreras profesionales y las condiciones específicas continúan generando brechas. No es una cuestión corporativa. Es una cuestión de justicia comparativa dentro del propio Estado.
Movilizaciones en el horizonte
Los grupos creados ayer no son un desahogo emocional. Son el germen de una estrategia coordinada que anuncia movilizaciones frente a la discriminación acumulada por gobiernos de distinto signo político. Porque el maltrato institucional no entiende de colores: ha sido transversal.
El mensaje es claro: no se trata de enfrentarse al Estado, sino de exigir que el Estado cumpla con sus propios principios constitucionales. Si 25.000 agentes se organizan en cinco horas, no es un gesto anecdótico. Es un aviso democrático. Un recordatorio de que quienes sostienen la seguridad pública también son titulares de derechos fundamentales.
Y cuando la dignidad profesional se convierte en causa común, ya no hablamos de malestar. Hablamos de un movimiento.
