Uno de los cambios que el Gobierno propone es modificar la » Ley de Enjuiciamiento Criminal» mediante una proposición de «Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales» frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, y más conocida como << Ley Begoña>>, para que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de los casos, en lugar de los jueces.
Según el portavoz socialista –el Patxi «pá los amigos»– lo que dicha reforma busca es «impedir los mecanismos de acoso» por parte de los grupos «ultras»– ¡pero de «la derecha», por supuesto!, ya que los de «la izquierda» no son ultras, sino «defensores del pueblo»– que usan la acusación popular para fines propios y en su beneficio. Del discurso político se ha pasado a la acción legislativa con una redacción que la mayoría de la judicatura considera inconstitucional.
La reforma judicial que propone Sánchez, blindaría a su esposa y a su hermano, protegería a los etarras, evitaría a Puigdemont entrar en prision y dejaría en vía muerta las causas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la trama Koldo-Ábalos, dejando la acusación «solamente» en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional,a pesar de que la «acusación popular» está recogida en el Art. 125 de la Constitución Española: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine y en los Tribunales tradicionales y consuetudinarios.
Así mismo, el Art. 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «la acción penal es pública y, que todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley».
El anteproyecto de ley fue presentado durante el pasado verano a las asociaciones de fiscales por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien — además de acompañar «en persona» y «en público», al Excmo. Fiscal General a la inauguración del curso de acceso a la Carrera Fiscal– ha criticado su imputación por carecer de pruebas fundamentadas.
Últimamente todo el mundo habla y emplea el término «lawfare» como quién oye llover y como si fuese un vocablo conocido por la mayoria y usado desde siempre y, la verdad es que, dudo de que todo el que lo usa sepa y conozca su origen, su verdadero y real significado y su finalidad al usarlo.»Lawfare» no es un concepto jurídico en el ordenamiento español, sino un término importado del mundo anglosajón –construido con los términos «law» (ley) y «warfare» (guerra)– que se utiliza para abarcar la idea de una persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley. Se trata pues de la «utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente, generalmente, político».
Este acoso judicial permite obtener diversos resultados, desde detener injustamente a los adversarios políticos, paralizarlos financieramente, desprestigiar a oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del «golpe blando» –una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares– mediante la manipulacion de las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.
La sectaria proposición de ley presentada por el PSOE para limitar la acusación popular a partidos políticos y a las asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, ha creado una gran controversia en el panorama político español. Bautizada popularmente como «Ley Begoña»–en referencia a la esposa del presidente Pedro Sánchez– esta normativa ha despertado fuertes críticas desde la oposición, el ámbito judicial e incluso entre algunos socios y allegados al Gobierno, en concreto, en JxC. Aunque, como buenos»catalonios», ellos pretenden utilizarla como elemento de presión sobre Pedro Sánchez para conseguir concesiones en la negociación sobre la deseada «amnistía para todos los líderes del procés.
El principal argumento en contra de la «Ley Begoña» es que se trata de un intento velado de «amnistía» para los casos de corrupción que afectan a la esfera personal y política de Sánchez.
Limitar la acusación popular, según sus detractores, evitaría,»sí o sí», que los partidos políticos y las asociaciones puedan ejercer como acusación «popular» en procesos judiciales, lo que dejaría en manos de la Fiscalía –supeditada «al» y controlada «por» el propio Gobierno– la decisión de perseguir o no, según de qué personas o delitos se trate.
Para los partidos de la oposición, esta situación se agrava por la existencia de casos judiciales que involucran a la esposa y al hermano del presidente, lo que hace sospechar que la «Ley Begoña» solo tiene un primigenio y esencial objetivo: blindar a la familia presidencial de todas y cada una de las consecuencias legales en que pueden incurrir.
Uno de los principales y más tenaces detractores de esta «Ley», es el líder y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo –«el invicto galego do Peares»– al considerar que la normativa es un «frontal y directo ataque al Estado de Derecho» y una muestra más del «totalitarismo» que ejerce Pedro Sánchez. No podemos olvidar que ese «totalitarismo», debe ser entendido como una forma nueva(moderna,tecnológica). del absoluto dominio político, cuyos caracteres son comunes a la Alemania nazi y al régimen estalinista soviético en, al menos, los siguientes puntos: un partido único de masas, un caudillo carismático que controla el partido, una ideología oficial, un control de la economía, de los medios de comunicación y de las fuerzas armadas por parte del partido, un sistema policial de control social y un gobierno que se aprovecha de la apatía e indiferencia de la sociedad para consolidar cada vez más su omnímodo poder.
La nueva norma impulsada por los socialistas elimina la acción popular en causas judiciales y limita la tutela judicial ya que solo contempla la figura de la acusación popular solo en algunos casos, como en el cohecho,tráfico de influencias, malversación, prevaricación o delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Además, la disposición transitoria única de esta norma dispone que los cambios que introduce se «aplicarán a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor». Teniendo en cuenta que, al tratarse de una proposición de ley, todos los trámites se agilizan para su aprobación, esta torticera maniobra del «PS» (Partido Sanchista) se podrá aplicar a las investigaciones sobre Begoña Gómez, el hermano del Presidente y el fiscal general del Estado y el Koldo-Abalosgate, todos ellos imputados.
¡Ah, qué tiempos aquellos en los que el PSOE defendía la acusación popular como una joya de la democracia! Pero, claro, la democracia es maravillosa siempre y cuando no se vuelva en tu contra. Ahora resulta que hay que “ponerle límites” porque no es justicia, sino “circo”. Si es que da gusto ver cómo cambia la percepción de las cosas según quién esté en el banquillo.
Nos dicen que con esta ley se acabarán las denuncias basura y todos los juicios mediáticos. ¡Hombre, menos mal! Porque después de haber pasado años con tribunales que parecían el plató de «Sálvame», era muy necesario un cambio. Aunque da la casualidad de que ese cambio llega justo cuando las togas y las puñetas empiezan a revolotear demasiado cerca de ciertos dirigentes y aledaños al Gobierno. Seguro que todo esto es coincidencia pura y dura, como todo en la política sanchista.
El argumento de que el PP ha usado a jueces y fiscales “a su antojo” es tan viejo como el BOE, pero aquí nadie se acuerda de cuando los socialistas se paseaban por los tribunales con la misma soltura con la que Pedro Sánchez, hoy, cambia de discurso en campaña. Ahora que la justicia empieza a oler a «cadaverina» cerca de Ferraz, toca ponerse la chaqueta de víctimas y vendernos que todo es una cacería judicial. Y mientras tanto, la prensa afín a Moncloa nos explicará que la nueva ley no busca impunidad, sino la «protección de los derechos fundamentales».
¡Qué bonito!.Asistimos, de nuevo, al mágico esperpento del «sanchi-chavismo» puro y duro en una España lúgubre y distópica donde la separación e independencia judicial es buena hasta que deja de ser conveniente para los que ejercen el poder, sus familiares y allegados, donde las leyes se escriben con el mismo rigor que una escaleta de telenovela y donde la única justicia que vale es la que nunca molesta al poder.
¡Pasen, vean y disfruten del gran espectáculo, porque el telón aún no ha caído!
Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
