Antes de entrar en la novela de terror, conviene recordar que no partimos de cero. Hoy, en la España real, la eutanasia se vende como “compasión”, “autonomía” y “muerte digna”. Pero los hechos son un poco menos poéticos: hay casos en el mundo de personas con demencia eutanasiadas mientras se resistían físicamente; juicios en países pioneros porque se aplicó la eutanasia sin cumplir ni de lejos los requisitos; enfermos de salud mental que pasan del diagnóstico a la inyección letal sin haber agotado tratamientos; discapacitados y veteranos de guerra a los que, en lugar de mejorar las ayudas, se les sugiere educadamente la “opción” de ponerse fin. Eso ya está pasando.
Los escándalos que hoy se consideran “excesos aislados” tienen un patrón muy claro: la pendiente siempre es hacia abajo. Los criterios se amplían, las garantías se relativizan, la presión económica aumenta y la idea de que hay vidas “demasiado costosas”, “demasiado frágiles” o “demasiado problemáticas” va calando en la cultura. Donde ayer eran “casos extremos” y “solo terminales”, hoy ya es depresión crónica, soledad, pobreza, desgaste. Y donde se prometió un “último recurso excepcional”, la práctica se convierte, poco a poco, en un servicio más del catálogo sanitario.
Con ese punto de partida, ahora sí, demos un salto de cincuenta años.
Un día normal en 2075. Es 15 de marzo de 2075. Recibes en tu buzón electrónico la notificación rutinaria del Sistema Nacional de Salud (Salud, que ironía,): “Tiene disponible su Evaluación de Continuidad Vital”. No suena amenazador; al contrario, el mensaje viene acompañado de un vídeo amable, con música suave y parejas mayores cogidas de la mano. Te agradecen “toda una vida de contribución” y te invitan a reflexionar, con madurez, sobre si deseas seguir recibiendo tratamientos intensivos o prefieres acogerte al “Programa de Transición Serenidad”.
El Programa de Transición Serenidad es la joya de la corona del Gobierno. Ha permitido (según los anuncios oficiales) reducir el gasto sanitario en un 30%, asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, liberar camas hospitalarias y “garantizar que nadie muera en soledad ni con sufrimientos innecesarios”. La palabra “eutanasia” casi ha desaparecido del vocabulario. Ahora se llama “alta terapéutica definitiva”, “acto de autodeterminación solidaria” o “cierre vital responsable”.
A los 75 años, todo ciudadano recibe su primera invitación formal. A partir de los 80, la carta ya incluye una recomendación “basada en algoritmos de justicia sanitaria”: si tu perfil de ingresos, dependencia y pronóstico supera cierto umbral de coste, el sistema te felicita por tener la posibilidad de “transformar tu último gesto en un legado de generosidad hacia las nuevas generaciones”.
En teoría, nada es obligatorio. En la práctica, todo empuja en la misma dirección. El médico de cabecera (agotado, mal pagado y entrenado durante años en “evitar encarnizamientos”) sugiere que no tiene sentido “prolongar lo inevitable”. El trabajador social, entre líneas, te recuerda que tu pensión apenas cubre los cuidados que necesitas. Tus hijos, con jornadas laborales interminables y sueldos precarios, te quieren, sí, pero también suspiran de alivio cuando oyen frases como “no seré una carga para vosotros”. El mensaje cultural es nítido: el buen padre, la buena madre, es la que se quita de en medio a tiempo.
En este 2075, el mapa de la eutanasia se ha extendido casi por todo el planeta. Lo que empezó con ancianos enfermos se ha ampliado a: Personas con discapacidad consideradas “irreversibles”, Pacientes con enfermedades mentales que “no responden” a tratamientos estándar, Mayores que viven solos y declaran sentirse “cansados de vivir” y Ciudadanos con deudas impagables que aceptan la eutanasia a cambio de condonar todo a sus herederos.
Los formularios son elegantes. Las clínicas (públicas o concertadas) tienen nombres de spa: “Horizonte”, “Alba Serena”, “Casa del Último Descanso”. Hay incluso paquetes turísticos: morir frente al mar, con copa de vino ecológico y playlist personalizada. Las campañas institucionales hablan de “libertad hasta el final” y muestran historias conmovedoras de personas que “decidieron irse con dignidad evitando sufrimientos a los suyos”.
Lo que no sale en los anuncios son los otros datos: las estadísticas de personas que aceptaron la eutanasia justo después de perder ayudas, de recibir un diagnóstico precipitado o de una crisis económica brutal. Tampoco se habla de los familiares que confiesan, en voz baja, que sintieron una mezcla de alivio económico y culpa insoportable. Ni de los médicos que, tras años de “procedimientos de transición”, empiezan a ver a sus pacientes como dossiers costosos más que como biografías únicas.
A estas alturas, la idea de que la eutanasia pueda servir como herramienta de control poblacional ha dejado de sonar conspiranoica. No hace falta un dictador vociferante. Basta con una suma de factores: sistemas de salud colapsados, población envejecida, recursos limitados, algoritmos que priorizan la eficiencia por encima de la dignidad.
Las políticas de “sostenibilidad demográfica” incluyen, junto a discursos sobre energías verdes y consumo responsable, un capítulo discreto pero muy efectivo: promover activamente la salida “digna” de quienes ya “han completado su ciclo vital”. Nadie obliga a nadie, se insiste. Simplemente se “acompaña” a las personas vulnerables a tomar la decisión “correcta”. Las campañas recuerdan que “dejar ir también es amar” y que aferrarse a la vida “a cualquier precio” es casi un egoísmo.
Mientras tanto, los niños no nacidos de generaciones anteriores (los descartados por aborto con la misma lógica utilitarista) ya no están para protestar. La cultura que aprendió a seleccionar qué vidas merecían ver la luz del sol no tuvo grandes dificultades en pasar a decidir qué vidas merecen seguir bajo ese sol y cuáles no.
Lo más inquietante de esta distopía no es la tecnología ni las leyes, sino la costumbre. Al cabo de décadas de discursos, series, reportajes y testimonios emotivos, la eutanasia masiva se ha convertido en paisaje. El vecino que “se fue por Serenidad” es comentado con una mezcla de admiración y envidia: “qué valiente, qué generoso, qué detalle con sus hijos”.
Quien se resiste empieza a ser visto como raro, como obstinado, como casi antisocial. Los ancianos que quieren agotar hasta el último minuto de vida son descritos como “aferrados”, “irracionales”, “consumidores de recursos”. Y cualquier movimiento que siga hablando del valor intrínseco de la vida, de acompañar hasta el final sin matar, es caricaturizado como fanático, cruel o medieval.
Al final, la pregunta decisiva no es si esta distopía es posible técnicamente. Lo es. La pregunta es si ¿seríamos capaces de reconocerla cuando ya estuviéramos dentro?. Porque llevamos años caminando en esa dirección, siempre convencidos de que “sólo es un pequeño paso más”, “sólo casos extremos”, “sólo por compasión”. Hasta que un día descubrimos que la compasión se ha convertido en el argumento perfecto para deshacerse, de forma limpia y legal, de los más frágiles.
Tal vez en 2075 alguien mire hacia atrás y se pregunte cómo fue posible. La respuesta, si somos sinceros, será muy sencilla: no llegó de golpe. Llegó envuelta en palabras bonitas, en leyes pulcras, en estadísticas favorables y en una idea muy seductora: que hay vidas que ya no merecen ser vividas (“Lebensunwertes Leben”, ¿les suena?). El resto fue cuestión de hábito.
¿DISTOPÍA?, YA VEREMOS…
