Si se contara la biografía de un español cualquiera como se cuenta la historia de una nación, la narración debería ser con la misma mezcla de orgullo, ostentación y deuda que ha definido a buena parte de España durante las últimas décadas:
Imaginen que hace tres o cuatro décadas alguien decidiera comprar una casa, o, siguiendo la ideología de consumo que se ha instalado en el país: casa nueva, coche nuevo y nueva compañera o compañero, o «compañere»… Para lograrlo, decide pedir un préstamo hipotecario, pongamos de 120.000 euros, pactando con el banco que durante los cinco primeros años solo se pagarían intereses, sin amortizar nada del capital. Además de la vivienda, esa persona no escatimaba en gastos: coche de marca, viajes, fiestas… porque, como todo vecino, no podía ser menos que el de enfrente.
Pasados los cinco años, convencido de que debía mantener la vorágine de consumo, se renegociaba el préstamo para ampliar capital, adquirir una segunda residencia y prolongar el período en que solo se pagaban intereses, ahora durante diez años más. Quince años después de los fastos de 1992, la economía personal seguía siendo un desastre: sin amortizar capital, multiplicando coches, casas y compañeras (o compañeros, o «compañeres»), renegociando continuamente y acumulando una deuda que heredarán hijos, nietos y biznietos.
Si alguien piensa que esto es solo un ejemplo excepcional, marginal, basta con mirar a España en su conjunto: todas las administraciones, desde la aldea más pequeña hasta la administración central, han obrado exactamente así. Polideportivos, autopistas gratuitas, aeropuertos vacíos, trenes de alta velocidad, 17 miniestados con parlamentos, gobiernos, funcionarios, asesores y enchufados. Un derroche crónico y estructural. Entre 1996 y 2007, el coste de la obra pública ineficaz y los sobrecostes superaron los 150.000 millones de euros, con más del 70% de los proyectos presentando sobrecostes del 15% al 20%. En 2025, el despilfarro y la mala gestión continúan: se calcula que más del 20% del PIB español ha sido dilapidado en proyectos infrautilizados, fallidos o corruptos, incluyendo inversiones en cultura, deporte, ciencia, grandes eventos, hospitales y centros educativos. La deuda pública española supera ya los 2 billones de euros, impagable, estructural, imposible de amortizar; solo los intereses consumen buena parte de los ingresos del Estado.
La ética del ahorro en España: un hábito castigado
Durante generaciones, los españoles aprendieron a ahorrar y a planificar con prudencia. Se depositaba el dinero en bancos y cajas de ahorro, se evitaban deudas innecesarias, se pagaban los bienes en efectivo cuando era posible y se mantenían los gastos por debajo de los ingresos. Este era el código moral y práctico que guiaba a la clase media, el mismo que yo seguí durante décadas con diligencia casi religiosa. Apenas he solicitado crédito al consumo en toda mi vida y he procurado liquidar las deudas hipotecarias con rapidez.
Cuando deseaba un coche, ahorraba y compraba uno de segunda mano; lo mismo con otros bienes duraderos. La filosofía era clara: mantener la libertad de deuda, ahorrar todo lo que razonablemente se podía y colocar esos ahorros en instrumentos seguros.
Sin embargo, el resultado fue paradójico. Mi prudencia no me hizo más rico; la inflación devoró el valor de mis ahorros. Los depósitos bancarios que yo consideraba seguros han visto su poder adquisitivo caer drásticamente. Guardar dinero en bancos o cajas de ahorro ya no asegura conservar riqueza: la inflación anual erosiona el valor de los ahorros mucho más rápido que los intereses generados. Durante generaciones, quienes guardaron sus ahorros en bancos y cajas de ahorro —en cuentas corrientes, libretas de ahorro o depósitos a plazo, tradicionalmente considerados fórmulas seguras y prudentes— han comprobado cómo ese dinero, aun permaneciendo intacto en términos nominales, perdía año tras año capacidad real para adquirir vivienda, alimentos, energía y otros bienes y servicios esenciales… han visto cómo su poder adquisitivo se deterioraba año tras año. Ahorrar, en estas condiciones, se castiga; endeudarse se premia.
