Corruptos, ineptos, miserables…
Y así hasta el infinito.
Porque el dolor es inmenso y la sensación de que todo se podía haber evitado crece.
Con el avance en la identificación de las 45 víctimas del trágico accidente en Adamuz, la indignación de los familiares ha dejado de ser un sentimiento privado para transformarse en una exigencia política clara.
Los abuelos de la niña de seis años que se quedó huérfana al perder a sus cuatro familiares en la colisión entre el tren Iryo y el Alvia han sido especialmente contundentes: «Hay que echar a este Gobierno».
Su crítica no es abstracta; es una acusación directa sobre la responsabilidad del Ejecutivo en el mantenimiento de una infraestructura que, según los primeros informes, presentaba graves deficiencias.
Juan y Nena, quienes ahora tienen la difícil tarea de cuidar a una pequeña que ha visto desaparecer a toda su familia en un abrir y cerrar de ojos, no dudan en señalar a los responsables políticos.
Su dolor, legítimo y desgarrador, se canaliza hacia aquellos a los que consideran culpables de esta negligencia: el Ministerio de Transportes y, por extensión, el Gobierno Sánchez.
Desoladora entrevista a la abuela cuya nieta de seis fue la única superviviente de su familia en el accidente de Adamuz.
Es tremendo que esta gentuza que tenemos al mando lo único que esté buscando sea librarse de cualquier tipo de responsabilidad de lo ocurrido. pic.twitter.com/40z1i1UPiL
— Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 22, 2026
Mientras el Ejecutivo intenta manejar la crisis con declaraciones sobre asumir responsabilidades, las familias exigen algo más concreto: destituciones en la administración y cambios efectivos en la gestión de la red ferroviaria.
La presión aumenta día tras día, y los políticos empiezan a temer que el desquiciado homenaje estatal programado para el 31 de enero en Huelva se convierta en una manifestación similar a la que vivió Carlos Mazón durante el acto en Valencia tras la dana.
Los abuelos de la niña de seis años que sobrevivió al accidente de tren de Adamuz, en el que perdió a sus padres, a su hermano y a su primo, cargan contra el Gobierno socialista de Pedro Sánchez:
«¡Los han asesinado por falta de mantenimiento!». pic.twitter.com/YTs2bAiKnf
— Vloonk (@vloonk) January 22, 2026
Cuando la incompetencia mata
El ministro Óscar Puente ha intentado desvincular responsabilidades dirigiendo su atención hacia el estado de las infraestructuras ferroviarias, dejando al margen el material rodante. Ha calificado el accidente como «tremendamente extraño» y ha asegurado que las responsabilidades recaerán sobre «quien por acción u omisión» haya contribuido al siniestro.
Sin embargo, esta declaración general no satisface a quienes han perdido seres queridos. La incómoda pregunta que flota en el aire es: ¿quién ha sido responsable del mantenimiento seguro de esas vías?
¿Quién permitió que una infraestructura crítica llegara a un estado tan deteriorado como para provocar un descarrilamiento así?
Los sindicatos de maquinistas llevan años advirtiendo sobre los puntos críticos de la red de alta velocidad. Estos avisos, ignorados en los despachos ministeriales, ahora adquieren una relevancia aterradora. La tragedia de Adamuz no es un accidente inesperado; es la consecuencia palpable de riesgos previamente identificados que nadie priorizó adecuadamente.
Cuando la corrupción y la incompetencia cobran vidas, resulta comprensible e incluso moralmente justo que las familias exijan respuestas. El Gobierno teme que durante el homenaje estatal se produzcan escenas de protesta que expongan públicamente esta realidad tan incómoda.
Los abuelos y tío se harán cargo de Cristina, la pequeña de 6 años única superviviente de la familia en el accidente de trenes de Adamuz
La presión por los ceses
La demanda por dimisiones dentro del Ministerio de Transportes crece sin cesar. No se trata solo del clamor marginal de grupos radicales; es una postura cada vez más extendida entre los familiares de las víctimas y amplios sectores de la opinión pública. El estado actual de la red ferroviaria española, con sus puntos críticos identificados y sus deficiencias evidentes en mantenimiento, representa un fracaso administrativo que va más allá del desempeño individual de un ministro. Sin embargo, Puente se ha convertido en el rostro visible de esa negligencia, y su permanencia en el cargo resulta cada vez más insostenible políticamente.
El Gobierno sabe que cómo gestione esta crisis determinará su credibilidad en los meses venideros. Las familias no buscan únicamente justicia penal; también anhelan justicia política: quieren ver a quienes tuvieron responsabilidades en la supervisión del estado infraestructural asumir las consecuencias. La niña huérfana, los abuelos desgarrados por el dolor y los cientos de heridos recuperándose aún en hospitales son recordatorios vivos del precio humano que tiene la incompetencia administrativa.
La tragedia ocurrida en Adamuz ha abierto un debate mucho más amplio que gira alrededor del accidente específico. Se centra en cómo se gestiona realmente la seguridad dentro del sistema ferroviario español, qué medidas deben implementarse para garantizar un mantenimiento adecuado de infraestructuras críticas y quién debe rendir cuentas cuando esa gestión falla. Las familias no permitirán que este debate se cierre con meras declaraciones llenas de buenas intenciones. Exigen cambios reales, responsabilidades asumidas y garantías firmes para evitar que la negligencia vuelva a cobrar vidas inocentes. El tiempo corre para demostrarles al respecto.
