La política en España está repleta de discursos grandilocuentes sobre justicia social y redistribución de la riqueza, pero pocas imágenes son tan reveladoras como una tabla de sueldos.
En el Ministerio de Igualdad, las cifras que han surgido en los últimos meses pintan un escenario incómodo: indemnizaciones generosas, salarios que superan los 100.000 euros anuales y un gasto cercano al millón de euros al año solo en la cúpula del Departamento.
Mientras el Ministerio de Trabajo propone un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.221 euros brutos mensuales a partir de 2026, algunas figuras clave del Ministerio de Igualdad han estado percibiendo entre cinco y casi once mil euros al mes, con parte de esos ingresos asegurados incluso tras abandonar sus cargos.
La brecha entre retórica y realidad resulta evidente cuando cruzamos nombres con cifras y fechas concretas. Y dentro esa brecha no solo está presente un debate acerca igualdad o feminismo; sino también algo más elemental: recuperar la confianza ciudadana respecto al uso riguroso del dinero público frente a blindajes silenciosos.
En un país donde cada euro destinado al salario mínimo genera debates intensos; los salarios e indemnizaciones percibidos por algunos miembros destacados dentro política se han convertido en un incómodo espejo que muchos preferirían evitar mirar pero cuya reflexión resulta cada vez más difícil ignorar.
La indemnización tras el cese: el colchón del 80 %
Después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y la disminución del peso político de Podemos frente a Sumar, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, fue cesada y sustituida por la socialista Ana Redondo. Al igual que otros altos cargos, se acogió a un mecanismo poco conocido fuera del ámbito administrativo: la indemnización tras el cese.
Este sistema opera así, según datos obtenidos del Portal de Transparencia y recogidos por medios nacionales:
- Los altos cargos pueden recibir, durante un máximo de dos años, una retribución equivalente al 80 % de su sueldo una vez cesados.
- Esta indemnización se abona siempre que no tengan otra actividad remunerada incompatible.
En el caso de Irene Montero, el esquema fue claro:
- Tras dejar su puesto como ministra, comenzó a recibir 5.346 euros mensuales como indemnización, es decir, ese 80 % de su salario.
- Este cobro podría haberse extendido hasta dos años, pero se interrumpió cuando logró obtener un escaño como eurodiputada y comenzó a percibir el sueldo correspondiente en el Parlamento Europeo.
El contraste entre ambas etapas es notable. Durante su tiempo como ministra, Montero alcanzó retribuciones anuales cercanas a los 79.000 euros brutos, según datos recogidos del Portal de Transparencia. Ya en Bruselas, su salario ha aumentado hasta alrededor de 131.129 euros brutos al año, lo que se traduce en unos 10.927 euros brutos al mes, según cifras actualizadas para 2025 proporcionadas por el Parlamento Europeo.
La situación se vuelve más llamativa si la comparamos con el SMI que ahora propone el Gobierno:
- Propuesta para SMI 2026: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.
- Incremento desde 2018: aumento acumulado cercano al 61 %.
Mientras una parte del Ejecutivo defiende este incremento como una medida contra la desigualdad, otra cara del mismo Estado mantiene colchones millonarios para exministros y secretarios de Estado.
El caso ‘Pam’: 7.515 euros al mes durante dos años
Si bien la trayectoria de Montero se vio interrumpida por su ascenso a Bruselas, la exsecretaria de Estado para Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez ‘Pam’, ejemplifica el uso extremo del sistema indemnizatorio.
Según los datos del Portal de Transparencia citados por diversos medios:
- ‘Pam’, cesada en noviembre de 2023, ha estado recibiendo mensualmente 7.515,55 euros como indemnización, correspondiente al 80 % de su salario como secretaria de Estado.
- Ha mantenido este cobro hasta completar prácticamente los 24 meses que permite la normativa.
- El coste total para las arcas públicas supera los 180.000 euros en ese periodo.
Un detalle relevante:
- Estos pagos se han realizado “de manera ininterrumpida”, sin renuncia voluntaria alguna, hasta agotar el periodo máximo permitido, según cifras recopiladas por la prensa nacional a partir de documentación oficial.
Todo esto sucede mientras ‘Pam’ figura como asesora política en el Ayuntamiento de Parla y continuaba vinculada hasta abril de 2025 a la Secretaría de Feminismos y LGTBI dentro de Podemos, según su propio perfil profesional mencionado por los medios. La cuestión central es si esta actividad es compatible con seguir recibiendo la indemnización: la Ley de Altos Cargos permite cobrarla si no se ejerce una actividad retribuida incompatible; sin embargo, esta línea divisoria técnica y legal rara vez aparece en las conversaciones públicas.