La inflación: el mecanismo que premia la deuda
La inflación convierte la prudencia en un vicio y la imprudencia en una virtud aparente. Supongamos que la inflación al consumo es del 15% anual, que las cuentas de ahorro pagan un 2% y que un plan de crédito ofrece un 25% de interés. Un ciudadano que ahorra para comprar una lavadora de 800 euros necesitará 12 meses de ahorro constante y aún así el precio habrá subido más de 100 euros. Quien recurre al crédito paga 1.000 euros en cuotas a lo largo del año, pero lo hace con dinero que se deprecia cada mes. En términos reales, es el prestamista quien resulta perjudicado, no el prestatario.
Este mismo principio se aplica a toda la economía doméstica: las cuentas de ahorro pierden frente a la inflación, las viviendas se encarecen más rápido que los depósitos y los planes de pensiones apenas resisten. La consecuencia es que la planificación financiera tradicional ya no funciona; el ahorro no protege, y el endeudamiento se convierte en la forma racional de adquirir bienes y servicios.
Endeudamiento público: récord histórico
La deuda pública española ha rebasado hace tiempo los dos billones de euros, y el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, apoyado por separatistas y etarras, sigue endeudándose sin límite. Tras tres años en el poder, no ha presentado presupuestos completos ante el Congreso, eludiendo la previsión de ingresos y gastos, gastando a placer y celebrando récords de recaudación mientras los españoles se empobrecen.
El endeudamiento estatal, unido a la inflación, genera un círculo perverso: los ciudadanos que ahorran pierden riqueza, y quienes consumen a crédito o se benefician de planes estatales o subvenciones incrementan su capacidad de gasto. El sistema penaliza la prudencia y premia la dependencia del crédito.
La degradación moral del sistema
La combinación de endeudamiento masivo, inflación estructural y gasto público descontrolado tiene efectos directos sobre la ética social:
- La prudencia se castiga, el ahorro no protege.
- La gratificación inmediata reemplaza la planificación.
- El crédito y la especulación se premian, mientras se socavan hábitos de previsión y responsabilidad intergeneracional.
El ciudadano aprende a vivir de quincena a quincena, de un límite de crédito a otro, mientras que el Estado multiplica el despilfarro y premia el consumo sin control. La ética financiera y la responsabilidad cívica quedan erosionadas.
Comparación histórica: rupturas y continuidades
- Transición (1975-1982): existía disciplina presupuestaria, límites al endeudamiento y cierto control sobre el gasto público.
- Años 90: crecimiento económico acompañado de contención de deuda y políticas fiscales equilibradas.
- Crisis financiera de 2008: aumento de deuda y rescates con supervisión europea y correcciones.
Hoy, España rompe con todos estos precedentes: deuda astronómica, inflación persistente, presupuestos inexistentes, despilfarro generalizado y sobrecostes sistemáticos. La prudencia ciudadana se castiga, mientras la improvisación se normaliza y se premia.
Contexto histórico del despilfarro (1996–2025)
Período 1996–2007:
Durante estos años, la política española combinó crecimiento económico rápido con planificación deficiente: sobre el 20 % del PIB invertido en gastos improductivos o con sobrecostes no justificados; más de 150.000 millones de euros en sobrecostes derivados de errores de planificación, corrupción y proyectos fallidos; obras emblemáticas con sobrecostes entre el 15 % y el 20 % respecto al presupuesto inicial: autopistas sin tráfico suficiente, aeropuertos sin vuelos, centros culturales vacíos, hospitales con equipamiento obsoleto.
Período 2008–2025:
El impacto de la crisis financiera de 2008, la pandemia y la expansión del gasto público incrementaron aún más la deuda y el despilfarro: sobrecostes acumulados en infraestructuras y proyectos de inversión de cientos de miles de millones de euros; deuda pública superior a 2 billones de euros en 2025, manteniendo un patrón de pago de intereses sin amortización de capital; continuidad de obras públicas innecesarias o fallidas, reforzando la narrativa del gasto como instrumento de clientelismo político.
La parálisis presupuestaria de 2023–2025
El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido todos los récords históricos de inacción presupuestaria: desde 2023, no se ha presentado ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado; días acumulados sin presupuestos: 1.229, cuatro años completos de prórrogas encadenadas. Comparación histórica: Felipe González en 1996 estuvo solo un año sin presupuestos y convocó elecciones; Mariano Rajoy prorrogó temporalmente en 2012, 2017 y 2018; Sánchez ha convertido la excepción en norma.
