Horrach: "No hay un solo elemento de prueba que la vincule con actividades delictivas propias o ajenas
La Fiscalía Anticorrupción solicitará que la infanta Cristina pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.
Dicha petición quedará recogida en el escrito de acusación del caso Nóos que está preparando la Fiscalía Anticorrupción para cuando finalice la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la Infanta como imputada este sábado 8 de febrero de 2013 podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen, han informado fuentes jurídicas.
La Infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.
La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50% de Aizoon con su marido Iñaki Urdangarin de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito, tal como determina el artículo 122 del Código Penal.
Sin pruebas de delito
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrió la puerta a reclamar dicha responsabilidad a doña Cristina en el escrito que dirigió al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el 14 de noviembre de 2013, en el que se oponía a la posibilidad de que fuera citada a declarar como imputada.
En ese escrito afirmaba que «no hay un solo elemento de prueba» que vincule a la infanta «con actividades delictivas propias o ajenas», pero puntualizaba: «Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)».
También el juez instructor, José Castro, adelantó la posibilidad de que, aunque quedara descartada la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de dinero, se podría considerar a la infanta «participante a título lucrativo» en los presuntos actos ilícitos de Urdangarin.
«Este precepto es totalmente aséptico de cualquier elemento intencional y solo requiere el dato objetivo de haberse lucrado de los efectos de un delito o falta»,
recordaba Castro en el auto de imputación de la infanta del pasado 7 de enero.
El instructor planteaba esta hipótesis para defender que, si cabe la posibilidad de pedir a doña Cristina que devolviera el dinero presuntamente ilícito del que se lucró, es preciso «brindar a tal persona la posibilidad de escuchar su versión».
La infanta está citada a declarar como imputada este sábado en los Juzgados de Palma a partir de las 10.00 horas. Con tal propósito, la Policía Local ya ha situado varias señales de prohibición de aparcar en las calles aledañas a los Juzgados, como medida preventiva de seguridad para esta declaración.
Mientras tanto, operarios de las dependencias judiciales acondicionaban ya la sala donde prestará declaración doña Cristina.
Más de 300 periodistas de 90 medios de comunicación se han acreditado para informar de la comparecencia de la infanta que se producirá cuando ya han transcurrido tres años y medio desde que comenzara la investigación de este caso.
