MADRID, 3 (OTR/PRESS)
Cuando se anuncian nuevos peajes y recortes, los ciudadanos tienen derecho a preguntar por qué los políticos que deciden sobre nuestras vidas no dan ejemplo con sus actos. No pagan por viajar en coche oficial pero algunos barruntan la posibilidad de cobrar a los enfermos que necesiten ser trasladados en ambulancia. En Cataluña quieren cobrar por la estancia y la comida que se despacha en los hospitales, pero ni al señor Artur Mas ni a sus colaboradores se les ha pasado por la cabeza cerrar la docena de oficinas/embajada que la «Generalitat» tiene repartidas en una decena de países. Tampoco parece que vaya a prescindir de alguno de los seis canales de la televisión autonómica, pese a que TV3 está endeudada hasta las cejas, como, por lo demás, lo están el resto de los canales públicos.
En Madrid, la presidenta Aguirre quiere cobrar peajes en algunas carreteras. En Baleares, el presidente, José Ramón Bauza, ha cerrado dos hospitales. Se habla de más pagos y más recortes en servicios públicos pero no se habla en serio de podar el frondoso árbol de las cuatro administraciones que se solapan. En España salimos a 63 funcionarios por cada mil habitantes; en Alemania, que casi nos dobla en población, no pasan de 50. El modelo autonómico ha contribuido a la modernización del país, pero sus actuales dimensiones son insostenibles. Lo saben los políticos, pero como parte afectada, miran hacia otro sitio cada vez que alguna voz señala lo que es evidente: que al doblar competencias -triplicar o cuadruplicar si incluimos ayuntamientos y diputaciones-, no hay presupuesto que lo aguante.
Y en esas estamos: subiendo impuestos y recortando en sanidad, educación, investigación y defensa porque ningún político quiere quedarse sin coche oficial. Mal vamos.
