La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) ha denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y 20 altos funcionarios civiles y militares de su gobierno, por los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en el país entre el 1º de abril y el 15 de agosto pasado, cometidos por los cuerpos de seguridad y grupos de irregulares, como parte de una política oficial para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo venezolano. —¿A qué espera Baltasar Garzón para pedir una orden de detención internacional contra el dictador Nicolás Maduro?—
Este 4 de septiembre 2017 dábamos cuenta en Periodista Digital de los desgarradores testimonios de los detenidos en las manifestaciones contra el régimen chavista, que fueron secuestrados y torturados. —Relatos espeluznantes de los torturados por Maduro: «Me quemaron la cara con químicos»—
«Me arrestaron decenas de militares. Primero me pusieron el pie y me hicieron caer. Después me dieron una patada y me dejaron la bota en la espalda. Me insultaban, me agarraban por el pelo y decían, ya agarramos a esta maldita. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en moto. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada» (Paula Colmenarez Boscán)
«En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba» cuenta esta joven auxiliar de enfermería y sentencia: «Me destrozaron» (Mileidy González)
«Ningún doctor se atrevió a darme un certificado. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica. Incluso asegura que está imputada por actos violentos y resistencia a la autoridad, aunque estuvo colgada de las muñecas en un calabozo. Si eres policía o militar en Venezuela, lo puedes todo. Ellos te quitan tu libertad y violan tus derechos» (Mileidy González)
A José Gregorio Hernández Carrasco, un estudiante de 20 años, lo «chuparon» 2 días después de participar en una manifestación. Lo fueron a busar a su trabajo, un banco del Estado. Ni siquiera esperaron a llegar a la sede del SEBIN, comenzaron a golpearlo en el camino. Al llegar lo recibieron arrojándole a la boca y ojos un líquido irritante mientras le mostraban fotos exigiendo que dijera a qué partido pertenecía.
Luego vinieron los golpes con un palo en el cuello y la cabeza. Después lo picanearon. Le mostraron un palo y amenazaron con violarlo. Le aplicaron el «submarino seco», con una bolsa de plástico en la cabeza. Le hicieron grabar un video donde admitía que la oposición le había pagado para que realizara actos violentos. «Lo grabé para que dejaran de pegarme y no me violaran con el palo», contó. Desde el organismo los testimonios se agolpan, mientras que la triste realidad se sigue replicando en cientos de venezolanos que están a merced de los servicios bolivarianos.
Con 21 años, lo que vivió Christian Agustín Manrique fue igual de espeluznante. Su detención fue durante una noche en que se dirigía a la casa de su novia en Caracas. 10 agentes del SEBIN lo interceptaron, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo subieron a un auto. En la sede del organismo lo ataron y le pegaron palazos por la espalda y otras partes del cuerpo. Y no contentos con eso, le rociaron los ojos con gas pimienta.
Una vez que lo hubieron «destrozado», lo encapucharon, lo subieron a un autos y comenzaron a dar vueltas mientras lo amenazaban de muerte. Incluso, simularon una ejecución gatillando un arma en su cabeza para que confesara actos «terroristas» y que el dirigente opositor Henry Ramos Allup financiaba su actividad. Pero la última amenaza fue la peor: «Te vamos a meter un palo por el culo», dijeron. 5 días estuvo desaparecido y lo liberaron sin causa.
ATAQUES SISTEMÁTICOS
La denuncia se fundamenta en el Informe recientemente presentado por el Príncipe Zeid Raad al Husein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en cuyas conclusiones se establece que los delitos cometidos en Venezuela respondieron a una política de estado “de ataques generalizados y sistemáticos de las fuerzas públicas y organizaciones irregulares contra una parte de la población”, que es justamente el fundamento legal de los crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Informe, basado en la investigación adelantada por el Alto Comisionado de la ONU, concluye que esos ataques no fueron producto de hechos aislados de algunos funcionarios e irregulares que hicieron uso excesivo de la fuerza, en algunos casos con armas letales, si no que respondieron a una estrategia del alto gobierno para infundir temor en los manifestantes y disidentes.
Murieron 135 personas, dos mil resultaron heridas o sometidas a tratos inhumanos causándoles lesiones graves o gravísimas, más de 5.000 fueron detenidos o privados de su libertad de manera ilegal, en su gran mayoría sometidos a torturas, persecuciones, violaciones, e incluso desapariciones forzozas.
Muchos han sido procesados en tribunales militares y se mantienen más de 600 presos políticos en las cárceles venezolanas. Los venezolanos acuden a la jurisdicción complementaria de La Haya, en esta oportunidad, con el aval del informe emitido por un órgano de las Naciones Unidas, organización a la que también pertenece la Corte Penal Internacional.
