En La Retaguardia de este lunes 15 de diciembre, Eurico Campano analiza con Vicente Gil y Sergio Fidalgo la sideral desconexión de la realidad de Pedro Sánchez, que sigue creyendo que puede seguir en la Moncloa pese a que su Gobierno tiene nada menos que 12 grandes causas de corrupción investigadas por diferentes instancias judiciales y de que en las últimas dos semanas han surgido nada menos que 6 casos de presuntos acosadores sexuales en su propio partido.
Así no es de extrañar que la imagen de Pedro Sánchez intentando cerrar el año con un discurso cargado de autocomplacencia institucional contrasta notablemente con el ruido de fondo que le rodea: causas judiciales por corrupción, denuncias de acoso sexual que surgen sin cesar y una coalición que parece desmoronarse. El presidente sostiene que España va “a mejor”, pero los tribunales, sus aliados políticos e incluso parte de su propio electorado están dibujando un final de legislatura muy diferente al que él desea.
Las últimas semanas han llevado a La Moncloa a una posición defensiva casi constante. La agenda política se ha visto copada por:
- Investigaciones por corrupción sistémica relacionadas con el entorno socialista.
- Un verdadero Me Too interno en el PSOE, donde se destapa un caso de acoso o abuso sexual prácticamente cada pocos días.
- La presión coordinada de socios como Sumar, Junts o PNV, quienes ya sugieren abiertamente la posibilidad de adelantar las elecciones.
En este contexto, la dificultad para Sánchez radica no solo en tener que justificar casos concretos, sino también en demostrar que todavía mantiene el control en un ecosistema político, judicial y mediático que percibe un ciclo agotado.
Un fin de año rodeado por la corrupción
Diversos medios coinciden en que el Gobierno se encuentra en sus “horas más bajas”, atrapado por una docena de causas relacionadas con corrupción y negocios irregulares dentro del entorno socialista. Lo que comenzó como episodios aislados ha evolucionado hacia un mapa complejo de casos que involucran ministerios, empresas públicas, antiguos líderes del partido y figuras clave del aparato.
Entre los casos más delicados:
- Caso Ábalos / Koldo y trama de mordidas: la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil describe una supuesta “organización criminal” que habría destinado cerca de un millón de euros a sobornos para influir en adjudicaciones públicas, particularmente en el Ministerio de Transportes.
- Trama Cerdán / Servinabar: documentos provenientes de la UCO sitúan al ex secretario de Organización, Santos Cerdán, como figura central en una red que habría percibido comisiones ilegales asociadas a contratos públicos, teniendo a la empresa Servinabar como pieza clave.
- Red.es y Begoña Gómez: un juzgado madrileño investiga contratos valorados en unos 12 millones de euros adjudicados a un empresario cercano a la esposa del presidente, bajo sospecha por tráfico de influencias y corrupción empresarial.
- Plus Ultra: los 53 millones de euros otorgados a esta aerolínea, canalizados a través del fondo para rescatar empresas estratégicas, siguen bajo la lupa judicial ante indicios de posible blanqueo de capitales provenientes de Venezuela.
Todo esto alimenta la percepción, expuesta en editoriales y análisis, sobre una corrupción sistémica, no limitada a “manzanas podridas”, sino representando un “árbol enfermo desde la raíz” que ha utilizado al Estado como maquinaria para enriquecerse privadamente.
Frente a esta situación complicada, Sánchez ha tratado de recuperar la iniciativa anunciando un Plan Estatal contra la Corrupción, que incluye una nueva Agencia Independiente de Integridad Pública, endurecimiento de penas, listas negras para empresas corruptoras y mayor control sobre partidos y donaciones. Su mensaje es claro: “perseguir tanto a los corruptos como a los corruptores”.
Sin embargo, el calendario político no es benévolo. Las imágenes constantes de detenciones, registros y comparecencias judiciales entre viejos y nuevos cuadros socialistas contrastan fuertemente con las declaraciones del presidente sobre “limpieza” y “transparencia”, creando una brecha creciente en términos de credibilidad difícilmente cerrable.
