“El «plan Montero» de financiación autonómica disparará el agujero del Estado: «Los recursos no salen de la nada»”, de Antonio Javier; “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”, de Irene Tabera; “Sánchez se borra de la Pascua Militar y exhibe su desdén institucional”, de El Español; “Los usuarios celebran y las telecos tiemblan: ya está en vigor la ley que corta de raíz las llamadas comerciales”, de Janire Manzanas; y “Las otras piezas de un régimen corrupto que también caerán: Cabello, Vladimir Padrino… y Delcy, blanqueada por España”, de Alberto Martínez Ledrado
(Viñeta de Ramón en Las Provincias el pasado día 14)
EL «PLAN MONTERO» DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DISPARARÁ EL AGUJERO DEL ESTADO: «LOS RECURSOS NO SALEN DE LA NADA»
Artículo de Antonio Javier publicado en La Razón el pasado día 14
Las dudas sobre el «plan Montero» de financiación económica ya no se limitan a los gobiernos autonómicos, que han denunciado la ruptura del principio de solidaridad territorial, sino que se extienden al propio sistema y su modelo fiscal, ya que la reforma planteada por el Gobierno sin Presupuestos aprobados «reduciría las capacidades de financiación del Estado central al aumentarse las de las comunidades autónomas», lo que podría tener efectos negativos sobre el rating soberano español.
Así lo ha advertido la compañía de calificación S&P Global Ratings, que avisa de que el gasto de las 15 comunidades de régimen común, al manejar un presupuesto mayor, «condicionarían en mayor medida la salud financiera de España», además de que su «imprecisa configuración» dejaría más expuestas a las regiones en caso de desaceleración o recesión económica. «La reforma implica un aumento de transferencias del Estado a las autonomías, lo que supondrá nuevos ingresos que hacen esperar una reducción del endeudamiento, porque supone un aumento de los recursos y reduciría las diferencias de financiación» entre comunidades, algo «comprensible y razonable». Sin embargo, advierte de que se «expone más a las comunidades al ciclo económico» y, además, se añade «una complejidad alta en su aplicación, al tener las regiones capacidad de elegir qué tipo de ingresos quiere tener».
El informe de S&P cree que el impacto real va a depender del uso que hagan las comunidades con ese dinero adicional, además de que se debe explicar de dónde van a salir esos recursos, porque «no salen de la nada», es decir, que «se retraen del Estado, que pierde margen de actuación». Por ello, S&P ha advertido de que esta reducción de recursos estatales elevará el déficit estatal, lo que podría traducirse en un» impacto presupuestario negativo si no se toman otras medidas».
La calificadora también ve dificultades e «importantes obstáculos» debido a la fragmentación política y la aritmética parlamentaria, ya que la mayoría de comunidades se han opuesto ante una «percepción de injusticia» en el trato relativo derivado del diseño del nuevo sistema, al haberse antepuesto un acuerdo previo con una de las regiones, Cataluña, que desvirtúa el resto de la reforma. Igualmente, cobre un probable escenario en el que el aumento de las transferencias a las regiones se gaste, al menos en parte, «prevemos un impacto presupuestario negativo en el saldo de las Administraciones Públicas, salvo que se adopten medidas presupuestarias compensatorias».
La propuesta del gobierno implica 21.000 millones de euros adicionales a los que el modelo actual prevé proporcionar en 2027 un aumento de aproximadamente el 12%, en el que todas las comunidades autónomas recibirían más fondos -excepto Extremadura y Cantabria, que ya se benefician de los mayores niveles de financiación del sistema actual, señala S&P-, aunque «el impacto presupuestario relativo variaría según la región». Según recuerda el informe, los recursos adicionales provendrían de una mayor participación en las dos principales partidas de ingresos tributarios y de transferencias adicionales del gobierno central, por los las comunidades autónomas recibirían el 55% de la recaudación del IRPF y el 56,5% de la del IVA, frente al 50% actual para ambos.
Las transferencias adicionales del gobierno central incluirían fondos específicos para combatir el impacto del cambio climático, en particular para regiones mediterráneas como Valencia, Cataluña y Andalucía. Con el nuevo sistema, las regiones podrían optar por recibir parte de los ingresos del IVA de las pequeñas y medianas empresas de su territorio, en lugar de los ingresos del IVA basados en el consumo, o participar más directamente en la recaudación de impuestos.
BEGOÑA Y SU ASESORA DESAFÍAN A PEINADO: SE NIEGAN A ENTREGAR SUS PASAPORTES Y EL JUEZ PIDE AYUDA A LA POLICÍA
Artículo de Irene Tabera publicado en OKDIARIO el pasado día 13
El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que las investigadas Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez den el pasaporte que les pidió y que se niegan a entregar. Así lo solicita en una providencia dictada este lunes 12 de enero.
