Buenos días:
Escribo esta carta para manifestar mi indignación por el trato recibido por unas personas mayores, vecinos de la localidad de Escuredo, perteneciente al término municipal de Rosinos de la Requejada (Zamora) cuya situación de aislamiento – apenas una docena de habitantes empadronados – se ha visto agravada de forma injusta a raíz de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno.
El pasado día 14 de abril y aprovechando las últimas luces de la tarde, las pocas vecinas que residen actualmente en Escuredo, OLIMPIA DE LA CONCEPCIÓN VARA ALVES de 70 años de edad, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN ESCUREDO BARRIO también de 70 años de edad y MARÍA DEL CARMEN BARRIO MONTERO de 63 años de edad, salieron hacia las afueras del pueblo al objeto de comunicar mediante teléfono móvil con sus hijos y nietos, puesto que en las inmediaciones del casco urbano sólo existe cobertura muy deficiente para la compañía Movistar, haciéndose mutua compañía dada la proximidad de la noche.
A los pocos minutos oyeron aproximarse un vehículo y debido a que el pasado día 25 de marzo, el marido de Mª Carmen, FÉLIX BARRIO FERRERO de 64 años de edad fue denunciado por una patrulla de la Guardia Civil cuando se encontraba en una de las tres calles del pueblo, Mª Carmen por precaución salió de la carretera ocultándose tras unos arbustos, siendo seguida de María Con. Efectivamente, el vehículo resultó ser una patrulla de la Guardia Civil que se detuvo al ver a Olimpia Con localizando inmediatamente a sus dos acompañantes.
Tras la oportuna identificación y comunicarles los motivos de su desplazamiento arriba señalados, las vecinas informaron a los Agentes del Instituto Armado que junto con sus maridos son las únicas habitantes del pueblo, en el cual residen la mayor parte del año – salvo los meses de invierno – a pesar de seguir empadronadas Olimpia y María en Madrid así como Mª Carmen en Barcelona por razones médicas especialmente, circunstancia muy habitual entre las personas naturales de la zona, además de encontrarse en el pueblo con anterioridad a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo. A pesar de las explicaciones dadas, los Agentes les informaron que iban a denunciarlas por encontrarse en la vía pública conforme a lo dispuesto por el Real Decreto del Gobierno.
Estos hechos alcanzan no sólo a cuatro de las seis personas que habitan actualmente la localidad, sino que por medio precisamente de las comunicaciones que mantienen con el exterior, han tenido conocimiento que en parecida situación se han encontrado otros vecinos de las localidades de Rosinos, Doney o Monterrubio. Desde entonces, las vigilancias en el pueblo de los Agentes de la Guardia Civil se han incrementado considerablemente, previniendo a algún vecino durante estas visitas, contra actividades tales como cortar leña, sembrar o recolectar cualquier tipo de cultivo o incluso realizar labores de mantenimiento de las colmenas, por no ser actividades de primera necesidad.
Este incremento de visitas por parte de los Guardias Civiles del Puesto de Mercado del Puente, no ha tenido por objeto interesarse por las dificultadas que pudieran estar atravesando estas personas mayoras, ni tan siquiera facilitar el tan preciado material sanitario, como así ha ocurrido en otras localidades, acaso porque los Agentes deducen que cualquier otro sitio donde reparten mascarillas y guantes reúne mejores condiciones para la propagación del virus. Sin embargo, no pueden estos vecinos de avanzada edad dejar de ver estas inusuales visitas como un estéril exceso de celo por parte de los Agentes en la persecución de pequeños ilícitos administrativos que recuerda el de otros tiempos.
Desde un punto de vista legal, el Real Decreto que declara el estado de alarma refiere entre sus finalidades “. . . . proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Es por tanto la protección de la salud la principal finalidad de la norma, que en este caso queda garantizada por el casi completo aislamiento de las personas afectadas, dada la escasa población de la localidad y su distanciamiento a más de 7 kms del pueblo más cercano.
Una interpretación excesivamente rígida de la norma, como resulta de la intervención de los Agentes del Instituto Armado y dadas las actuales circunstancias, no sólo no aporta nada a la salud y seguridad de los ciudadanos, sino que además les ocasiona el perjuicio añadido de no poder comunicarse de forma habitual con familiares y amigos, aparte de ahondar todavía más si cabe, en el aislamiento que sufren las personas que viven en estas áreas deprimidas.
Por último, quisiera apelar a ese medio de comunicación como servicio público que es, para que se dé a conocer la situación de estos pueblos de la España Vaciada y de las circunstancias que atraviesan nuestros mayores, principales perjudicados por esta cruel enfermedad, los que ya pusieron su esfuerzo en la reconstrucción de nuestro país hace décadas y que siguen contribuyendo con su esfuerzo al mantenimiento de las costumbres y de la poca vida que queda en estos pueblos al borde de la desaparición.
Madrid, 28 de abril de 2020
