Se le va acorrer el tinte.
No todos los días se asiste a una escena en la que una vicepresidenta del Gobierno abandona la rutina y, sin despeinarse tras salir de la peluquería, decide liderar una protesta callejera.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar, optó por ese golpe de efecto en Vigo, donde arremetió con dureza contra el Partido Popular por su gestión de los incendios forestales en Galicia, Castilla y León y Extremadura.
Las acusaciones lanzadas en plena ola de calor no pasaron desapercibidas: “Es una barbaridad dejar la extinción de incendios en manos privadas”, sentenció ante un grupo entregado al lema “La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas”.
La teatralidad del acto rozó lo esperpéntico cuando Díaz, megáfono en mano, acusó al PP de hacer negocio a costa del fuego.
Sin embargo, los datos oficiales desmontan el relato: en Galicia, el grueso del dispositivo antiincendios es público.
De los 3.000 efectivos, 2.000 son funcionarios con empleo fijo y otros 1.000 son fijos discontinuos contratados por la Xunta para cubrir ocho meses al año.
La única parcela privatizada afecta a ciertas brigadas helitransportadas —apenas 112 personas—, una gota en el océano del operativo autonómico.
En Castilla y León, la proporción tampoco encaja con el discurso incendiario: solo el 40% del personal depende de empresas privadas.
El resto está repartido entre la empresa pública Tragsa (40%) y la propia Junta (20%).
Y en Extremadura, comunidad también bajo gobierno popular y asolada por las llamas este verano, el modelo sigue siendo predominantemente público: todos los bomberos forestales son empleados públicos, incluyendo 148 fijos discontinuos durante seis meses y personal adscrito a la empresa pública GPEX.
Después de pasarse un verano de mariscadas a nuestra costa La Yoli interrumpe sus vacaciones para dar recetas mágicas contra el fuego. Ojalá estuviera en el Gobierno para arreglar todo.
Quiere más árboles, es normal en una tucana, hay que recordar que también hay una pajarraca. pic.twitter.com/QOpenf6Kuq— Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) August 22, 2025
Galicia, cartas y polémicas cruzadas
El choque político no termina ahí. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha contraatacado desmontando otra parte del relato gubernamental sobre la supuesta pasividad autonómica ante la emergencia. Rueda sostiene que Galicia fue pionera solicitando refuerzos a Protección Civil estatal antes incluso de que se agravara la situación. “No puedo admitir que se diga que todo lo que pedimos se nos dio, porque no es verdad”, afirmó tajante en radio nacional. Asegura que las ayudas llegaron tarde y de forma incompleta. La ironía no faltó: “No pedimos una carta a los Reyes Magos, sino refuerzos realistas”.
El enfrentamiento dialéctico subió de tono cuando Rueda afeó las formas de Virginia Barcones, directora general de Protección Civil —militante socialista y exprocuradora autonómica— acusándola de “no decir la verdad” y expresarse con “malas maneras”. El presidente gallego ironizó sobre el papel veraniego de algunos altos cargos estatales: “Veranea en Galicia como si los incendios no fueran con ella”. Mientras tanto, Díaz optaba por manifestarse junto a plataformas nacionalistas como “Por un monte galego con futuro”, acompañada por figuras como Néstor Rego (BNG) o el alcalde socialista Abel Caballero.
Castilla y León y Extremadura: denuncias por falta de medios
En el otro extremo peninsular, tanto Castilla y León como Extremadura han salido al paso para denunciar que sus peticiones de apoyo estatal tampoco fueron atendidas con la celeridad ni contundencia necesarias. Ambas autonomías aseguran haber solicitado más medios cuando Interior lo requirió, pero lamentan que la ayuda llegó “tarde” y fue “incompleta”. La disputa se convierte así en un clásico del verano político español: el cruce de reproches entre gobierno central y comunidades autónomas sobre competencias, recursos y responsabilidades.
El debate sobre lo público y lo privado
El trasfondo ideológico es innegable. Desde las filas socialistas y afines se insiste en que las regiones gobernadas por el PP tienden a privatizar servicios esenciales o a buscar culpables fuera cuando surgen problemas graves. Desde el PP se responde subrayando su apuesta por dispositivos públicos robustos —especialmente en Galicia— y acusando al Ejecutivo central de buscar bronca política mientras ellos apagan fuegos reales.
El ministro Óscar López ha criticado abiertamente esta actitud: “Es un poco raro que responsables autonómicos del Partido Popular desaparezcan cuando hay un problema”, dijo recientemente, reclamando más coordinación institucional frente a emergencias climáticas cada vez más frecuentes. La pugna pública-privada sigue siendo uno de los ejes predilectos para atizar el debate político estival.
Movilización social e impacto electoral
Las movilizaciones encabezadas por Sumar y BNG han tenido eco mediático pero escaso impacto real sobre el terreno gallego. No resulta menor recordar que Yolanda Díaz no logró ni un solo escaño en el Parlamento gallego durante las últimas elecciones autonómicas, algo que sus detractores usan como argumento para restar legitimidad a su activismo localista.
El espectáculo político queda servido mientras miles de bomberos —públicos— continúan luchando contra las llamas bajo condiciones extremas. La ciudadanía asiste entre atónita e irritada a una batalla dialéctica donde cada parte busca capitalizar políticamente hasta el humo.
Como dato curioso: este verano se ha batido récords tanto en número de manifestaciones políticas bajo pancarta como en litros de laca usados por dirigentes para mantener el peinado intacto durante las protestas. Entre tanto fuego real y fuego cruzado dialéctico, lo único seguro es que agosto nunca deja indiferente al panorama político español.
