Las informaciones reveladas por The Wall Street Journal, que detallan una operación masiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, reflejan una estrategia que prioriza la intimidación y el uso de la fuerza sobre el diálogo y la inclusión.
El hecho de que el ICE planee desplegar entre 100 y 200 agentes para llevar a cabo esta redada, supuestamente como parte de una acción coordinada a nivel nacional, evidencia una escalada en las políticas de deportación que ya habían definido el primer mandato de Trump. La amenaza de arrestos masivos, no solo en Chicago sino también en ciudades como Nueva York y Miami, pone de manifiesto una visión de gobierno que ve a los inmigrantes no como personas que contribuyen al tejido social y económico, sino como objetivos que deben ser eliminados.
El discurso del nuevo zar fronterizo de Trump, Tom Homan, subraya esta narrativa beligerante. Sus declaraciones en Chicago, en las que advierte que procesará a quienes «alberguen u oculten a un extranjero ilegal», envían un mensaje alarmante no solo a las comunidades inmigrantes, sino también a las ciudades santuario y sus líderes. Es difícil no interpretar estas palabras como un intento de intimidar y criminalizar a quienes se niegan a alinearse con estas medidas.
Tom Homan, «Zar» anti-inmigración
Este enfoque militarizado y punitivo contrasta fuertemente con las soluciones que podrían abordar de manera efectiva los desafíos del sistema migratorio estadounidense. En lugar de movilizar recursos para reforzar redadas masivas, ¿cómo podría la administración trabajar para reformar el sistema de inmigración, hacer más eficiente el proceso de asilo y garantizar la seguridad sin sacrificar la dignidad humana?
Además, esta política despiadada ignora deliberadamente las contribuciones de los inmigrantes a las ciudades que ahora se convierten en objetivos. Chicago, Nueva York, Miami y otras “ciu- dades santuario” prosperan gracias al esfuerzo de millones de personas que sueñan con un futuro mejor para ellos y sus familias. Redadas como estas no solo destruyen esos sueños, sino también siembran miedo y desconfianza en comunidades enteras.
En el fondo, esta estrategia parece más diseñada para satisfacer una base política que ha sido alimentada con retóricas de xenofobia y divisiones que para resolver un problema real. Si bien es cierto que el control migratorio es una función legítima del gobierno, debe llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos y a los valores que Estados Unidos dice defender.
La administración entrante tiene la oportunidad de elegir un camino diferente, uno que priorice la humanidad y la justicia sobre el miedo y la represión. Sin embargo, con anuncios como este, parece que esa posibilidad se desvanece, dejando a millones de personas con una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad. En este contexto, es más importante que nunca que las comunidades, los líderes locales y las organizaciones defensoras de derechos humanos se mantengan firmes y solidarias, recordando que la justicia social no es negociable y que ningún gobierno debería tener la potestad de dividirnos mediante el miedo.
