El Gobierno Sánchez se blinda con una nueva Ley de Secretos.
Con gran pompa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez conmemora los 50 años de la muerte de Franco y promete derogar la vieja Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Pero, la sustituye por una Ley de Información Clasificada que, en la práctica, mantiene el oscurantismo.
¿El truco? Los viajes del presidente en Falcon y Super Puma, así como su consumo de combustible, quedan clasificados como “máxima protección”. Vamos, que Sánchez puede seguir usando los aviones oficiales a su antojo, sin rendir cuentas.
La nueva norma asegura que los crímenes contra los Derechos Humanos no serán clasificados, pero permite al Gobierno etiquetar como secreto cualquier detalle que le convenga.
Así, mientras se desclasifican archivos del franquismo y la Transición, los españoles seguirán sin saber cuánto cuesta el jet set presidencial.
Cinismo en su máxima expresión
El debate sobre la libertad de prensa en España ha entrado en una fase tan inquietante como surrealista. Mientras los focos mediáticos apuntan a la economía, el Gobierno Sánchez avanza –a paso firme y con el aplauso de sus aliados parlamentarios– en la aprobación de medidas que muchos consideran un asalto directo al secreto profesional de los periodistas y a su independencia.
La última maniobra, digna de una serie política, incluye la posibilidad de que los jueces “pinchen” teléfonos y ordenadores de informadores para identificar sus fuentes, erosionando una de las piedras angulares del periodismo democrático.
El secreto profesional en la cuerda floja
El secreto profesional es uno de esos conceptos sagrados en la profesión periodística. No solo protege a los periodistas, sino a toda la sociedad: garantiza que las fuentes puedan denunciar abusos, corrupción o delitos sin miedo a represalias. Sin embargo, el Gobierno pretende restringirlo en casos “que afecten a la seguridad nacional o a las personas”. Aunque en otras democracias europeas existen limitaciones similares bajo control judicial estricto, la preocupación es que el concepto de “seguridad nacional” pueda convertirse en un cajón de sastre para justificar cualquier injerencia incómoda.
Lo más llamativo es que esta reforma llega en paralelo a las maniobras del marido de Begoña Gómez, que según voces críticas habría presionado para acabar con ese blindaje informativo justo cuando la sombra del tráfico de influencias planea sobre su entorno. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los observadores más atentos al juego político y mediático.
Censura parlamentaria: periodistas incómodos, periodistas fuera
El Congreso se ha convertido en el nuevo laboratorio donde se experimentan fórmulas para limitar el trabajo periodístico. La reforma del reglamento impulsada por el PSOE y sus socios —Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria— permitirá expulsar del Parlamento a los periodistas “disidentes” bajo criterios tan vagos como “el buen funcionamiento” o “el respeto al derecho a la información veraz”. Se plantea incluso crear un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por políticos y representantes mediáticos afines, que podrá sancionar hasta con la retirada temporal de acreditaciones profesionales.
En definitiva:
- Bastará con ser considerado “incómodo” por la Mesa del Congreso para quedarse sin acceso durante meses.
- Se penalizará incluso la no firma de informaciones consideradas infractoras, extendiendo la sanción a todos los periodistas del medio afectado.
- Grabaciones ocultas o actitudes poco corteses pueden ser consideradas faltas muy graves.
No es casualidad que estas reformas se aceleren tras incidentes recientes entre parlamentarios y reporteros. La expulsión fulminante del periodista Vito Quiles, acusado de activismo político más que de labor informativa, encendió todas las alarmas sobre dónde acaba el control legítimo y dónde empieza la censura directa.
La publicidad institucional como arma política
La otra pata clave en este tablero es el dinero. El Gobierno ha batido récords históricos de gasto en publicidad institucional, superando los 161 millones de euros solo en 2025. Desde 2018, Sánchez ha multiplicado por tres el presupuesto destinado a campañas oficiales respecto al inicio de su mandato. El objetivo declarado es informar al ciudadano; el no declarado, según muchos críticos, es amarrar voluntades mediáticas.
El reparto opaco y sin criterios claros ha generado denuncias tanto dentro como fuera de España. Medios críticos como EL ESPAÑOL han acudido incluso al Comité de Derechos Humanos de la ONU acusando al Ejecutivo de castigarles económicamente por su línea editorial. La pregunta sobre quién recibe qué —y por qué— sigue sin respuesta pública.
La ‘Brunete Pedrete’ y los periodistas al pesebre
En este contexto florece lo que algunos colegas llaman irónicamente la ‘Brunete Pedrete’: una legión mediática bien alimentada desde Moncloa mediante contratos publicitarios y acceso preferente. Son periodistas o tertulianos sincronizados con el argumentario oficial —la llamada Opinión Sincronizada— cuya lealtad se premia con presencia constante en ruedas de prensa y tertulias. A cambio: silencio ante temas espinosos o un enfoque suavizado ante cualquier escándalo gubernamental.
No faltan quienes ven aquí una reedición moderna del periodismo amarrado al pesebre estatal: muchos medios sobreviven gracias a fondos públicos mientras otros sufren vetos o recortes fulminantes si se apartan del guion.
Expulsiones selectivas y argumentario desde Moncloa
Las maniobras para expulsar del Congreso a periodistas incómodos no son anecdóticas. El nuevo reglamento prevé distinguir entre medios “legítimos” y “propagandísticos”, abriendo así la puerta a filtrar el acceso según simpatías políticas o editoriales. Los argumentos oficiales repiten que se trata solo de evitar insultos o acosos; sin embargo, voces críticas advierten del peligroso precedente que sienta esta política.
El argumentario oficial se difunde con eficacia: ruedas de prensa sin preguntas incómodas, comunicados sincronizados desde Moncloa y un clima donde quien se sale del guion corre el riesgo real de perder acreditaciones, contratos publicitarios o incluso el puesto.
Denuncias ante Europa: Periodista Digital planta cara
En medio del ruido mediático y político, cabe destacar el papel combativo de Periodista Digital, uno de los pocos medios que han denunciado formalmente ante el Parlamento Europeo lo que consideran “censura sanchista” y ataque frontal a la libertad informativa. Su protesta pone sobre la mesa hasta qué punto España empieza a parecerse más a ciertas repúblicas bananeras (con perdón) que a las democracias europeas consolidadas.
Claves normativas: ¿Cuándo puede limitarse el secreto profesional?
La norma española regula ya las circunstancias excepcionales bajo las cuales un juez puede limitar el derecho al secreto profesional:
- Debe existir una causa grave relacionada con delitos especialmente graves o amenazas concretas contra la seguridad nacional.
- Es imprescindible motivación judicial fundada; nunca una decisión administrativa o política directa.
- El derecho europeo establece salvaguardas adicionales para evitar abusos sistemáticos.
Sin embargo, expertos advierten que ampliar estos supuestos bajo términos ambiguos abre un terreno resbaladizo donde cualquier filtración molesta podría acabar judicializada.
La pregunta clave sigue viva: ¿puede sobrevivir una democracia sana si se pinchan móviles a los periodistas para descubrir sus fuentes? En España, parece que estamos cada día más cerca —y no precisamente para bien— de averiguarlo.
