Comisión de la Verdad, » Los UMDVERDES, piden al Ministro del Interior certifique que en los años 1990, el ejercicio del derecho de asociación profesional reconocido por la sentencia del TC que legalizó la UDGC, era motivo de encarcelamiento de los guardias civiles y persecución de los demócratas de la Guardia Civil.
Durante años, a los españoles se les contó una historia: que la democracia había llegado a todos los rincones del Estado. Que las libertades estaban garantizadas. Que ya no había sótanos oscuros donde se fabricaban abusos. Era mentira. Y la prueba tiene nombre propio: Operación Columna.
Lo que el PSOE de Felipe González ejecutó contra los UMDVERDES no fue una simple “respuesta disciplinaria” ni un “error político”. Fue una operación delictual, planificada desde las alturas y ejecutada con precisión de cirujano corrupto. Vulneró derechos fundamentales, falseó acusaciones, ordenó seguimientos ilegales, intervino teléfonos sin autorización judicial y organizó detenciones masivas. Y lo hizo con un objetivo transparente: aplastar a quienes se atrevieron a reclamar derechos constitucionales dentro de la Guardia Civil.
La Operación Columna nació con la obsesión de controlar por la fuerza lo que la Constitución ya había reconocido por derecho: la libertad de asociación. Quienes pedían dignidad profesional eran convertidos en enemigos internos. No era solo contra los guardias civiles. Era un mensaje para toda España: “no os mováis del sitio que os damos”.
Los documentos están ahí: folios y folios escritos, algunos de puño y letra, donde se ordenaban ilegalidades que hoy abochornarían hasta a un opositor recién llegado. Ese expediente llegó a manos de José Piñeiro en Zaragoza, a través de Luis Roldán, cuando la maquinaria del Estado ya lo había triturado para convertirlo en chivo expiatorio. Roldán sabía que el aparato político necesitaba cadáveres útiles para tapar su propia corrupción. Y también sabía que la verdad debía salir a la luz.
La Operación Columna no fue una anécdota. Fue un sistema. Un método. Un engranaje perfectamente engrasado para identificar, perseguir, castigar y destruir a todo guardia civil que cuestionara el silencio impuesto. Entraban de madrugada en casas de compañeros para detenerlos por “sedición” cuando lo único que habían hecho era solicitar una asociación cultural. Los enviaban a prisiones militares. Suspendían salarios. Intervenían comunicaciones. Señalaban familias. Fabricaban delitos. Y mientras tanto, los responsables políticos paseaban por Europa vendiendo la España moderna del PSOE.
Las sentencias lo confirman: la 66996/01 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal Constitucional sobre el cabo Rosa. Ambas dejan claro lo que algunos prefieren seguir negando: en España se persiguió ilegalmente a guardias civiles por reclamar derechos fundamentales. Y se les detuvo en masa sin base jurídica. El Estado fue condenado, aunque los responsables políticos jamás dieron la cara.
Ocurrió durante los años en que se presumía de “calidad democrática”. Ocurrió mientras se hacía caja electoral con el discurso de la libertad. Ocurrió bajo un Gobierno que hoy pretende dar lecciones de moral pública.
La Operación Columna fue un ataque directo contra la UMDVERDES, sí. Pero fue mucho más: un ataque a toda la población. Porque cuando se pisotea un derecho fundamental, no se pisotea a un colectivo; se pisotea al país entero.
El relato oficial intentó enterrarlo todo. Se confiaron. Pensaron que nadie tendría memoria. Pensaron que los perseguidos quedarían rotos. Pero la historia tiene un curioso sentido del equilibrio: lo que se quiso ocultar, regresa; lo que se quiso silenciar, habla más alto que nunca.
Hoy, la Operación Columna vuelve a ocupar su sitio. No como un capítulo incómodo del pasado, sino como una advertencia para el presente. España no puede permitirse otro laboratorio de impunidad política. Ni de un color ni de otro.
Y mientras algunos siguen jugando al teatro institucional, quienes fueron perseguidos siguen en pie. Rehabilitados, sí. Pero no satisfechos. Porque la dignidad no se recupera con una resolución administrativa; se recupera con la verdad reconocida públicamente y con la justicia aplicada sin miedo a nombres propios.
La Operación Columna demuestra que la democracia española tuvo grietas profundas. Y demuestra algo más: que la resistencia de unos pocos guardaespaldas de la Constitución fue suficiente para evitar que el país volviera a caer en la obediencia ciega.
La pregunta ya no es qué ocurrió. Está documentado. La pregunta es: ¿cuándo asumirá España que aquello fue un crimen político contra sus servidores y contra su democracia?
Hasta que eso se diga alto y claro, la Operación Columna seguirá siendo la prueba de que hubo un tiempo en el que el Estado se creyó por encima de la ley. Y de que todavía queda mucho por reparar.
