SI algo caracteriza a los llamados «ayuntamientos del cambio», más allá de su gestión, es el profundo sectarismo y la intolerancia que tratan de difundir mediante actos y campañas de todo tipo, con el único fin de sembrar el odio y la provocación hacia quienes no piensan como ellos, evidenciando su verdadera naturaleza liberticida.
Los consistorios gobernados por Podemos y sus filiales territoriales no han dudado en hacer uso del dinero público para atacar a la religión católica, burlarse del Estado de Derecho o facilitar la transmisión de mensajes violentos y radicales que, lejos de contribuir al interés general y la convivencia pacífica de la sociedad, lo único que pretenden es dividir a base de insultos, ofensas y menosprecios.
Los improperios sobre el Apóstol y la Virgen que se vertieron en el reciente pregón del carnaval de Santiago de Compostela, la esperpéntica Cabalgata de Reyes con la que se estrenó Ahora Madrid o las blasfemias que adornaron en su día los premios Ciudad de Barcelona no solo representan un ataque directo a la fe católica, sino a una de las señas de identidad más importantes de la sociedad española.
Asimismo, la habitual simpatía que muestran los populistas hacia el secesionismo o las «fiestas antirrepresivas» avaladas por el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se carga contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, revelan, igualmente, el nulo respeto que profesan estos partidos hacia la ley y sus servidores públicos, al tiempo que sus polémicas campañas sobre sexo y drogas generan rechazo y animadversión entre la inmensa mayoría de la población.
Este uso torticero y partidista del dinero público vulnera uno de los principios básicos de la democracia, que no es otro que la búsqueda del bien común.