El pasado mes de noviembre, las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias, personadas en el caso Begoña Gómez, instaron al juez Peinado que prohibiese a la mujer de Pedro Sánchez salir del país, le retirase el pasaporte y acordase comparecencias quincenales después de que ella misma anunciase que no podía comparecer ante el juez por su asistencia a una cumbre en Brasil.
El magistrado consideró «innecesaria y desproporcionada» la medida. A su juicio, era «difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo». Peinado acordó así no retirarle el pasaporte.
La instrucción fue avanzando y aparecieron indicios de que Begoña Gómez y Cristina Álvarez podrían haber coincidido en viajes internacionales. De este modo, el instructor requirió a ambas investigadas que aportasen sus pasaportes «con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas».
Lo pidió mediante una providencia a principios del pasado mes de noviembre y aún no ha obtenido respuesta. Más de dos meses más tarde, ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez le han hecho llegar su pasaporte al juez que se lo pidió para cotejar datos imprescindibles para la investigación judicial.
Por ello, serán los agentes de la Policía los que tendrán que ponerse en contacto con ellas para hacer cumplir el requerimiento del juez. Si no lo hacen, podrían incurrir en un presunto delito de desobediencia tras no acatar la orden de un juez.
El juez Peinado investiga si la asesora de Begoña, pagada con dinero público por su puesto como director de Programas en Presidencia del Gobierno, se dedicaba a los negocios privados de la mujer de Sánchez. Numerosas fotografías revelan que Cristina Álvarez acompañaba a Gómez en sus trabajos para la cátedra universitaria. Asimismo, distintos testigos han corroborado que Álvarez era su persona de contacto y trabajaba para Begoña.
Los viajes de Begoña Gómez
Begoña Gómez ha tenido una intensa agenda internacional desde que su marido llegara a La Moncloa en 2018. Le ha acompañado a numerosos encuentros en el extranjero y viaja mucho, ya que la hija de ambos estudia en Inglaterra.
Begoña Gómez también ha participado en viajes de la Organización Mundial del Turismo (OMT) cuando dirigía la fundación Africa Center y Wakalua —una filial de Globalia— decidió patrocinar su proyecto con 40.000 euros. Gómez voló a San Petersburgo y allí coincidió con numerosos empresarios del sector turístico.
El juez Peinado también sospecha que su asesora Cristina Álvarez le acompañó a viajes al extranjero. En concreto, el magistrado quiere contrastar que Álvarez fue con ella a Londres, ciudad a la que acudió Begoña Gómez en 2020 cuando dirigía el África Center. También solicitó las agendas de ambas.
La amistad de Begoña y su asesora
La amistad de Begoña Gómez con su asesora Cristina Álvarez se remonta más de 10 años atrás. Ambas trabajaban en Inmark, una empresa de empleo temporal dedicada a la consultoría de marketing.
Gómez dirigía un departamento hasta que decidió lanzarse al mundo universitario y liderar cátedras sin tener titulación oficial. Cristina la acompañó en esta nueva aventura laboral.
Ambas tienen una relación tan estrecha que Cristina Álvarez siguió la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados desde la tribuna junto a la familia del presidente. Álvarez era una más. Ahora las dos están imputadas por malversación de caudales públicos.
La instrucción judicial encara su recta final pendiente de las decenas de recursos de apelación pendientes de resolver en la Audiencia Provincial de Madrid. Serán los magistrados del mencionado tribunal los que marquen cómo debe continuar la instrucción el juez Peinado, que ya han avalado en numerosas ocasiones.
SÁNCHEZ SE BORRA DE LA PASCUA MILITAR Y EXHIBE SU DESDÉN INSTITUCIONAL
Editorial de El Español publicado en su web el pasado día 6
La ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar de este martes, 6 de diciembre, es un síntoma tan evidente de la degradación de la institucionalidad en España como absurda es la justificación que esgrime el presidente para su espantada. Que el presidente del Gobierno se ausente por primera vez en democracia de un acto que lleva 244 años celebrándose, o que sea el único jefe del Ejecutivo que ha faltado en democracia a esta ceremonia de reafirmación institucional ante la Corona y las Fuerzas Armadas, no debería poder justificarse con una cita internacional de conveniencia.
Y menos cuando esa cita, examinada con frialdad, revela precisamente lo contrario de lo que el Gobierno pretende. No es que Sánchez tenga tanta importancia internacional que no puede faltar a París, sino que tiene tan poca que su ausencia en Madrid sólo puede ser interpretada como un desplante al rey, a las Fuerzas Armadas y a los españoles.
