Álvaro García Ortiz vuelve a convertirse en el epicentro del seísmo político y judicial que sacude a Moncloa. La decisión del Tribunal Supremo de apoyar la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general aboca al hombre fuerte de Pedro Sánchez, a ser juzgado por un presunto delito de revelación de secretos. ¿El detonante? La polémica filtración de un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su caso de fraude fiscal. Esta decisión judicial, tomada por la Sala de Apelación del Supremo, deja a García Ortiz a un paso del banquillo y ha desatado una nueva tormenta institucional que amenaza con dejar secuelas impredecibles en la arquitectura del poder judicial español.
La Sala, conformada en este caso por los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, ha desestimado por mayoría el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz. Palomo ha emitido un voto particular.
La investigación, pilotada por el magistrado Hurtado, no solo ha puesto bajo los focos al máximo responsable del Ministerio Fiscal, sino que ha reabierto las hostilidades entre Gobierno y oposición. Los socialistas han cerrado filas en torno a su fiscal general, mientras desde el Partido Popular y otros grupos parlamentarios se exige a Sánchez explicaciones urgentes en sede parlamentaria.
Antecedentes: filtraciones, enfrentamientos y sospechas
El caso se remonta a la primavera pasada, cuando salieron a la luz detalles confidenciales sobre la defensa de González Amador, vinculado sentimentalmente con Díaz Ayuso y objeto de una investigación por fraude fiscal. La difusión pública de ese correo electrónico —que contenía información reservada facilitada supuestamente por altos cargos de la Fiscalía— no solo puso en entredicho el derecho a la defensa del investigado, sino que abrió un nuevo capítulo en la ya tradicional guerra entre Moncloa y la Puerta del Sol.
El instructor del caso considera que existen «indicios suficientes» para sentar a García Ortiz en el banquillo. Entre las pruebas destaca el informe de la UCO tras los registros en los despachos oficiales y las declaraciones testificales, aunque lo más relevante para el juez es que el propio fiscal general habría borrado información clave de sus dispositivos electrónicos durante la investigación. Un detalle que, según recalca el auto judicial, «frustró una parte esencial» del esclarecimiento de los hechos.
La Sala también ha decidido exonerar a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, al entender que no existen pruebas para mantenerla en el procedimiento. Pero el daño institucional ya estaba hecho: otro frente abierto en una Fiscalía que acumula meses de tensión interna.
Consecuencias posibles: erosión institucional y batalla por los relatos
El futuro inmediato pinta complicado para todos los actores implicados:
- Si finalmente García Ortiz es juzgado (y eventualmente condenado), sería un golpe sin precedentes para la credibilidad del Ministerio Fiscal.
- La oposición aprovechará cada minuto para desgastar al Gobierno en año electoral.
- El Parlamento podría vivir sesiones maratonianas entre comparecencias cruzadas y mociones inesperadas.
- El debate sobre la independencia judicial volverá a copar tertulias y portadas.
- La propia carrera fiscal podría vivir una etapa convulsa ante los riesgos reputacionales derivados.
Por si fuera poco, este episodio añade gasolina al discurso sobre la politización judicial. La Asociación de Fiscales ya venía denunciando presiones e injerencias desde hace meses, mientras desde sectores progresistas se acusa abiertamente a ciertos jueces conservadores de actuar movidos por intereses partidistas o mediáticos.
