Otro más y este es de los gordos.
Y de los escurridizos.
La Administración estadounidense ha ampliado sus indagaciones sobre las complicidades internacionales con el régimen chavista y ya no se limita únicamente a José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha revelado Vozpópuli en exclusiva, las autoridades norteamericanas han solicitado información a España sobre las actividades del exministro de Defensa José Bono en Venezuela.
Este giro representa un cambio significativo en cómo Washington está evaluando la red de colaboradores españoles que facilitaron operaciones de la dictadura venezolana a lo largo de dos décadas, especialmente entre 2004 y 2011, cuando Bono era ministro de Defensa bajo la dirección de Zapatero.
La presión ejercida por Donald Trump sobre el narcorégimen de Nicolás Maduro, calificado oficialmente como terrorista por el Departamento de Estado desde hace unos días, ha acelerado el ritmo de estas investigaciones.
Los investigadores estadounidenses no solo están enfocándose en Zapatero, sino que también están examinando a quienes ayudaron al expresidente a acceder a los círculos de poder en Caracas.
Fuentes jurídicas con conocimientos del caso que involucra a Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia militar chavista, confirman que las relaciones del exministro de Defensa con la cúpula bolivariana son parte integral de las pesquisas iniciadas tras las declaraciones del exmilitar ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El introductor de Zapatero en Caracas
Los investigadores han señalado a Bono como el primer eslabón en esta cadena de complicidades que permitió a Zapatero llevar a cabo sus actividades de lobby ante el régimen chavista. Según las fuentes consultadas, la atención hacia el exministro responde a su papel pionero en los inicios de la relación entre el zapaterismo y Hugo Chávez y su entorno político, aspectos que despiertan sospechas. Se le considera como el facilitador inicial que conectó a Zapatero con Venezuela, cuyas orientaciones y contactos fueron clave para que el exjefe del Ejecutivo español desarrollara posteriormente sus influencias en el país.
La relación entre ambos políticos socialistas tiene raíces profundas. Bono era parte del PSP fundado por Tierno Galván, la misma formación política que pertenecía al embajador en Caracas, Raúl Morodo, designado por indicación del propio Bono. Esta red personal y política fue crucial para que Zapatero estableciera vínculos fluidos con el chavismo desde su llegada al poder en 2004. Morodo, por su parte, se convirtió en el ejecutor de operaciones comerciales que beneficiaban a empresas españolas y generaban comisiones millonarias, tal como se detalla en documentos posteriores entregados a Washington por la entonces fiscal general venezolana Luisa Ortega, quien tuvo que huir del país.
El macrocontrato de defensa firmado a finales de 2005 es un ejemplo claro del funcionamiento de esta red. La adquisición por parte de Venezuela de aviones de transporte y patrulleras españolas fue gestionada directamente por Bono como titular del Ministerio de Defensa, algo que él mismo ha dejado documentado. La negociación fue orquestada por Morodo desde la embajada en Caracas y estuvo directamente supervisada por Carvajal, quien actuaba como intermediario del régimen. Este acuerdo provocó tensiones entre Washington y el Gobierno español dirigido por Zapatero, que enfrentaba una complicada situación en los astilleros españoles. Chávez, priorizando su amistad con el Ejecutivo socialista español, generó descontento tanto en la Casa Blanca como entre los influyentes sectores defensivos estadounidenses.
Las comisiones derivadas de estos contratos levantaron sospechas sobre enriquecimientos ilícitos. Morodo fue condenado por la Audiencia Nacional a diez meses de prisión tras llegar a un pacto con la Fiscalía y admitir haber cobrado comisiones millonarias provenientes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, mucho tiempo después de dejar su puesto como embajador en 2007. Lo que oficialmente se presentaba como diplomacia terminó convirtiéndose en actividades lobbistas ante Caracas para favorecer intereses relacionados con referentes socialistas. En cuanto a Bono, su fortuna acumulada tras retirarse de la política suscita dudas entre los investigadores estadounidenses, quienes ahora cruzan datos vinculados a operaciones en Venezuela que también podrían comprometerlo.
