La abogada Guadalupe Sánchez, desde su tribuna habitual en The Objective, ha decidido alzar la voz contra la gestión del Gobierno ante los recientes incendios que asolan España. La autora, conocida por su trayectoria jurídica y mediática, no escatima en calificativos al analizar la actuación de las autoridades, a quienes acusa de priorizar la propaganda y el relato político por encima de la coordinación y la eficacia en la lucha contra el fuego:
Arde media España. Y no me refiero solo a los montes, a los pueblos reducidos a cenizas o a las vidas destrozadas que dejan los incendios forestales. Hablo de un país que vuelve a incendiarse en lo político cada vez que ocurre una catástrofe. Porque aquí, cuando el fuego devora casas y arrasa montes, lo que más rápido prende no son las llamas, sino la miseria moral de quienes deberían movilizar todos los medios disponibles para combatirlos.
Un esfuerzo fiscal sin retorno en servicios
En un país donde nunca se había recaudado tanto, el esfuerzo fiscal no se traduce en mejores servicios, sino en una ineficacia indigerible.
Sánchez expone que, pese a los altos niveles de recaudación fiscal, la realidad sobre el terreno muestra una falta de servicios eficientes. La columnista denuncia que el Estado se muestra ausente en los momentos críticos y que los dirigentes parecen más preocupados por construir una narrativa política que por dar soluciones reales a los ciudadanos afectados.
El papel de los dirigentes y la ausencia de coordinación
Ya lo vimos con la dana de Valencia: un Estado completamente ausente y unos dirigentes pendientes de afianzar un relato que les permita ideologizar la causa para politizar la culpa. Para nuestra desgracia, la escena se repite ahora con los incendios con una exactitud insultante: en lugar de coordinar efectivos, desplegar recursos y transmitir calma y confianza, nuestros dirigentes se parapetan tras las competencias, las siglas y los bloques ideológicos. Han demostrado mayor diligencia en desplegar medios para esparcir propaganda que para combatir incendios.
La autora critica abiertamente la tendencia de los responsables públicos a escudarse en cuestiones competenciales y partidistas, mientras los afectados ven cómo los recursos no llegan y la emergencia se agrava. Sánchez subraya que la vida y los bienes de miles de personas quedan relegados a un segundo plano frente a las disputas políticas y la búsqueda de culpables.
El debate sobre competencias y el oportunismo político
Dicen que el Gobierno central solo puede intervenir si lo pide el presidente autonómico de turno o que la comunidad debería haber solicitado ayuda antes. Y mientras tanto, los pueblos se consumen y la gente pierde lo poco que tenía. Darían ganas de reírse si no fuera porque lo que está en juego no es un mero debate académico sobre competencias estatales y autonómicas, sino la vida y bienes de miles de personas.
Sánchez denuncia la utilización política de las desgracias, señalando el oportunismo institucional que se repite con cada catástrofe. En su columna, lamenta que el dolor de las víctimas se instrumentalice para reforzar determinadas narrativas, como ya ocurrió con episodios recientes en la Comunidad Valenciana y ahora en regiones como Galicia, León o Andalucía.
Emergencia climática y burocracia creciente
El oportunismo se ha normalizado hasta extremos nauseabundos. Igual que con la dana se usó el dolor de miles de valencianos para presionar con los presupuestos, ahora se emplean las llamas de Galicia, León o Andalucía para profundizar en una machacona narrativa: o aceptas el pacto climático que propone el Gobierno, o eres un «negacionista». El mismo comodín de siempre, reciclado para la ocasión. No están interesados en apagar incendios, sino en encender focos y micrófonos.
La autora identifica una estrategia gubernamental basada en el enfrentamiento ideológico, donde la respuesta a la emergencia se supedita a la adhesión a grandes pactos climáticos que, según Sánchez, solo sirven para ampliar la burocracia y los cargos públicos, en lugar de aportar soluciones efectivas.
Críticas a la instrumentalización de la ayuda
Lo vemos con claridad en los discursos oficiales: cuando la ministra Montero presenta el envío de ayuda como moneda de cambio para que se aprueben los Presupuestos bajo el disfraz de la normalidad institucional; o cuando Sánchez anuncia como solución un gran pacto de Estado contra la emergencia climática, que en la práctica se traducirá en financiar más direcciones generales, más asesores, más observatorios y más altos comisionados. Es decir, en engordar una burocracia que ya ha demostrado sobradamente su inutilidad.
Sánchez concluye que la acción política queda reducida a gestos vacíos y promesas de reformas estructurales que, en la práctica, solo refuerzan el aparato administrativo, sin resolver las necesidades urgentes de la población. Su columna, directa y sin concesiones, suma un nuevo capítulo al debate sobre la gestión de las catástrofes naturales y el uso político de la tragedia en la España contemporánea.