El “Me Too” interno que dinamita la bandera feminista
Si bien la corrupción socava la imagen del Gobierno, la avalancha de denuncias por acoso y abusos sexuales dentro del PSOE impacta directamente en su principal bandera política: el feminismo. Lo que inicialmente se consideró casos aislados ha cristalizado en un relato mucho más devastador: el partido que presumía ser “vanguardia feminista” ahora se enfrenta a un goteo continuo de expedientes por comportamientos machistas entre sus propias filas.
La dinámica reciente presenta varios elementos especialmente preocupantes:
- En las últimas dos semanas han surgido nada menos que 6 presuntos casos de acosadores sexuales en diferentes partes de España que han ocurrido en ayuntamientos, diputaciones provinciales y hasta en asesores de la Presidencia del Gobierno.
- Una sensación generalizada de que el PSOE ha intentado tapar los casos y ha reaccionado de forma tardía y falsa una vez que los escándalos ya habían saltado a la opinión pública. .
- Malestar palpable entre sectores feministas del partido y organizaciones afines, quienes observan cómo se desmorona el relato por el que la izquierda se autoconcedía sí misma la exclusiva en la defensa de las mujeres.
El impacto político es doble. Por un lado, la oposición ha encontrado terreno fértil para atacar al PSOE por su “hipocresía”, resaltando cómo quienes se presentaban como defensores contra la violencia machista ahora enfrentan denuncias dentro del propio partido. Por otro lado, las bases feministas y parte del electorado urbano que consolidaron las mayorías socialistas miran con creciente desconfianza hacia cómo se está gestionando esta crisis.
En este escenario de 12 casos de corrupción en diferentes fases judiciales y de hasta hoy 6 acosadores sexuales, resulta más patética y ridícula la reacción del socio de Gobierno de Sanchez, Sumar y su vicepresidenta Yolanda Díaz. En vez de abandonar el Gobierno y retirar el apoyo parlamentario al PSOE, Yolanda Díaz realizaba la semana pasada un ridículo postureo de convocar una rueda de prensa para calificar de “insoportable” la combinación entre “corrupción y puteros”, exigiendo pasar “de los cambios superficiales a acciones reales”. Sin embargo, tanto ella como el resto de ministros de Sumar siguen en el Gobierno, disfrutando del abultado sueldo y la residencia oficial gratis total.
Socios en rebeldía, Iglesia beligerante y presión en las urnas
La fragilidad parlamentaria del Gobierno se ha hecho aún más evidente ante esta concatenación incesante de crisis. La legislatura avanza con grandes dificultades para aprobar leyes relevantes; sin nuevos Presupuestos y con una mayoría cada vez más “negativa” frente a positiva: suma más para frenar a la oposición que para impulsar reformas propias.
Al mismo tiempo:
- Tanto Junts como PNV aprovechan esta debilidad socialista para aumentar las exigencias por su apoyo e insinúan elecciones anticipadas si no se detiene esta “hemorragia” escandalosa.
- La Conferencia Episcopal, mediante su presidente Luis Argüello, ha solicitado abiertamente una cuestión de confianza o incluso una moción censura o dar voz al pueblo mediante elecciones anticipadas; adentrándose así claramente en los terrenos delicados del juego parlamentario.
La respuesta ante tal situación por parte Sánchez ha sido desafiante: defiende lo que él llama la “cuarta opción”, es decir, respetar lo decidido por las urnas y agotar así toda la legislatura. Claro que esta opción es otra muestra más de desconexión con la realidad por parte del presidente, cuando no de otra de sus mentiras. Una vez más hay que recordar que Pedro Sánchez perdió las pasadas elecciones del 23J de 2023 y si ha seguido en el poder es porque recabar el apoyo de 176 diputados que le invistieron presidente.
El calendario inmediato tampoco juega a favor. Elecciones autonómicas como las previstas en Extremadura llegan con el PSOE viendo sus sondeos caer hasta niveles alarmantes; mientras tanto, el principal opositor —el PP— clama desde sus mítines por unas elecciones generales anticipadas para conseguir un “Gobierno decente”. Cada cita electoral se transforma así en un plebiscito sobre la continuidad del sanchismo.