La red de colaboradores y sus secretos
Las investigaciones estadounidenses están rastreando conexiones entre los vínculos chavistas del exministro español y sus negocios en República Dominicana, donde está involucrado con varias sociedades. Washington está mapeando una red más amplia de lo que inicialmente se había sospechado. Carvajal, extraditado desde España hacia Estados Unidos este año, mantiene acceso a información relevante desde Madrid que pretende utilizar para negociar una condena favorable para él mismo. En sus declaraciones ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha proporcionado datos concretos sobre supuestos pagos significativos al expresidente Zapatero provenientes del Gobierno venezolano mediante PDVSA. Pero eso no es todo; los datos ofrecidos por este exmilitar incluyen otras operaciones vinculadas al expresidente relacionadas con sectores energéticos del país y una red financiera destinada a facilitar sus actividades dentro del país bajo la supervisión directa de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y principal aliado de Zapatero ante Maduro.
Según medios especializados, Carvajal ha proporcionado información reciente que refuerza las acusaciones respecto a las actividades relacionadas con la red zapaterista. Estas revelaciones apuntan no solo a pagos realizados al expresidente Zapatero por parte del Gobierno venezolano sino también al modo en que su estructura política posibilitó operaciones lucrativas para numerosos colaboradores. Las menciones sobre Bono respecto al régimen bolivariano han sido recurrentes durante sus comparecencias judiciales.
La Justicia estadounidense está muy interesada en acelerar un proceso penal contra Zapatero como colaborador necesario del régimen madurista. Fuentes judiciales vinculadas a la Corte del Distrito Sur precisan que las revelaciones hechas por Carvajal acerca de las actividades del expresidente han sido cruciales para avanzar seriamente esta línea investigativa. El Departamento de Estado está considerando las repercusiones diplomáticas que podría acarrear un castigo ejemplar contra Zapatero debido a sus vínculos con el chavismo e incluso baraja su inclusión en la lista OFAC gestionada por el Departamento del Tesoro, lo cual implicaría congelación de activos y restricciones comerciales.
Mientras Washington intensifica su presión sobre la cúpula bolivariana acusada formalmente de narcotráfico, blanqueo y crímenes contra la humanidad, aumenta también el escrutinio hacia los colaboradores españoles involucrados. La red que permitió actuar como mediador internacional al expresidente contaba con numerosos eslabones; Bono fue solo uno más dentro una cadena compuesta por embajadores, empresarios y funcionarios encargados de facilitar operaciones comerciales, transferencias monetarias y contactos diplomáticos. Cada uno prosperó económicamente mientras la dictadura bolivariana consolidaba su poder mediante prácticas corruptas.
Las investigaciones han determinado que este entramado no solo operaba dentro Venezuela sino también se extendía hacia otros países como República Dominicana. Los investigadores siguen rastreando cómo fluía dinero desde PDVSA hacia cuentas españolas y cómo se generaban comisiones millonarias mediante operaciones tanto defensivas como energéticas; además observan cómo la estructura política del PSOE facilitó todas estas transacciones bajo la apariencia engañosa de diplomacia internacional y mediación oficial. Lo que durante años fue un secreto conocido empieza ahora a tomar forma oficial dentro los tribunales estadounidenses donde Carvajal podría ser clave para desmantelar toda esta arquitectura corrupta conectando políticos españoles con empresarios e integrantes del régimen chavista.
La sentencia correspondiente al caso Carvajal está prevista para el 12 febrero; una fecha crucial no solo para el futuro inmediato del exmilitar venezolano sino también para las indagaciones abiertas por Washington respecto a los colaboradores españoles vinculados al chavismo. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses siguen ampliando su cerco solicitando información adicional sobre actividades que hasta ahora habían permanecido ocultas bajo el manto formalizador oficial.
