Se está ante un centralismo impropio en los tiempos actuales. Se está ante una manifiesta desconfianza romana respecto de las competencias propias (responsabilidad) del obispo diocesano de cuya capacidad parece dudarse
(Gregorio Delgado del Río).- Es evidente, desde la perspectiva que hemos expuesto en relación al protagonismo episcopal y los vericuetos en que se ve obligado a introducirse (RD), que debe propiciarse una reforma a fondo de la investigación previa (cc. 1717-1719).
Continuar como hasta ahora, nos parece contraproducente. Es más, se corre el riesgo cierto de añadir más daño al ya causado por hechos absolutamente rechazables. Lo extraño radica en la pasividad romana a la hora de proponer iniciativas sobre el particular. Lo extraño radica en el mirar para otro lado de la Conferencia episcopal en vez de proponer soluciones imaginativas a los problemas que surgen en la práctica diaria (adaptación de los Protocolos). Problemas que, por cierto, sólo alimentan, en muchos casos, el descrédito de la propia Iglesia.
Como he manifestado en otro momento (Delgado, G., La investigación previa, Ed. Civitas/Thomson Reuters, Pamplona 2014, pág. 211), «todo se simplificaría notablemente si se inserta en el ámbito del proceso penal y la investigación previa actual se convierte en una fase de diligencias penales previas, en la que, bajo la dirección del Tribunal penal correspondiente, el Promotor de justicia asume la carga de la investigación con vistas a la posible acusación formal. Una vez que las partes personadas estiman que la investigación ya está finalizada y no tienen ya nada que proponer, se da paso a las alegaciones respectivas y, con todo ello, el Tribunal decide si abre juicio oral o archiva las diligencias». ¿Por qué no se ha realizado ya una reforma a fondo del Derecho penal canónico sustantivo y procesal? ¿Qué pasa en Roma que no se avanza en la reforma del mismo?
Lo que ya deberían haber detectado nuestros obispos es que no tiene sentido alguno la remisión a la CDF y esperar a que ésta indique cómo proceder en lo sucesivo. Se está ante un centralismo impropio en los tiempos actuales. Se está ante una manifiesta desconfianza romana respecto de las competencias propias (responsabilidad) del obispo diocesano de cuya capacidad parece dudarse. Se está imponiendo un trámite inútil e ineficaz que sólo sirve para alargar en el tiempo el estado de zozobra y ansiedad del sacerdote denunciado. Por otra parte, es evidente, como ha recordado Francisco a su vuelta de Fátima, que «… hay dos mil casos amontonados esperando». ¡Así se realiza la justicia! ¡Vaya vergüenza! Urge, pues, racionalizar la actividad y la respuesta. ¡Así no se debe seguir! ¡Hay que hacer algo!
Supuesta la inserción de la investigación previa (cc. 1717-1719) en el ámbito del proceso penal, ¿cómo se podría preservar la figura (autoridad) del obispo diocesano que se encuentra con hechos de esta naturaleza en su iglesia diocesana? ¿Es absolutamente necesario que tales actuaciones (investigación previa/inserción en el proceso penal) se instruyan en el ámbito diocesano? ¿No es posible pensar otro instrumento organizativo que residencie tales competencias en un ámbito más amplio del diocesano? ¿No es posible, mediante los oportunos Protocolos, que la Conferencia episcopal correspondiente establezca ‘normas específicas’ al respecto? ¿No es posible que la Conferencia episcopal sugiera y solicite cambios en la legislación universal sobre el particular? ¿No es posible que la Conferencia episcopal establezca ‘normas vinculantes’, que obtengan la ‘recognitio’ necesaria? ¿No es posible garantizar plenamente la tutela de los derechos de todos los implicados y que no se facilite la extensión de dudas razonables acerca de la independencia, competencia e imparcialidad de quienes instruyan y juzguen estos asuntos? Todo es, a mi entender, posible a partir de la existencia de una verdadera y real voluntad de cambio y de respuesta acorde con las exigencias de los tiempos actuales. ¿Por qué ni tan siquiera se ha iniciado ya el camino en esta dirección?
