Ya era hora.
El Partido Popular ha tomado una decisión audaz al llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo la sentencia del Tribunal Constitucional que respalda la polémica Ley de Amnistía, promovida por Pedro Sánchez para asegurar su investidura.
Esta norma, aprobada a cambio de apoyos independentistas, perdona delitos cometidos durante el procés catalán, abarcando desde la sedición hasta la malversación en casos sin enriquecimiento personal.
El recurso del PP, presentado recientemente, cuestiona no solo el contenido de la decisión, sino también vicios procesales que, según los populares, invalidan el fallo emitido el 26 de junio de 2025, con una votación de seis a favor y cuatro en contra.
Esta maniobra se produce en un contexto de alta tensión política. El TC, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, ha mantenido vigente la ley a pesar de los recursos presentados por el Tribunal Supremo y otros órganos, como las Cortes de Aragón. Fuentes del PP argumentan que esta resolución consolida una «autoamnistía» ilegal, permitiendo comprar votos en el Congreso con total impunidad para quienes han intentado dar un golpe.
El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este respaldo como una «vergüenza» y ha señalado que nadie confía ya en Sánchez, quien celebró el fallo como «una magnífica noticia para España». El recurso busca anular lo que consideran un abuso que pone en jaque la separación de poderes.
Denuncia en Estrasburgo por vulneraciones de derechos fundamentales
El PP acusa al TC de infringir derechos básicos protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos. Entre estos derechos destacan el derecho a un tribunal establecido por ley y la prohibición de la indefensión. Los populares sostienen que el Pleno del TC fue constituido irregularmente, excluyendo al magistrado José María Macías, quien había sido designado ponente inicial. Esta exclusión, impulsada por una recusación del Ministerio Fiscal –que no era parte–, alteró el equilibrio del tribunal y modificó drásticamente su doctrina, según se detalla en el recurso.
Además, critican que la ponencia se asignara a Concepción Montalbán, magistrada del bloque progresista, en lugar de a Macías. Este cambio, argumentan desde el partido, sesgó el debate y privó a los recurrentes de un ponente imparcial. En su escrito dirigido al TEDH, enumeran cinco argumentos clave:
- Composición irregular del Pleno: Exclusión indebida de Macías sin justificación sólida.
- Vulneración del derecho a un tribunal predeterminado: La exclusión creó un Pleno «ad hoc» que favoreció el aval.
- Indefensión procesal: No hubo resolución previa sobre una súplica contra el rechazo a medidas cautelares.
- Sesgo en la ponencia: Asignación a Montalbán, con borradores que favorecían ampliamente la amnistía.
- Incompatibilidad con la UE: La ley contradice intereses financieros europeos, tal como señalan recursos pendientes en el TJUE.
Estos puntos están estrechamente relacionados con los antecedentes del procés. El TC ya admitió recursos de figuras como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas, rechazando solo parcialmente cuestiones planteadas por el Supremo sobre desórdenes públicos. Sin embargo, excluyó la malversación con perjuicio para la UE, lo cual no satisface al PP, que considera que esta norma representa un chantaje político validado judicialmente.
