No tiene vergüenza.
Y chapotea en la sangre, arrastrando por el lodo el nombre de España.
Se llama José Luis Rodríguez Zapatero y es el presidente de Gobierno más nefasto que ha tenido nuestro país.
Este martes, 22 de julio de 2025, la política internacional española se ve sacudida por un escándalo con ramificaciones en Venezuela, Estados Unidos y El Salvador.
El papel de Zapatero como supuesto mediador entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro ha quedado expuesto tras conocerse que el resultado de ese canje de presos ha sido la puesta en libertad de Dahud Hanid Ortiz, autor confeso de un triple asesinato en Madrid en 2016.
La noticia ha avivado las críticas sobre la opacidad y los intereses cruzados en la diplomacia paralela que rodea las relaciones con el chavismo.
Un crimen brutal en Usera y una huida a Venezuela
La mañana del 22 de junio de 2016, el barrio madrileño de Usera fue escenario de uno de los crímenes más atroces de la última década. Dahud Hanid Ortiz, exmarine estadounidense de origen venezolano, irrumpió en un despacho de abogados buscando venganza personal contra Víctor Salas, pareja de su exmujer. Al no encontrarle, Ortiz asesinó brutalmente a dos empleadas del despacho, Elisa Consuegra y Maritza Osorio, y a un cliente ecuatoriano, José Castillo. Tras prender fuego al local, huyó a Venezuela.
Detenido finalmente en Caracas en 2018, Venezuela negó su extradición a España y prometió juzgarle allí. Tras años de demoras y obstáculos judiciales, fue condenado a 30 años en noviembre de 2023 por el Tribunal Supremo venezolano, que ratificó la pena tras varios recursos fallidos.
Un canje político: ¿asesino o preso político?
En las últimas horas, Ortiz ha sido liberado por el gobierno venezolano dentro del histórico intercambio con Estados Unidos mediado por Zapatero. La clave: fue presentado ante Washington no como un triple homicida sino como un supuesto «preso político por espionaje». El propio Maduro difundió un vídeo agradeciendo al expresidente español su “valerosa” actuación como mediador. En la grabación se ve a Zapatero celebrando “ha sido una gran decisión” y mostrándose “muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido”.
La reacción del entorno de las víctimas no se ha hecho esperar. El abogado Víctor Salas confiesa: “Estoy aterrorizado. Zapatero ha colaborado en una injusticia. Ese asesino está libre camino de Estados Unidos y en cualquier momento puede venir a matarme”. Las familias lamentan que las víctimas hayan sido olvidadas por intereses geopolíticos.
Los “sucios apaños” y los negocios con el chavismo
El caso reaviva los rumores sobre los vínculos empresariales y personales entre Zapatero y figuras próximas al chavismo. Durante años, el expresidente socialista ha actuado como interlocutor privilegiado entre Europa y Caracas, defendiendo públicamente la legitimidad del régimen incluso frente a informes internacionales que documentan graves violaciones de derechos humanos.
El informe Bachelet —elaborado bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— documentó torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias y represión política en la Venezuela chavista. Sin embargo, la interlocución privilegiada mantenida por Zapatero con altos cargos venezolanos ha sido objeto constante de sospecha entre opositores y ONG.
Al margen de lo político, se han publicado informaciones sobre supuestos negocios familiares vinculados al entorno bolivariano. Se apunta a que familiares directos del expresidente habrían realizado operaciones inmobiliarias o empresariales aprovechando su buena sintonía con Caracas. Las hijas de Zapatero han sido señaladas en algunos medios venezolanos como beneficiarias indirectas del clima favorable creado por estas relaciones.
El rol del Tren de Aragua
El reciente canje tiene otra derivada: parte del acuerdo incluyó la entrega a Venezuela desde El Salvador —gobernada por Nayib Bukele— de más de 250 venezolanos acusados allí de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originaria de las cárceles venezolanas e implicada en delitos graves como asesinatos, extorsión o trata. Bukele justificó la deportación asegurando que esos presos enfrentaban múltiples cargos “por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”.
El Tren de Aragua se ha convertido en los últimos años en una preocupación internacional: su estructura mafiosa opera ya fuera del país sudamericano, extendiendo sus tentáculos por Colombia, Brasil, Perú o Chile —y ahora también Centroamérica— aprovechando el caos institucional venezolano.
Intercambios opacos: consecuencias e incógnitas
El escándalo deja varias preguntas abiertas:
- ¿Por qué Dahud Hanid Ortiz fue presentado ante EEUU como preso político cuando tenía una condena firme por asesinato?
- ¿Por qué Venezuela prefirió liberar a un triple homicida antes que extraditarlo a España?
- ¿Qué gana Zapatero manteniendo su posición como mediador ante un régimen cuestionado internacionalmente?
- ¿Hasta qué punto influyen los intereses económicos privados o familiares sobre las decisiones políticas?
El intercambio revela cómo las negociaciones internacionales pueden desdibujar los límites entre justicia penal y conveniencia política. La intervención personalista refuerza la idea —tan repetida por críticos— de que el diálogo con el chavismo no es inocente ni transparente.
Mientras tanto, España asiste atónita a una operación donde sus intereses judiciales han quedado fuera del tablero. El peligro para quienes sobrevivieron al crimen es real: “Ese asesino está libre camino de Estados Unidos”, recuerda Salas. Las familias claman justicia mientras la diplomacia juega sus cartas lejos del foco mediático.
La noticia reabre el debate sobre los costes éticos y políticos de pactar con dictaduras acusadas reiteradamente —como señala el informe Bachelet— de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En medio quedan víctimas sin reparación y una sensación creciente en España: los grandes acuerdos internacionales pueden dejar indefenso al ciudadano común cuando intereses superiores entran en juego.
