Es una moneda al aire.
Pero hasta que se compruebe si sale cara o cruz, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, no le llegará la blusa al cuello.
Un particular, letrado para más señas, ha decidido que no va a comulgar con la chapuza perpetrada el 3 de febrero de 2022 en la que salió adelante la reforma laboral de la comunista Yolanda Díaz.
Así que ni corto ni perezoso tomó cartas en el asunto y ha solicitado judicialmente que sea la Guardia Civil la que requise el ordenador que utilizó el diputado Alberto Casero (PP) para que se compruebe si son ciertos los problemas técnicos que adujo tras emitir su voto telemático.
Ahora es el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid quien, como cuenta Okdiario, ha incoado diligencias para precisar si hubo o no delito informático.
El denunciante también ha reclamado a la Benemérita que acceda al Congreso de los Diputados «para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios».
Sin embargo, en este extremo, el magistrado Adolfo Carretero ha considerado que, por el momento, no procede a dar curso a esa diligencia, si bien tampoco cierra las puertas a que en su momento se pueda reconsiderar la decisión inicial.
El juez detalla que para que la Guardia Civil pueda personarse en el domicilio del diputado del PP y ocupe terminales y sistemas es necesaria la oportuna autorización del dirigente o un auto de entrada y registro judicial «basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada».
Igualmente, para poder personarse en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, es imprescindible que la propia Meritxell Batet lo autorice, tal y como viene señalado en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y eso es algo sobre lo que el magistrado Carretero no tiene constancia.
Por tanto, el magistrado ha descartado darle carácter de urgencia a esta denuncia y la investigación deberá someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla tendrá que hacerse cargo.
Queda por ver cuál será el final de esta denuncia de un abogado que ya no es la primera vez que va contra organismos e instituciones del Estado.
Por dos veces denunció al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos, si bien en ambas oportunidades la Justicia archivó sus demandas.