El presidente ha ido a París para asistir a la cumbre de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania. Un viaje legítimo, ciertamente, en su dimensión formal. Pero la realidad es que Sánchez viaja a una reunión en la que no tiene el menor papel.
Porque no participa en las conversaciones decisivas sobre una eventual paz ucraniana. Porque no está en el círculo de líderes con los que Washington negocia. Porque no forma parte de ese grupo de países europeos (Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, Finlandia) que definen en estos momentos el futuro geopolítico del continente. Porque su presencia en París es secundaria, su voz no pesa y su influencia es nula.
Mientras Sánchez pone rumbo a la capital francesa, donde ocupará un asiento de segunda fila, otros líderes de países de menor tamaño económico moldean el nuevo orden continental. Pero hay algo más que invalida completamente la justificación de Sánchez. Su política exterior ha dejado de ser compatible con la de sus aliados naturales.
Esta misma semana, Sánchez se posicionó junto a gobiernos latinoamericanos de la izquierda populista más cercana a la dictadura chavista para rechazar la intervención estadounidense en Venezuela, delineando una postura que le enfrenta implícitamente con la dirección marcada por Occidente.
Mientras la UE busca una transición democrática negociada en Venezuela, Sánchez se alinea con Brasil, Chile, Uruguay y México en una posición que protege los flancos del régimen de Maduro. Y en ese contexto llega la Pascua Militar, ese acto que durante más de dos siglos ha reunido al jefe del Estado, el Gobierno y las Fuerzas Armadas en un ritual de armonía civil e institucional.
Un acto que tiene un significado que trasciende lo ceremonial: representa el compromiso del poder civil democrático con sus Fuerzas Armadas. El rey como comandante supremo, el presidente como máxima autoridad civil.
Pero Sánchez se ausenta porque no quiere estar en una sala con el rey. Porque su falta de sintonía con la institución monárquica es evidente. Y eso ha transformado la Pascua Militar en un acto incómodo para él. Margarita Robles llevará las flores. El rey presidirá el acto. Y las Fuerzas Armadas sabrán que su jefe de Gobierno estaba en otra parte.
La justificación de la cumbre sobre Ucrania es, evidentemente, una cortina de humo. Si realmente fuera tan importante su presencia allí, si realmente España jugara un papel decisivo en las negociaciones sobre la paz, entonces quizá se entendería la renuncia a la Pascua Militar.
Pero no es así. La realidad es que un presidente débil, sin autoridad en el escenario internacional, sin coherencia en su política exterior, ha usado una cita secundaria en París como excusa para no comparecer ante una institución, la Corona, con la que tiene una relación de desconfianza mutua.
La ausencia en la Pascua Militar no es un mero incidente institucional. Es un síntoma de una crisis mayor: la de un presidente que ha perdido el eje, que no sabe distinguir entre lo urgente y lo importante, que abandona las instituciones españolas por participar en cónclaves donde nadie lo espera.
LOS USUARIOS CELEBRAN Y LAS TELECOS TIEMBLAN: YA ESTÁ EN VIGOR LA LEY QUE CORTA DE RAÍZ LAS LLAMADAS COMERCIALES
Artículo de Janire Manzanas publicado en OKDIARIO el pasado día 5
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley de Servicios de Atención a la Clientela ya está en vigor, marcando un antes y un después en la relación entre consumidores y grandes empresas respecto a las llamadas comerciales no deseadas. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pretende poner fin al spam telefónico, los gastos ocultos en compras online o las renovaciones automáticas de contratos sin consentimiento expreso.
«Las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico (un prefijo telefónico), y a identificar con otro código distinto las llamadas de atención al cliente. De este modo, los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos evitando el bombardeo de llamadas comerciales no consentidas, coloquialmente conocidas como «llamadas spam». Además, se declararán nulos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, una medida que busca evitar que las personas consumidoras se sientan presionadas en este tipo de llamadas comerciales, así como desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas dado que los contratos conseguidos en este tipo de comunicaciones quedarán anulados», detalla el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Adiós a las llamadas comerciales no identificadas
A partir de ahora, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas publicitarias con un código numérico específico, distinto del utilizado para los servicios de atención al cliente. Las operadoras de telecomunicaciones, por su parte, deberán bloquear de forma automática cualquier llamada que no cumpla con este requisito.
Para ello, la norma obliga a las compañías telefónicas a desarrollar sistemas técnicos que permitan detectar este tipo de comunicaciones, los cuales deberán contar con la autorización expresa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Además, la ley establece los contratos que se cierren mediante llamadas comerciales no consentidas serán declarados nulos.
