Contundente.
El PP en el Parlamento Europeo tomó buena cuenta de la advertencia de Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, sobre el hostigamiento del Gobierno Sánchez a la prensa libre y se adhiere a denunciar las maniobras con las que desde La Moncloa se pretende acallar a las voces críticas.
En una misva, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, puso en conocimiento del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y de la vicepresidenta de Democracia, Henna Virkkunen, sobre el «constante hostigamiento y ataques públicos del Ejecutivo sanchista contra periodistas en España, un Gobierno que está acorralado por los escándalos de corrupción y que quiere amordazar la libertad de prensa.
Sánchez ha convertido el ataque a periodistas en una guerra contra la libertad de prensa.
Su Plan de Acción por la Democracia es el manual del dictador: señalamiento, intimidación y amenazas para silenciar la crítica.
Hemos alertado a la Comisión.
Europa no debe tolerarlo. pic.twitter.com/ucebFf53D5— Dolors Montserrat (@DolorsMM) November 5, 2025
Montserrat exige celeridad a Bruselas a la hora de proteger la libertad de prensa:
No hay que esperar hasta el próximo informe sobre el Estado de Derecho y hay que hacer un seguimiento estrecho de la situación de la libertad de prensa en España y de los ataques a periodistas que informan sobre casos judiciales vinculados al Gobierno o sobre asuntos que no son de su interés.
La eurodiputada popular recuerda que:
Durante los últimos meses múltiples periodistas han sido señalados y descalificados públicamente por miembros del Gobierno, especialmente Óscar Puente.
La carta detalla que ha habido ataques contra periodistas como David Alandete, del diario ‘ABC’, Ketty Garat, de ‘The Objective’ o Elisa Beni. También se menciona a José Ismael Martínez (‘El Español’), atacado violentamente por un grupo de «radicales abertzales» mientras ejercía su labor informativa en la Universidad de Navarra.
Aclara Montserrat que:
Estos ataques generan un clima de intimidación que amenaza la independencia de los medios y pone en riesgo la seguridad y la integridad de los periodistas, repercutiendo negativamente en el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural.
Para la europarlamentaria del PP, el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para combatir la desinformación en realidad ha servido para centralizar la asignación de publicidad institucional bajo criterios discrecionales.
Y dice que la estrategia está clara:
Se trata de beneficiar a medios afines y perjudicar a los críticos. El Gobierno no divulga públicamente los montos adjudicados ni responde a solicitudes formales de información, pese a existir leyes de transparencia.
También critica la nueva ley que regulará el derecho al secreto de los profesionales de la información, apuntando que «podría amordazar al periodismo de investigación, impedir la publicación de informaciones de interés público y otorgar a jueces competencias ambiguas sobre la interpretación de seguridad nacional».
