Kazajistán ha vivido una transformación política notable desde la salida de Nursultán Nazarbáyev en 2019, poniendo fin a casi treinta años de liderazgo personalista y vertical. El país, bajo el mando de Kassym-Jomart Tokayev, se esfuerza por construir un modelo más abierto y participativo, aunque los desafíos de consolidar la democracia y gestionar tensiones sociales persisten.
La capital kazaja es testigo de una actividad política intensa.
El proyecto del Nuevo Kazajistán busca modernizar instituciones y fortalecer la posición internacional del país. La agenda reformista de Tokayev avanza con pasos medidos: reformas constitucionales, cambios en el sistema electoral, descentralización del poder y políticas sociales más estrictas.
La transición no ha sido solo simbólica. Tras las protestas masivas de 2022, detonadas por el aumento del precio del gas y agravadas por demandas de mayor equidad y transparencia, el gobierno impulsó un referéndum constitucional que modificó 33 artículos clave. El resultado fue un cambio estructural: se pasó de un sistema “superpresidencial” a otro presidencial-parlamentario. Las atribuciones del presidente se redujeron y el papel del Parlamento se reforzó.
Las elecciones anticipadas de marzo de 2023 se celebraron bajo nuevas reglas. El sistema electoral mixto (mayoritario y proporcional) permitió una asignación más representativa de los escaños en la cámara baja (Majilis). El partido gobernante, Amanat (antes Nur-Otan), aunque mantuvo la mayoría, vio disminuir su control absoluto. Por primera vez, partidos minoritarios como Auyl accedieron al Parlamento, lo que sugiere una apertura pluralista incipiente.
Uno de los pilares del proceso ha sido fomentar la participación ciudadana. En 2023, los ciudadanos eligieron directamente a gobernadores (akims) en 42 distritos y tres grandes ciudades, con una participación cercana al 63%. Este paso hacia la descentralización responde a las demandas sociales surgidas durante las protestas recientes.
En los encuentros del Kurultay Nacional –el consejo consultivo donde participan sociedad civil y expertos– se debatieron leyes sobre derechos de mujeres y protección infantil, lucha contra drogas y ludopatía, endurecimiento de penas por violencia doméstica y vandalismo. La creación de tribunales especializados en lo civil, penal y administrativo pretende garantizar la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
Reforma social y gestión de activos
Las reformas no han ignorado el plano social. Desde 2022 se han recuperado activos públicos por valor de más de 4.100 millones de dólares, destinados a políticas sociales para combatir desigualdades y apoyar la moneda nacional (tenge). La lucha contra la corrupción ha cobrado fuerza y se han implementado campañas medioambientales como “Taza Kazajstán”.
El gobierno también ha endurecido medidas contra el juego ilegal, la adicción a drogas y la violencia doméstica. En 2025 se ha reconocido oficialmente el trabajo especializado con premios para científicos, mineros e ingenieros. Esta apuesta busca dignificar profesiones clave para el desarrollo nacional.
Sin embargo, y como suele ocurrir en los procesos de transformación social, la estabilidad sigue siendo frágil. Las protestas de enero de 2022 reflejaron malestar por la desigualdad social y el control político centralizado. Aunque Tokayev respondió con firmeza –incluso solicitando apoyo temporal a fuerzas internacionales– su posterior postura conciliadora favoreció una limitación del protagonismo ruso en los asuntos internos kazajos.
La opinión pública parece respaldar el giro hacia una mayor equidad y apertura internacional. Sin embargo, las reformas se enfrentan a obstáculos: persistencia de estructuras tradicionales, resistencia burocrática y expectativas crecientes entre jóvenes urbanos.
Un tablero geopolítico complejo
Kazajistán sigue equilibrando sus relaciones entre Rusia, China y la Unión Europea. Tras las crisis internas, Tokayev ha apostado por diversificar socios comerciales, manteniendo vínculos con Moscú pero acercándose progresivamente a Pekín y Bruselas. La construcción proyectada de una central nuclear –aprobada vía referéndum en 2024– subraya esta voluntad de autonomía energética.
La ubicación estratégica convierte al país en “laboratorio reformista” para Asia Central. Los modelos inclusivos que ensaya Kazajistán son observados por sus vecinos en un contexto marcado por incertidumbre global y nuevos equilibrios regionales.
¿Hacia una consolidación democrática real?
El camino hacia una democracia consolidada es largo. Los avances institucionales han sido significativos: reducción del hiperpresidencialismo, mayor pluralismo parlamentario, descentralización local e impulso a derechos sociales. Pero aún falta fortalecer una cultura política participativa y garantizar mecanismos efectivos para que las demandas ciudadanas influyan realmente en las políticas públicas.
El futuro dependerá tanto del compromiso interno como del apoyo internacional. Kazajistán tiene potencial para convertirse en referente regional si logra mantener la estabilidad sin renunciar a las reformas profundas que exige su sociedad.
La experiencia kazaja demuestra que incluso en contextos autoritarios pueden abrirse caminos hacia modelos más justos e inclusivos. La mirada está puesta ahora en cómo evolucionará este proceso reformista ante los retos económicos, sociales y geopolíticos que se avecinan.