Atención al cliente más rápida y humana
Por otro lado, a partir de ahora, el 95% de las llamadas deberán ser atendidas en menos de tres minutos, y siempre de forma gratuita. Se prohíbe, además, el uso exclusivo de contestadores automáticos o sistemas de inteligencia artificial: los clientes tendrán derecho a solicitar en cualquier momento ser atendidos por una persona.
Las empresas tampoco podrán utilizar números de tarificación adicional para gestionar consultas, reclamaciones o quejas. Éstas deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días, que se reduce a solo cinco días en el caso de reclamaciones relacionadas con cobros indebidos.
Durante su discurso en la tribuna del Congreso, Pablo Bustinduy ha defendido que «las personas consumidoras merecen tener servicios de atención justa y personalizada establecidas por ley», y ha destacado que «no se trata únicamente de una norma técnica, sino de un paso hacia un modelo de consumo más justo, responsable y humano».
Otro de los puntos clave de la ley es la prohibición de los gastos de gestión ocultos. Las empresas estarán obligadas a mostrar el precio final desde el inicio de la compra, incluyendo cualquier coste adicional. De esta manera, el consumidor podrá saber con claridad cuánto va a pagar y por qué, sin sorpresas de última hora.
La norma también introduce por primera vez un avance significativo en la regulación del comercio digital: los consumidores podrán conocer qué parámetros han utilizado los algoritmos para mostrarles precios y publicidad en plataformas digitales.
Atención en lenguas cooficiales y accesibilidad
«La norma también fortalece los derechos lingüísticos regulando que las grandes empresas, es decir, aquellas con más de 250 empleados que facturen más de 50 millones de euros, y que operen en territorios que dispongan de lenguas cooficiales, tengan que garantizar que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias pueda realizarse y responderse tanto en castellano como en cualquiera de las lenguas cooficiales de dicha comunidad autónoma».
Asimismo, se establece la obligación de garantizar la accesibilidad de los servicios de atención a personas vulnerables, como mayores o personas con discapacidad.
Renovaciones automáticas
Las renovaciones de contratos y suscripciones automáticas sin consentimiento expreso también quedan reguladas. Las empresas deberán avisar con al menos 15 días de antelación de cualquier renovación y facilitar de forma clara y sencilla la posibilidad de darse de baja.
Durante su intervención en el Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 defendió la ley como un avance histórico que «da más poder a los consumidores y consumidoras para hacer valer sus derechos frente a las empresas».
En definitiva, la ley obliga a identificar las llamadas comerciales mediante un código numérico y permitir a los operadores bloquear aquellas que no cumplan con este requisito. Asimismo, garantiza una atención al cliente más humana y eficaz, al exigir la posibilidad de hablar con un operador y fijar que el 95% de las llamadas se atiendan en menos de tres minutos. A ello se suma la obligación de resolver las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días y el refuerzo de los derechos lingüísticos.
LAS OTRAS PIEZAS DE UN RÉGIMEN CORRUPTO QUE TAMBIÉN CAERÁN: CABELLO, VLADIMIR PADRINO… Y DELCY, BLANQUEADA POR ESPAÑA
Artículo de Alberto Martínez Ledrado publicado en Vozpópuli el pasado día 4
La escena que Nicolás Maduro había jurado evitar a cualquier precio -un golpe directo al corazón del poder chavista- se produjo este sábado: la mañana del 3 de enero de 2026, fecha ya inscrita en los anales de la historia latinoamericana. Tras semanas de escalada de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó que su Gobierno había ejecutado una operación militar de gran escala en Venezuela, culminando con la captura del líder Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El líder chavista fue trasladado fuera del país, mientras que Washington se prepara para «dirigir» la nación hasta que se produzca una «transición segura y adecuada», tal y como explicó el propio Trump este sábado desde Mar-a-Lago.
La ofensiva, bautizada por la Casa Blanca como ‘Operación Resolución Absoluta’, incluyó ataques a diversas instalaciones militares venezolanas en la madrugada, escuchándose al menos siete explosiones en Caracas y sus alrededores. Las aeronaves estadounidenses sobrevolaron zonas estratégicas como La Carlota, Higuerote y Fuerte Tiuna, donde se concentraba buena parte del poder castense del régimen.
Y entre tanto, la magnitud del anuncio ha abierto una grieta inmediata: la arquitectura del régimen; que denunció a su vez una «agresión militar» y declaró la emergencia nacional. Este giro abrupto plantea desde hoy una pregunta inevitable: si Maduro ha caído, ¿qué sucederá con las otras piezas del entramado que ha mantenido a este gobierno en pie durante más de dos décadas?
