Hoy, 1 de junio de 2025, México vive una jornada histórica.
Por primera vez, más de 7.000 cargos judiciales —incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte— se deciden mediante voto popular.
El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que esta reforma es clave para limpiar un sistema judicial que, según sus palabras y las del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está “al servicio de las élites” y “plagado de corrupción”.
La elección es inédita a nivel mundial por su magnitud; solo Bolivia había experimentado algo similar, pero nunca a esta escala.
Sin embargo, lo que se presenta como una apuesta democrática está envuelto en intensas controversias y temores.
Críticos señalan que el proceso puede abrir la puerta para que los carteles del narco y criminales de todo pelaje influyan directamente en la justicia del país.
Y es que, a pesar de los requisitos formales —ser abogado, tener buena reputación y no haber sido condenado a prisión—, han saltado a la luz candidaturas vinculadas al narcotráfico y otros delitos graves.
¿Qué está en juego para Sheinbaum y México?
El gobierno sostiene que la elección directa hará al Poder Judicial más transparente y responsable ante la ciudadanía. Argumentan que el modelo vigente hasta ahora ha permitido una impunidad del 94% y bloqueó proyectos clave del Ejecutivo. De hecho, la reforma es vista como uno de los legados más ambiciosos del movimiento liderado por López Obrador y continuado por Sheinbaum.
Pero los riesgos son evidentes:
- El proceso podría politizar aún más la justicia, debilitando su independencia.
- La falta de experiencia electoral entre los candidatos judiciales ha dado pie a campañas improvisadas y opacas, muchas en redes sociales.
- La ausencia de partidos políticos formalmente involucrados no ha evitado que aspirantes sean identificados como afines al oficialismo o incluso a grupos criminales.
Para el país, el resultado puede marcar un antes y un después en el equilibrio de poderes. Si prosperan candidaturas cuestionadas o se percibe manipulación política o criminal en los nombramientos, la legitimidad del sistema judicial quedará bajo sospecha. Por otro lado, si la reforma logra transparentar y sanear el Poder Judicial, México podría sentar un precedente global.
El fenómeno de los abogados del narco: ¿quién quiere ser juez?
Uno de los focos más polémicos ha sido la presencia de abogados con historial defendiendo a capos del narcotráfico entre los aspirantes a jueces. Casos como el de Silvia Delgado —exintegrante del equipo legal de El Chapo Guzmán— que aspira ahora a jueza penal en Chihuahua; o Fernando Escamilla, defensor del exlíder de Los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales, han encendido las alarmas.
Pero no son los únicos:
- Se han documentado al menos 13 candidaturas consideradas “altamente riesgosas”, algunas ligadas también a sectas religiosas como La Luz del Mundo o acusadas de delitos graves.
- Hay ejemplos como Francisco Herrera Franco, apodado “el fiscal del terror” en Michoacán por sus presuntos pactos criminales y su implicación en asesinatos de periodistas.
- Incluso se postula Leopoldo Javier Chávez, quien estuvo preso en EE.UU. por tráfico de metanfetamina.
Estos perfiles ponen sobre la mesa los vacíos legales del proceso: para postularse basta con no tener antecedentes penales en México, sin considerar condenas internacionales ni criterios estrictos sobre reputación efectiva.
¿Cómo puede evolucionar este experimento democrático?
El resultado inmediato será una nueva configuración del Poder Judicial con perfiles muy diversos —algunos legítimos renovadores, otros potencialmente peligrosos— que tendrán mandato por nueve años con posibilidad de reelección. El reto será enorme:
- Las nuevas autoridades tendrán que probar su independencia real frente al poder político y los intereses criminales.
- Organismos internacionales observarán con lupa si el experimento democratizador fortalece o debilita el Estado de derecho.
- La sociedad mexicana deberá vigilar activamente a sus nuevos jueces para evitar retrocesos.
A medio plazo, si las nuevas autoridades judiciales demuestran eficacia e integridad, Sheinbaum podrá presumir un hito democrático. Pero si proliferan escándalos o fallos parciales —especialmente en temas sensibles como derechos humanos o crimen organizado— crecerá el escepticismo sobre la viabilidad del modelo.
Claves para entender lo que ocurre hoy
- Se votan 881 cargos federales (incluidos Suprema Corte y Tribunal Electoral) y más de 1.800 locales; otros 4.000 jueces serán electos en 2027.
- No hay participación directa de partidos políticos ni financiación pública o privada; las campañas han sido mayoritariamente digitales.
- El proceso ha estado marcado por denuncias sobre opacidad, falta de claridad en los perfiles y riesgos reales para la independencia judicial.
México se asoma así a una etapa decisiva: puede consolidar una justicia más cercana a la ciudadanía o entrar en una espiral donde poder político y crimen organizado ganen espacio en los tribunales. El desenlace dependerá tanto del escrutinio social como del coraje institucional para corregir errores sobre la marcha.
