Hoy, 15 de julio de 2025, la memoria de María Hernández Matas sigue marcando la agenda humanitaria internacional.
Cuatro años después de su ejecución en Tigray junto a sus colegas Tedros Gebremariam Gebremichael y Yohannes Halefom Reda, el caso continúa sin esclarecerse ni sancionarse, simbolizando la impunidad que rodea los crímenes contra trabajadores humanitarios en Etiopía.
Estos asesinatos, ocurridos el 24 de junio de 2021 mientras prestaban apoyo médico, fueron realizados a quemarropa y con el personal debidamente identificado, lo que evidencia la intencionalidad y la gravedad del ataque.
La reacción global ante estos hechos ha sido de indignación, pero también de frustración.
La organización Médicos Sin Fronteras denunció la falta de respuestas creíbles por parte del Gobierno etíope y la ausencia de investigaciones imparciales. La presión internacional exige mecanismos independientes para proteger a quienes arriesgan sus vidas en contextos bélicos y para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
Sin embargo, hasta ahora no se han dado pasos efectivos para romper este ciclo de impunidad.
Contexto: guerras y guerrillas en Etiopía
La ejecución de María Hernández Matas no es un hecho aislado. Se inserta en el marco devastador de la guerra civil en Tigray, iniciada a finales de 2020 entre el Gobierno federal etíope —apoyado por tropas eritreas— y las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF). El conflicto se caracterizó por masacres, desplazamientos masivos, violencia sexual sistemática y destrucción deliberada de infraestructuras civiles.
- En los primeros meses del conflicto, organizaciones internacionales documentaron ejecuciones sumarias, como las perpetradas en Mahbere Dego por soldados etíopes, confirmadas por investigaciones independientes tras la difusión de vídeos que mostraban fusilamientos masivos.
- Las acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y el TPLF han incluido crímenes contra la humanidad, intentos de limpieza étnica e incluso genocidio. La situación se agravó con la participación activa del ejército eritreo, conocido por su brutalidad durante operaciones conjuntas en territorio tigrayano.
Las consecuencias humanitarias han sido devastadoras: miles de muertos y heridos, millones de desplazados internos y un colapso casi total del acceso a servicios básicos. El sistema sanitario quedó desmantelado en grandes zonas del norte del país. A ello se suma una crisis alimentaria persistente.
Una espiral que no cesa: nuevas fracturas y violencia endémica
Aunque el acuerdo de Pretoria puso fin formal al conflicto armado en Tigray hace más de dos años, Etiopía sigue atrapada en una inestabilidad crónica. La desmovilización efectiva del enorme contingente de excombatientes tigrayanos avanza con lentitud debido a falta de fondos internacionales y disputas políticas internas. De unos 250.000 excombatientes identificados, solo una fracción ha recibido apoyo para reintegrarse a la vida civil.
Los problemas estructurales continúan:
- El enfrentamiento entre facciones rivales dentro del propio TPLF ha derivado en violencia política reciente, con ataques entre grupos alineados con distintos líderes tigrayanos.
- El Gobierno federal fomenta ahora nuevas formaciones políticas para debilitar al TPLF tradicional, lo que incrementa la fragmentación social y política en la región.
Paralelamente, otras regiones etíopes sufren sus propias guerras y guerrillas. Destaca el caso del grupo armado Fano en Amhara: antiguos aliados durante la guerra contra Tigray que han pasado a enfrentarse violentamente al Estado desde 2023 tras un fallido proceso de desarme. Esta nueva ola insurgente ha provocado una crisis humanitaria adicional con millones de niños fuera del sistema escolar y hospitales cerrados.
- Las fuerzas federales han lanzado operaciones militares recientes para recuperar áreas rurales perdidas ante los milicianos Fano.
- Informes recientes documentan ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército etíope también en Amhara.
En todas estas crisis armadas se repiten patrones: ataques deliberados contra civiles, uso estratégico del hambre como arma y ausencia total de rendición de cuentas.
El desafío pendiente: impunidad e inacción internacional
La comunidad internacional ha condenado reiteradamente los crímenes cometidos durante las guerras etíopes. Sin embargo, ni Naciones Unidas ni la Unión Africana han logrado establecer mecanismos eficaces para investigar ni sancionar las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
- Las familias y colegas de María Hernández Matas siguen reclamando justicia ante un muro oficialista que ignora o retrasa cualquier iniciativa independiente para esclarecer los hechos.
- La sociedad civil etíope e internacional insiste en que atacar deliberadamente a personal médico constituye una línea roja ética y legal que no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia.
El caso etíope ilustra los riesgos actuales para los trabajadores humanitarios en zonas conflictivas africanas. La continuidad de asesinatos impunes amenaza con erosionar los principios básicos del derecho internacional y debilita gravemente los esfuerzos globales por proteger a quienes asisten a las poblaciones más vulnerables.
Datos clave
| Año | Región | Hechos relevantes | Consecuencias principales |
|---|---|---|---|
| 2021 | Tigray | Ejecución MSF/María Hernández Matas | Impunidad; crisis humanitaria |
| 2023 | Amhara | Rebelión Fano vs. gobierno federal | Violencia; hospitales cerrados |
| 2025 | Tigray | Lucha interna TPLF; bloqueo demovilización | Fragmentación política; inseguridad |
Mirando al futuro inmediato
La evolución del conflicto etíope es incierta. El riesgo latente es que las heridas abiertas tras años de guerra alimenten nuevos ciclos violentos o favorezcan la aparición de actores armados dispuestos a desafiar cualquier intento institucionalizador. Mientras tanto, nombres como María Hernández Matas seguirán recordándonos que detrás del ruido político quedan historias humanas marcadas por el sacrificio —y demasiadas veces por la injusticia—.
