El Tribunal de Cuentas también examinará los números de los partidos autonómicos; IU y PCE no dan datos.
Las donaciones recibidas por las fundaciones de los partidos políticos en 2007, bajo sospecha. El Tribunal de Cuentas quiere analizar a fondo todo el dinero que han obtenido y para ello necesita la aprobación del Congreso de los Diputados.
A raíz de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos llevada a cabo en 2007, el Congreso habilitó al Tribunal de Cuentas para examinar las donaciones que reciben las fundaciones vinculadas a los partidos, pues a ellas se extendieron algunas de las normas que rigen para las formaciones políticas, como la prohibición de recibir donaciones anónimas y unos límites máximos de aportaciones.
La institución fiscalizadora incluyó este examen de las fundaciones en su informe de partidos políticos correspondiente a 2007, que fue aprobado el 29 de marzo y que acaba de remitirse a las Cortes, y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.
Pablo Iglesias, FAES…
En concreto, se examinaron las donaciones recibidas por un total de 26 fundaciones ligadas a los partidos políticos, incluyendo la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, y las socialistas Pablo Iglesias y Progreso Global -aún no existía la Fundación Ideas que agrupa a varias de estas organizaciones próximas al PSOE-.
Todas estas formaciones recibieron ese año un total de 3,20 millones de euros en donaciones, la mayor parte de los cuales fueron donativos directos (2,19 millones), frente a 639.499 euros instrumentados en convenios de colaboración, 261.214 euros tienen su origen en cuotas, 72.000 euros figuran clasificados contablemente como subvenciones, y 33.772 euros responden a aportaciones del partido declaradas en la relación de donaciones facilitada por las fundaciones.
Lo primero que ha detectado el Tribunal de Cuentas es que, «como generalidad», las donaciones no se han abonado en cuentas bancarias específicas para ellos, lo que incumple lo establecido en la Ley de 2007. En esta práctica han incurrido hasta las más poderosas (FAES, Progreso Global y Pablo Iglesias).
IU y el PCE no dan datos sobre su fundación
También ha encontrado discrepancia en cuanto a aportaciones de personas jurídicas que han recibido las fundaciones, pues ellas entienden que no son donaciones y en cambio el Tribunal de Cuentas sostiene que las ayudas derivadas de los convenios de colaboración reúnen las características de las donaciones.
Además, ha denunciado el caso de una entidad, la Fundación Horacio Fernández Iguanzo, vinculada al PCE de Asturias y a IU, que «no ha facilitado documentación alguna, a pesar de los reiterados requerimientos», lo que también «contraviene el deber de colaboración» establecido en la Ley.
La conclusión general del Tribunal de Cuentas es que el marco legal presenta «determinadas insuficiencias que inciden en la eficacia del control», por lo que considera «necesario evaluar la conveniencia de someter a los mecanismos de fiscalización las cuentas anuales de las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente con los partidos políticos».
Además, cree que la ley actual «no precisa los requisitos para establecer la vinculación orgánica» de las fundaciones con los partidos por lo que, «a fin de eliminar posibles incertidumbres», sugiere la posibilidad de integrarlas en el Registro de Partidos Políticos.
También las de partidos autonómicos
Cuestiona asimismo que se limite el examen a las fundaciones de partidos con representación en las Cortes Generales y ve necesario que se le permita analizar aquellas vinculadas con formaciones de ámbito autonómico para «potenciar la transparencia de la actividad de estas formaciones políticas y garantizar un tratamiento homogéneo con el resto de los partidos».
Igualmente, y «a efectos de que la transparencia en la financiación de los partidos y la eficacia de su control no resulte sensiblemente mitigada», la institución que preside Manuel Núñez aconseja extender a las fundaciones los «requisitos estrictos» que se aplican a los partidos en lo relativo a «límites de donaciones percibidas por las empresas privadas que, mediante contrato vigente presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público».
Por último, pide regular un régimen sancionador específico para las fundaciones vinculadas a partidos políticos para «solventar las previsibles dificultades» que se pueden presentar, especialmente «respecto a la imposibilidad de aplicar sanciones pecuniarias al carecer las fundaciones y asociaciones de las subvenciones anuales para gastos de funcionamiento», que es donde se cargan las multas a los partidos,.