El núcleo del poder chavista en Venezuela, al borde del colapso
El llamado «círculo duro» del chavismo ha sido clave para sostener el proyecto político que surgió con Hugo Chávez y se consolidó con su sucesor. En cualquier escenario de transición, Diosdado Cabello aparece como una pieza central gracias a su control político sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Otrora número dos del chavismo y considerado por muchos analistas como el ‘hombre fuerte’ tras Maduro, Cabello es el ariete propagandístico, aunque su influencia en las Fuerzas Armadas se ha erosionado con el tiempo.
Además, ha sido sancionado durante años por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y malversación de fondos. Es más, Washington llegó a ofrecer 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, cifra que fue duplicada hasta los 25 millones durante las últimas semanas como parte de las acciones contra el llamado ‘Cartel de los Soles’.
La segunda pata es la cúpula castrense. En Venezuela, el poder real se ha sostenido sobre la premisa de que sin Fuerzas Armadas no hay Miraflores. El nombre clave es el del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el hombre que ha convertirdo el ejército en la columna vertebral del sistema y que lleva más de una década en el cargo -desde 2014-, una anomalía en la historia institucional venezolana.
Con la captura de Maduro anunciada por Trump, la incógnita inmediata es si los mandos optan por cerrar filas, fragmentarse o buscar una salida «patriótica» que en realidad sea un salvoconducto. El precendente histórico en América Latina es claro: cuando el centro se rompe, las periferias del poder intentan repartirse el Estado (y blindarse) antes de que llegue la justicia y ponga tierra de por medio.
Los Rodríguez: el poder civil que aprendió a sobrevivir
El tercer eje es el de los operadores políticos: Jorge y Delcy Rodríguez, expertos en controlar instituciones, procesos electorales y negociaciones. El chavismo tardío también ha dependido de ellos para vender «normalidad» y para sostener, con propaganda y procedimientos, la apariencia de legalidad. Delcy, además, encarna la dimensión exterior del régimen: la diplomacia del chantaje energético y la supervivencia por grietas europeas.
Su historial de sanciones y restricciones de viaje en la Unión Europea se convirtió en esperpento con el llamado ‘Delcygate’, cuando su paso por Barajas dejó una estela de contradicciones políticas e investigaciones judiciales que acabaron archivadas en España.
Ese mismo archivo -en el que destaca su viaje oculto en 2020 a España y un encuentro con el entonces ministro José Luis Ábalos pese a tener prohibida la entrada en territorio Schengen- ha resultado ser políticamente devastador: en la práctica, permitió que el régimen presentara el episodio como una «campaña» y lo usara para blanquear a una de sus figuras más señaladas.
La actual vicepresidenta ejecutiva y ministra del Petróleo ha sido, de la misma manera que los mencionados anteriormente, objeto de sanciones tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea debido a violaciones de derechos humanos y el deterioro de la democracia en Venezuela. A falta de confirmación oficial, tras los acontecimientos del sábado, Delcy Rodríguez se encontraría aún en territorio venezolano, en medio de la confusión sobre quién asumiría la jefatura del ejecutivo tras la captura de Maduro.
El círculo se completa con Cilia Flores, pieza interna del madurismo y símbolo de un poder que se administra también como clan. Su captura durante el sábado la aparta momentánemante del «círculo de hierro» que sostenía al gobierno chavista.
Reacciones globales y el futuro de Venezuela: ¿y ahora qué?
Por su parte, Donald Trump defendió que la intervención no solo apunta a «expulsar al dictador del poder», sino a combatir el narcoterrorismo y garantizar que las vastas reservas petroleras de Venezuela no sigan bajo el control de estructuras corruptas.
Sin embargo, organismos internacionales y gobiernos extranjeros han condenado la incursión militar. La ONU alertó sobre el peligroso precedente que supone la violación del derecho internacional, mientras que países como México tacharon la acción unilateral como contraria a la Carta de la ONU. Incluso dentro de España, voces políticas han llamado a la desescalada y al respeto de la soberanía venezolana.
Pero el líder americano no ha dado de momento paso a negocaciones algunas. Trump ha sostenido que Estados Unidos administrará ahora a Venezuela hasta una transición «segura». «No queremos que nadie más entre y volvamos a tener una situación como hasta ahora. Vamos a gestionar el país hasta ese momento. Queremos hacer una transición segura y adecuada. Vamos a dirigir Venezuela», reiteró este sábado salvaguardado a ambos lados por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros.
