Podríamos preguntarnos por qué apenas dos medios han informado del sospechoso viraje que el PSOE de Galicia ha protagonizado en el asunto del Sahara Occidental
Los socialistas gallegos dan la espalda al Sahara Occidental. Aunque quizá cabría decirlo al revés: los socialistas gallegos han puesto a los saharauis de espaldas. Y para nada bueno, me temo. Es conveniente reflexionar sobre esto cuando se cumple el aniversario del acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975 que, de forma illegal, pretendió privar a España de su responsabilidad como potencia administradora del territorio.
Convendría preguntarse por qué la prensa gallega apenas ha dado cobertura a las concentraciones populares celebradas en Galicia para apoyar a las víctimas saharauis del ataque genocida que están sufriendo por las autoridades marroquíes.
Igualmente, podríamos preguntarnos por qué apenas dos medios han informado del sospechoso viraje que el PSOE de Galicia ha protagonizado en el asunto del Sahara Occidental. Porque la cuestión es importante.
El día 25 de noviembre de 2009, el PSOE-PSdG votó a favor de una «declaración institucional del Parlamento de Galicia expresando su firme apoyo a la causa saharaui».
En esa declaración, a la que todos los grupos parlamentarios, también el socialista, prestaron su apoyo, se decía, entre otras cosas «o seu firme apoio á causa saharauí, a súa solidariedade co pobo saharauí na loita polos seus lexítimos dereitos para alcanzar a paz e a liberdade, e demanda o respecto aos dereitos humanos nos territorios ocupados do Sáhara occidental e a inmediata liberación de todos os presos políticos saharauis».
Un año después, el 9 de noviembre, los socialistas gallegos frustraron una declaración institucional del Parlamento de Galicia contra la agresión de Marruecos en el Sáhara, por el tenor del cuatro punto de la propuesta:
«El Parlamento insta al Gobierno español a asumir su responsabilidad como potencia colonizadora en su actual estatus jurídico en el conflicto, a velar para que se respeten los derechos humanos, sociales, económicos y políticos en el territorio del Sáhara Occidental y a hacer cumplir los acuerdos de colaboración entre la UE y Marruecos».
El portavoz socialista, Fernández Leiceaga, aseguró que «entre el PP y el Bloque se empeñan en introducir exigencias excesivas al Gobierno de España [en referencia al cuarto punto] y no creemos que desde el Parlamento debamos hacer eso. Es un uso partidista de la declaración institucional en el que no estamos dispuestos a entrar».
Todo parece indicar que el Gobierno Zapatero ha enviado «recado» a través de uno de sus ministros gallegos para rechazar esa declaración. ¿Por qué? Porque la declaración acierta. Porque la responsabilidad de España como potencia administrativa del Sahara es la clave de todo: el abandono de esa responsabilidad causó el problema, y su reasunción es la única manera de resolvero.
Por eso, no es posible solidarizarse en «la lucha saharaui por sus legítimos derechos» si no se reconoce que España es la más autorizada para pronunciarse en defensa de esos derechos precisamente porque es la potencia administradora del territorio. La hipocresía socialista al descubierto…
