Es comunismo de manual.
Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España, sigue fielmente la doctrina de la extinta Unión Soviética en la que, sea el argumento que se utilice, siempre se acaba teniendo la razón.
Con el tarifazo eléctrico que vienen sufriendo los españoles desde primeros de junio de 2021, ahora el titular ministerial sopesa la posibilidad de que se pueda rebajar al 10% el IVA del recibo de la luz.
Hasta aquí todo correcto si no fuera porque este mismo integrante del Consejo de Ministros despreciaba en febrero de este 2021 que se pudiese plantear siquiera la posibilidad de una simbólica reducción.
Por aquel entonces, cuando gran parte de España había estado afectado por la tormenta Filomena y la factura a fin de mes había sido de auténtico infarto para los bolsillos de muchos hogares, Alberto Garzón decía cosas como estas:
Hay un oligopolio en el mercado eléctrico, si se bajan los impuestos sube el beneficio de las empresas y se mantiene el precio de los productos. Con los mismos impuestos, se trata de hacer una regla de tres o un mínimo uso de la lógica para descartar la tasa impositiva como la causa del incremento de la factura de la luz.
Detallaba el responsable de Consumo que:
El eléctrico es un mercado donde tres grandes empresas controlan más del 60% de las ofertas en la subasta y sus filiales más del 60% de las compras. Lo que se describe en economía como un oligopolio y donde la bajada de los impuestos se traduce en que sube el beneficio de las empresas y mantiene el precio de los productos.
En esa comparecencia parlamentaria de primeros de febrero de 2021 esgrimía que lo esencial era acometer una serie de reformas estructurales:
Hay que hacer reformas estructurales para cambiar un sistema de mercado pensado y diseñado para la era de los combustibles fósiles, implementando así el peso de las energías renovables en el ‘mix’, que son las más limpias y las más baratas.
Y remachaba con su habitual palabrería:
Un Gobierno decente tiene que abordar con sus políticas públicas el problema energético para los consumidores vulnerables, para lo que el Ejecutivo ya está trabajando en reforzar el bono social energético o en medidas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ayuden a garantizar que todo el mundo tiene derecho a la energía.
Ahora, para justificar su cambio de criterio, precisa que:
Este cambio hay que hacerlo en el momento adecuado, por eso lo estamos evaluando ahora, ante un precio de la energía disparado, como una medida extraordinaria, así como otras cosas ante un fenómeno complejo.
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