Desde mi punto de vista, creo, sinceramente, que se ganaría en credibilidad, que brillaría la imparcialidad e independencia de los instructores y juzgadores de tales conductas, que se realizaría infinitamente mejor la justicia, si la gestión, instrucción y enjuiciamiento de estos asuntos se realizase fuera del ámbito diocesano. Se trata de evitar que, ante la aparición de este tipo de conductas, sea el obispo quien, de modo efectivo, haya de implicarse directa e inmediatamente en la instrucción y enjuiciamiento. Ya se sabe lo que suele ocurrir y los quebraderos de cabeza que ocasiona. ¿Es algo absolutamente inevitable? No.
En mi modesta opinión, se podía, por ejemplo, crear un Tribunal de primera y segunda instancia en el ámbito del Tribunal de la Rota romana en Madrid (ya muy liberado de las causas matrimoniales). Incluso se podría pensar, por ejemplo, en crear estos mismos Tribunales, a nivel de Provincia eclesiástica (también muy liberados de causas matrimoniales). Éstos serían los únicos competentes para instruir y juzgar este tipo de conductas. De este modo, incluso, se descargaría a la CDF, que ya no tendría que actuar como Tribunal de apelación (los dos mil casos de que ha hablando el papa Francisco). Cuando se presentase una denuncia ante el obispo en cualquier iglesia diocesana sobre un presunto caso de abuso sexual contra un menor, el obispo lo remitiría sin más al Promotor de justicia del Tribunal en cuestión. Todas las actuaciones a partir de este momento serían ajenas a la intervención del obispo y, en consecuencia, no vería para nada comprometida su autoridad y su condición de ‘padre y hermano’.
Si se tuviese la valentía y el coraje necesarios para dar este paso u otro similar, me parecería oportuno que el Tribunal competente no estuviese integrado exclusivamente por sacerdotes. Creo que, en este aspecto, la colaboración del laicado debería facilitarse con generosidad. Se pueden encontrar laicos, que han dedicado su vida profesional al servicio de la justicia en el ámbito de la jurisdicción del Estado, que participan de profundas convicciones cristianas y morales, que además conocen a fondo las exigencias de la cultura actual en materia de tutela de derechos sustantivos y procesales. ¿Por qué no se piensa en su colaboración y se buscan las personas concretas al respecto? ¡Cuántos problemas y contestaciones se evitarían con esta fórmula u otra parecida! Es cuestión de renunciar de una vez a la peste del clericalismo.
Creo que el quicio y/o el punto de mira de la reforma que se sugiere ha de ponerse en conseguir que tan graves hechos (y tan susceptibles de poner en entredicho tantas cosas en la comunidad cristiana y en sus órganos jerárquicos de gobierno y de gestión pastoral) sean investigados y, en su caso, juzgados fuera del ámbito diocesano. Es más, ello contribuiría a poder garantizar en serio la imparcialidad e independencia de quienes investiguen y juzguen. ¿No les parece suficiente? Garantizaría además el no perturbar, de modo innecesario, la autoridad y prestigio episcopal. Claro está que una reforma de este calado exige impulso y coraje en todos. Sobre todo, en la CDF y en las Conferencias episcopales. ¡Atrévanse, señores obispos!
Creo que ha llegado el momento, señores obispos, de dejar de repetir los manidos mantras. Su pronunciamiento sólo sirve para que la gente los utilice como contraste entre lo que dicen y lo que hacen. ¡En nada favorecen su posición ante la opinión pública! ¡Sobra tanta palabrería inútil! Han de dar (¡ya es hora!) un paso al frente y confeccionar unos Protocolos de actuación en los que, efectivamente, se fije con claridad el camino seguir a la vista de la experiencia de lo ocurrido hasta ahora. Si permanecen en lo de siempre (sostenerla y no enmendarla), si optan, como parece, por esconder la cabeza debajo del ala, si se empeñan en creer que la Iglesia en España es diferente porque este problema no le afecta, si persisten en seguir casados con el error (ocultar incluso que habían redactados unos Protocolos para consumo interno), serán cómplices activos del desprestigio y de la pérdida de la escasa credibilidad que les resta. ¡Ustedes mismos, señores obispos!
