Otro tramposo.
Y de los gordos.
La actualidad política en la Comunidad Valenciana y en Madrid ha quedado sacudida por un nuevo escándalo con todos los ingredientes de un thriller institucional: José María Ángel Batalla, hasta ahora símbolo de la gestión socialista frente al popular Carlos Mazón, ha pasado de ser referente en la gestión de emergencias a protagonista de una denuncia demoledora.
El que fuera hombre fuerte de Ximo Puig en materia de seguridad y emergencias y, desde hace meses, comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, se enfrenta a una acusación nada menor: la presunta falsificación del título universitario que le permitió convertirse en funcionario de la Diputación de Valencia.
La noticia ha causado estupor en los pasillos del PSPV-PSOE y pone en entredicho no solo la ética personal de Batalla, sino también los sistemas de control de la Administración pública y la política de nombramientos en el partido. El asunto, lejos de ser un caso aislado, reaviva la llama de la desconfianza ciudadana hacia las élites políticas y la gestión de los recursos públicos.
De la gestión de emergencias al epicentro del escándalo
La carrera de José María Ángel Batalla es tan extensa como influyente. Alcalde de L’Eliana, senador, secretario autonómico de Emergencias, y desde 2024, el rostro visible de la reconstrucción tras la DANA, la catástrofe climática que dejó más de 220 fallecidos en el Levante español. Su perfil técnico y político le situó durante años como ejemplo de eficacia socialista en la gestión de crisis, en contraste con las críticas a la administración de Carlos Mazón en la Generalitat.
Sin embargo, las alarmas han saltado cuando la Agencia Antifraude de Valencia ha destapado que, en 1985, Batalla habría presentado una fotocopia de un diploma universitario de Archivística y Biblioteconomía —que nunca finalizó— para acceder a un puesto de funcionario. El informe de Antifraude, fechado en mayo, es tajante: el título no existe y Batalla no terminó la carrera. La Fiscalía ya investiga si el documento fue, efectivamente, una falsificación.
Un ascenso meteórico en la administración y el partido
Lo curioso del caso es que el expediente de Batalla no solo sobrevivió a los filtros de la Diputación, sino que le permitió medrar en la administración durante más de cuatro décadas, ocupando puestos de responsabilidad y recibiendo emolumentos públicos de manera continuada. En 2023, tras el cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana, fue cesado de Emergencias, pero el Gobierno de Pedro Sánchez no dudó en rescatarlo para un puesto estratégico: comisionado para la reconstrucción de la DANA, con rango de subsecretaría y adscrito al Ministerio de Política Territorial.
En febrero de 2025, Diana Morant, ministra de Ciencia y líder emergente del socialismo valenciano, lo nombró además presidente del PSPV, en un movimiento que pretendía renovar la imagen del partido tras la etapa de Puig. Ahora, la figura de Morant también queda salpicada por la polémica, pues su apuesta personal por Batalla se convierte en un boomerang político de primer orden.
Antifraude y la cultura del “currículum inflado”
La denuncia de la Agencia Antifraude es especialmente grave porque pone el foco en una práctica tristemente extendida en la política española: el “currículum inflado” o, directamente, la falsificación documental para acceder a cargos públicos. El informe de Antifraude no deja lugar a dudas: la documentación presentada por Batalla en 1985 “presumiblemente es falsa” y fue utilizada para obtener un puesto de funcionario, lo que podría constituir un delito de falsedad documental y malversación de fondos públicos.
En este punto, la negligencia administrativa resulta igualmente preocupante: durante años, nadie en la Diputación de Valencia ni en los órganos de control del PSOE detectó la irregularidad. Es más, los currículums oficiales del partido han oscilado, según las épocas, entre atribuirle estudios en Geografía e Historia y el citado diploma de Archivística, pero nunca se ha podido acreditar la titulación de manera fehaciente.
Un efecto dominó en el PSPV y el Gobierno
Este escándalo no llega en el mejor momento para el PSPV-PSOE. El partido ya venía arrastrando otros casos mediáticos, como el de José Luis Ábalos y la polémica por los contratos de emergencia, o las sospechas sobre el currículo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La suma de estos episodios dibuja un panorama inquietante para la credibilidad del socialismo valenciano, y por extensión, del Gobierno central.
En clave interna, la dirección del PSOE se enfrenta a un dilema: sostener a Batalla en su puesto o cesarlo de inmediato para frenar la hemorragia reputacional. Las voces críticas dentro del partido y en la oposición ya exigen responsabilidades políticas y una revisión de todos los nombramientos realizados por Diana Morant y Ximo Puig en la última década.
Repercusiones políticas y administrativas
La posible falsificación del título universitario por parte de Batalla trasciende el ámbito penal para convertirse en un problema político de calado nacional. No solo pone en tela de juicio la gestión de recursos humanos en la administración pública, sino que abre la puerta a una revisión masiva de currículos entre altos cargos, especialmente en aquellas comunidades donde el PSPV ha tenido peso específico.
La oposición ha aprovechado la coyuntura para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusando al Ejecutivo de tolerar prácticas corruptas y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas. El PP y Vox han reclamado la destitución inmediata de Batalla y una auditoría independiente sobre los procesos de selección en la función pública valenciana.