La controversia sobre esta indemnización se entrelaza además con otro asunto: el contrato para las pulseras telemáticas dirigidas a maltratadores, que ‘Pam’ firmó como responsable del área.
Algunos elementos destacados sobre dicho contrato son:
- Adjudicación a una unión temporal formada por Vodafone y Securitas, valorada en unos 35 millones de euros.
- El plan inicial para la transición fue calificado con un escaso 3,6 sobre 10, justo en uno de los puntos donde luego se identificaron fallos –la migración entre proveedores–.
- La Fiscalía General del Estado ha señalado que estos problemas han generado “sobreseimientos provisionales” y “absoluciones” en casos con órdenes de alejamiento debido a fallos en el funcionamiento de los nuevos dispositivos.
Mientras la ministra Ana Redondo asegura que “las pulseras funcionan” y destaca que “ni una sola mujer con el dispositivo Cometa ha sido asesinada”, la factura política y económica derivada del contrato sigue incrementándose:
- posible nueva licitación,
- indemnizaciones a víctimas afectadas,
- además del clima creciente de desconfianza alrededor de una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista.
Un millón de euros al año para 12 altos cargos
Lo acontecido con Montero y ‘Pam’ es solo una pequeña parte visible dentro de una estructura retributiva mucho más amplia. De acuerdo con datos extraídos del Portal de Transparencia recopilados por medios españoles, el Ministerio de Igualdad destina casi un millón de euros anuales para pagar los sueldos a su cúpula compuesta por apenas doce personas.
Algunos ejemplos representativos sobre salarios anuales previstos para 2024 dentro del Departamento:
| Cargo en Igualdad | Sueldo anual aproximado |
|---|---|
| Ministra Ana Redondo | 89.275,52 € |
| Secretaria de Estado de Igualdad | 130.473,83 € |
| Director/a Gral. Igualdad De Trato Y Diversidad Étnica | 105.063,04 € |
| Director Gral. Igualdad Real Y Efectiva LGTBI+ | 105.063,04 € |
| Secretario General Técnico | 104.188,89 € |
| Directora Gral. Delegación Del Gobierno En Igualdad | 108.688,53 € |
| Subsecretario De Igualdad | 124.493,73 € |
| Directora De Gabinete De La Ministra | 80.423,72 € |
| Directora Del Instituto De Las Mujeres | 65.036,83 € |
En total, los gastos generados por estos doce altos cargos rondan los 934.698,8 euros anuales. El Ministerio gestiona un presupuesto cercano a los 500 millones anuales; sin embargo, rara vez se discute políticamente cuánto dinero se destina a nóminas dentro del alto nivel administrativo frente a lo que realmente llega a programas o servicios concretos.
Ante estas cifras impactantes, las propuestas sobre el SMI añaden otra capa más al contraste:
- Aumento del SMI en 2026 hasta alcanzar los 1.221 euros brutos mensuales, lo que representa un incremento del 3,1 % respecto a 2025.
- El Gobierno desea mantener exentos del pago del IRPF aquellos ingresos correspondientes al SMI e implementar deducciones específicas para quienes reciben esta cantidad.
- Desde 2018, este salario mínimo ha incrementado aproximadamente un 61 %; actualmente supera el 60 % del salario medio neto fijado como objetivo tanto por la UE como por el propio Ejecutivo español.
Mientras sindicatos y patronales debaten si este SMI está “sobredimensionado” o si debería aumentar aún más; los salarios dentro del alto nivel administrativo se revisan bajo otras premisas: no son objeto discusión en mesas sociales sino que se aplican silenciosamente mediante decretos.
Indignación, legalidad y la factura política
Todo lo expuesto es legal; respeta lo estipulado en normativa sobre altos cargos así como tablas salariales aprobadas mediante ley y presupuestos votados en el Congreso. Sin embargo, legalidad no siempre equivale a legitimidad social.
En términos prácticos para la ciudadanía surgen tres planos superpuestos:
- Políticos que abogan por incrementar el SMI junto con medidas sociales.
- Altos cargos que perciben más allá de 100.000 euros anuales e incluso mantienen durante dos años ese 80 % tras dejar sus puestos.
- Trabajadores cuyas esperanzas les llevan apenas hasta esos 1.221 euros brutos mensuales propuestos para 2026.
