El pasado domingo, un tren Iryo que cubría la ruta de Málaga a Madrid descarriló en Adamuz, Córdoba, colisionando con un Alvia que circulaba en sentido contrario. Este trágico accidente ha dejado un saldo hasta el momento de 42 fallecidos confirmados y más de 100 heridos, mientras los equipos de rescate continúan su búsqueda de víctimas entre los vagones que cayeron por un talud de cuatro metros.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, sugirió que una rotura en la vía podría ser una posible causa o consecuencia del siniestro, en un tramo que fue renovado en mayo de 2024 con una inversión de 700 millones.
Poco después del choque, Puente lo calificó como «tremendamente extraño»: se trataba de un tren nuevo, circulando por una vía recta y recién reparada. Los trenes viajaban a velocidades de 205 km/h y 210 km/h, por debajo del límite permitido de 250 km/h. No hubo exceso de velocidad y sistemas como el ERTMS nivel 2 no pudieron actuar a tiempo debido al escaso intervalo de apenas 20 segundos entre ambos convoyes. Las ruedas del Iryo presentan marcas evidentes de la fractura en la vía, que fue revisada la noche anterior sin detectar anomalías.
Hipótesis abiertas y silencio oficial
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subraya que «todas las hipótesis están abiertas», aunque desde el inicio ha descartado cualquier posibilidad de sabotaje. Nunca se ha considerado esa opción, repite insistentemente. La Guardia Civil, junto a expertos de Adif, Hitachi e Ineco, están investigando las fracturas en la vía y los rodamientos de trenes anteriores. Además, se están examinando los vagones del Iryo, mientras se limpia la zona para acceder a tres cadáveres encontrados en el Alvia.
Por su parte, Puente reconoció que podría existir un «problema de juventud» en la vía renovada hace solo ocho meses. En este contexto, Adif ha ordenado reducir las velocidades en el corredor entre Madrid y Barcelona, lo cual es lo más cerca que el Gobierno ha estado de aceptar fallos en la red ferroviaria. Según revelaciones de Reuters, el fallo en la vía de Adamuz ya estaba presente desde hacía tiempo, según fuentes técnicas consultadas. Esto sugiere un mantenimiento deficiente bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La oposición no se queda callada; con Pepa Millán, portavoz del PP, al frente, exige responsabilidades inmediatas. Las sospechas se centran en el estado deteriorado de la vía, afirma, denunciando que viajar en tren ya no es seguro. Los sindicatos también reclaman una mayor atención al mantenimiento, especialmente ante el incremento del tráfico por parte de operadoras privadas como Iryo.
Ética informativa y oleada de desinformación
Esta tragedia ha desatado un torrente informativo. Medios y redes sociales se han llenado de rumores sobre posibles explosivos o sabotajes, todos desmentidos por la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios). Plataformas como Maldita.es han verificado que no hay indicios claros de acciones deliberadas; solo se han registrado fallos técnicos. Mientras tanto, algunos medios intentan ocultar al Gobierno bajo una cortina propagandística sin un culpable claro al que señalar.
- Bulos comunes desmentidos:
- Explosivos: Ninguna fuente oficial menciona su uso.
- Sabotaje: Esta posibilidad ha sido excluida por parte de Grande-Marlaska.
- Exceso de velocidad: Se ha confirmado que no se superó el límite establecido.
La credibilidad informativa está al borde del abismo. El Gobierno parece ganar tiempo manteniendo abiertas las hipótesis sin ofrecer un plan claro más allá del análisis técnico en laboratorio. Según insiste nuevamente Reuters, la brecha en la vía creció sin ser detectada a pesar del uso nocturno de máquinas exploradoras. Esto pone en entredicho la ética detrás de esta gestión: ¿se prioriza aquí más la propaganda que dar respuestas concretas?
Los sobrevivientes cuentan historias desgarradoras sobre lo ocurrido. Las maletas volaban por los aires, había vidrio esparcido por todas partes y personas heridas, narra una pasajera aún aturdida por lo vivido. Pensé que todo había terminado para mí, añade otra testigo directa. Entre los fallecidos se encuentra el maquinista del Alvia, apenas con 27 años. El presidente andaluz, Juanma Moreno, describe lo sucedido como una situación dantesca. Mientras tanto, los vecinos de este pequeño pueblo cordobés (4.000 habitantes) han abierto sus casas y ofrecido mantas a quienes lo necesitaban.
Responsabilidades y lecciones del pasado
Este descarrilamiento representa el más grave desde el accidente ocurrido en Angrois en 2013, donde perdieron la vida 80 personas debido a un exceso de velocidad y fallos en los sistemas de seguridad. La sentencia emitida once años después condenó al maquinista y a un exdirector de Adif. Ahora, es un juzgado ubicado en Montoro quien lidera las investigaciones judiciales, contando con apoyo técnico por parte del CIAF.
La incompetencia manifiesta en puestos clave puede costar vidas humanas. El Gobierno debe asumir su responsabilidad directa: Adif está bajo su tutela a través del Ministerio correspondiente. Sin excusas externas ni figuras como Mazón a las cuales culpar, queda claro que las acciones propagandísticas chocan con hechos concretos. Renfe ha ofrecido cambios gratuitos para los pasajeros afectados; además, Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a familiares.
- Impacto en tráfico ferroviario:
- Se ha suspendido el servicio AVE entre Madrid y Andalucía.
- Se han cancelado rutas hacia Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Los hospitales como Reina Sofía están atendiendo actualmente a 73 heridos, cuatro menores entre ellos considerados graves. Los forenses tanto en Córdoba como en Lucena están llevando a cabo las autopsias necesarias tras esta tragedia devastadora. Andalucía ha activado su plan especial para emergencias en fase uno.
La creciente desinformación complica aún más cualquier intento serio por verificar hechos concretos relacionados con este accidente ferroviario. Es crucial contrastar información: hay indicios sobre una pequeña brecha que fue aumentando con el tiempo; bogies revisados recientemente no presentaban marcas visibles; además, el sistema automático para frenar resultó ineficaz debido a la cercanía entre ambos trenes implicados. Aunque el Gobierno intenta dilatar respuestas claras sobre lo sucedido, cada vez queda más evidente que este fallo era evitable si se hubiera prestado atención adecuada a la infraestructura.
Óscar Puente pide cautela ante especulaciones desenfrenadas; sin embargo, su propia orden a Adif para disminuir las velocidades entre Madrid y Barcelona revela preocupaciones latentes dentro del sistema ferroviario español. La memoria colectiva aún fresca sobre las vidas perdidas exige respuestas rápidas; no más dilaciones ni hipótesis eternas que solo generan frustración e incertidumbre entre los ciudadanos españoles respecto a sus vías férreas.