La falta de presentación de presupuestos ha generado consecuencias graves: neutralización del control parlamentario (art. 66 CE), desactualización de prioridades de gasto e ingresos, fraude de ley estructural al aplicar prórrogas sin rechazo previo del Congreso, erosión del Estado de Derecho, con un Gobierno capaz de ejercer poder sin rendir cuentas.
Implicaciones jurídicas: prevaricación por omisión
Manos Limpias denunció el 7 de octubre ante el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez y María Jesús Montero por presunta prevaricación administrativa por omisión (art. 404 CP): incumplimiento reiterado del artículo 134.3 CE, concatenación de prórrogas encadenadas, sustracción de competencias al Parlamento. De momento, no se tienen noticias de que la denuncia haya sido admitida a trámite o que se haya iniciado investigación alguna. La denuncia subraya que esta estrategia política no es pasiva, sino deliberada y dolosa, diseñada para evitar la humillación parlamentaria y consolidar un modelo de gobernanza sin fiscalización.
Análisis crítico del modelo de despilfarro
- Gasto público como instrumento político: inversiones faraónicas en aeropuertos, trenes, polideportivos; sobreutilización de infraestructuras autonómicas; fragmentación administrativa con 17 miniestados.
- La deuda como hipoteca generacional: patrón de sobreconsumo y endeudamiento imposible de amortizar; ciudadanos y Estado pagan intereses crecientes mientras la clase media se empobrece.
- Ética de la impunidad: el despilfarro y la parálisis presupuestaria institucionalizan la impunidad; se prioriza la supervivencia política sobre la ley; la excepción se convierte en norma.
España continúa acumulando despilfarro estructural: aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros, hospitales subutilizados, centros culturales sobredimensionados y programas públicos que mantienen redes clientelares. La deuda no solo es numérica: es social, ética y moral; hipoteca el presente y el futuro y convierte al ciudadano corriente en rehén del sistema. La combinación de despilfarro crónico y presupuestos prorrogados indefinidamente ilustra un modelo de gobernanza que no busca eficiencia ni servicio público: busca perpetuación del poder, mantenimiento de privilegios, impunidad y manipulación mediática. Casa nueva, coche nuevo y nueva compañera, compañero, «compañere» no es solo un lema de consumo personal; es la metáfora perfecta de un país que ha llevado al extremo la irresponsabilidad económica y política.
Conclusiones
La historia reciente de España evidencia un patrón estructural de despilfarro, parálisis institucional y prevaricación política. Desde 1996 hasta 2025, las decisiones de gasto han reflejado:
- Una lógica de consumo y ostentación similar a la de un ciudadano ficticio que compra casa y coche sin amortizar la deuda.
- La transformación de la excepción presupuestaria en regla de gobierno.
- La consolidación de un modelo político que ignora la Constitución, neutraliza el control parlamentario y perpetúa la deuda estructural.
- La penalización de la prudencia y el ahorro, y la recompensa de la deuda y el consumo desenfrenado, mostrando la degradación ética del sistema.
España se enfrenta a un desafío económico y moral: la necesidad de reestructurar la gestión pública, recuperar el control presupuestario y garantizar que la función pública se ejecute con eficiencia, transparencia y respeto a la ley. La deuda, la inflación, el despilfarro y la prevaricación han degradado la moral del sistema: la prudencia y el ahorro son castigados, la especulación y el endeudamiento son recompensados, y la responsabilidad ciudadana queda atrapada en un contexto de incentivos perversos. La única salida posible, dolorosa pero necesaria, es un reinicio institucional y financiero: restauración del Estado de Derecho, verdadera separación de poderes y fiscalización efectiva, porque mientras Sánchez y su casta sigan al mando, el país seguirá siendo una concatenación de deuda, despilfarro y prevaricación sin límites.
La prudencia se ha convertido en un acto irracional, la improvisación se premia y la gratificación inmediata domina la vida económica y social. Esta situación hipoteca el futuro de generaciones enteras, corroe la cohesión social y degrada la ética pública. La solución exige un cambio profundo: reforma del sistema monetario, fiscal y de gobernanza, retorno a la previsión y a la responsabilidad ciudadana y estatal, y reconstrucción de un marco de valores que premie la prudencia y castigue el despilfarro.
Hasta que ese cambio ocurra, la conducta prudente será un acto de heroísmo individual frente a un sistema que premia lo contrario, y la degradación moral y económica seguirá profundizándose.
