Los lunes, revista de prensa y red
“La `destrucción de mensajes´ de García Ortiz `coincidente´ con Moncloa fulmina al fiscal general en el Supremo”, de Ángela Martialay; “Arrodíllate más, Apolo”, de Jesús Amilibia; “NC culpa a Sánchez y Clavijo de estimular a Marruecos con iniciativas como la ampliación del mar territorial”, de Europa Press; y “Unpresidente arrastrado (y el riesgo que corremos)”, de Irene Camacho
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 10 )
LA `DESTRUCCIÓN DE MENSAJES´ DE GARCÍA ORTIZ `COINCIDENTE´ CON MONCLOA FULMINA AL FISCAL GENERAL EN EL SUPREMO”
Artículo de Ángela Martialay publicado en El Mundo el pasado día 10
El Alto Tribunal le condena tras analizar un cuadro probatorio “sólido, coherente y Concluyente”; que lo sitúa como el filtrador de los datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
«El fiscal general del Estado, como vértice de la organización, tiene un deber reforzado de reserva por el que debe velar por la correcta utilización de la información de la que dispone y que ha obtenido por razón de su cargo en una relación asimétrica de la que surge el deber especial de reserva para no poner en peligro los derechos de un justiciable».
Con este argumento, el Tribunal Supremo condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1 del Código Penal a una pena una multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. El fiscal también deberá indemnizar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador,con 10.000 euros.
El Alto Tribunal, que notificó el fallo el 20 de noviembre, dio ayer a conocer su sentencia, que cuenta con un voto particular de dos juezas discrepantes, Ana Ferrer y Susana Polo. La Sala que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta -ponente de la histórica resolución- considera probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo de la confesión del empresario.
Los magistrados condenan a García Ortiz tanto por la filtración del citado mail como por la nota de prensa posterior -aprecian unidad de acto-. A lo largo de la sentencia, enumeran todos los indicios que pesan contra el ex fiscal general, derivados de su delictiva actuación los días 13 y 14 de marzo de 2024. «El acceso singular a la documentación, la secuencia temporal de comunicaciones, la urgencia mostrada en la obtención de los correos, la llamada del periodista, el posterior borrado de los registros,los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración (…) permiten construir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena Ser»,concluye el tribunal.
Borrado masivo
Uno de los indicios clave fue precisamente el borrado que García Ortiz hizo de sus dispositivos móviles, justo después de ser encausado por el Tribunal Supremo. La Sala entiende que la causa explicativa de ese borrado «no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad» el condenado.
El Supremo señala que «no puede aceptar» como «argumento» de la destrucción de los mensajes enviados y recibidos por García Ortiz «obedeciera a una exigencia legal». «No existe disposición alguna que obligue al fiscal general a dejar en blanco, de cuando en cuando, toda, absolutamente toda, la información almacenada con ocasión del ejercicio de su cargo. Si, además, esa destrucción no es un acto aislado, sino que es cronológicamente coincidente en el tiempo con el borrado practicado en sus terminales por otros cargos públicos -la testigo Dª Pilar Sánchez Acera [ex alto cargo de Moncloa]» el TS entiende que «carece de toda verosimilitud» la tesis del acatamiento legal.
«En modo alguno puede entenderse que no preservara, de alguna manera, los correos relativos a los hechos, conociendo que éstos constituían una prueba esencial de su inocencia. Así lo hizo el Sr. Lobato, con menos conocimientos jurídicos que el Sr. García Ortiz», indica la Sala en referencia al ex líder de los socialistas madrileños.
Sin alternativa razonable
De igual manera, el tribunal subraya que «no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio fiscal tuvo una participación directa para hacer llegar al Sr. Campos el correo de 2 de febrero», en referencia al periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos que adelantó el mail de la defensa de la pareja de Ayuso admitiendo que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».En este sentido, la sentencia se detiene en una llamada de cuatro segundos de duración que García Ortiz mantuvo la noche del 13 de marzo de 2024 con el periodista de la Ser.
«Seguidamente, a las 21:38:36 horas se recibe en el terminal del fiscal general un sms.
De todas las llamadas analizadas en el período de tiempo investigado, esta es la única en la que registra estos datos. Todas las demás llamadas que se recogen a lo largo delinforme en las que el fiscal general no atiende la llamada, la compañía telefónica reporta cero segundos en la comunicación, lo cual llama sumamente la atención y es sugerente de una comunicación personal indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas».
Respecto a la nota informativa que ordenó difundir García Ortiz, y que recogía la propuesta de conformidad de la pareja de Ayuso sobre dos delitos fiscales, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma durante el juicio celebrado el pasado mes de noviembre. «La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa», concluye el tribunal.
«El deber de confidencialidad del fiscal general del Estado -en términos generales, de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal- no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público. El que otros medios de comunicación, como se arguye, el que medios de comunicación como la Sexta, elDiario.es, la Cadena Ser o El Plural -en el caso de que resultara acreditado como hecho cierto-, ya dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ya fuera en su formato original, ya en información sobre su contenido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general. Sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación».
El tribunal recuerda que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa -en referencia a que la propuesta de pacto de conformidad había sido frenada por García Ortiz, tal y como sostuvo el jefe de Gabinete de Ayuso- mediante la comisión de un delito. «La negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida», subraya la Sala.
La noticia de EL MUNDO
Como hecho probado, el TS destaca que «a las 21:29 horas del 13 de marzo, el diario EL MUNDO publicó una noticia, informando de que el día anterior el Ministerio Fiscalhabía ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reproduciendo parte de un correo electrónico remitido por el fiscal encargado del caso en el que se afirmaba: “podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente quieren”. Esta información, unida a los mensajes difundidos en redes sociales por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según los cuales la Fiscalía habría retirado el pacto ofrecido (circunstancia no recogida en la noticia de EL MUNDO y sin otro fundamento que una especulación gratuita del citado), motivó que desde la Fiscalía General se iniciara de forma inmediata una actuación para conocer lo ocurrido».
Sobre el deber de reserva que pesaba sobre García Ortiz, la Sala puntualiza que «informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al fiscal su voluntad de llegar a un acuerdo de conformidad mediante el reconocimiento de la autoría de los delitos fiscales. El artículo 4.5 del Estatuto Orgánico no autoriza a proporcionar información basada en documentos manifiestamente prescindibles para aclarar a quién había correspondido la iniciativa del expediente de conformidad».
El Supremo abunda en que «banalizar el deber de confidencialidad que pesa sobre todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal, respecto de los acuerdos preparatorios de una conformidad, distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras. Imaginar que un correo electrónico de la defensa, enviado para activar un pacto de conformidad, puede convertirse, en caso de que éste no sea aceptado, en la prueba reina para acreditar la autoría del delito imputado representa tambalear los presupuestos de ejercicio del ius puniendi. Y este deber de confidencialidad ha de ser interpretado con mayor rigor, si cabe, cuando quien lo quebranta es la cabeza jerárquica del Ministerio Público».
Vulneración derechos fundamentales
En este sentido, el TS entiende que se produce la lesión a los derechos fundamentales del imputado -derecho de defensa y presunción de inocencia- si la información que se divulga por la autoridad hace aparecer a una persona como culpable de un delito cuando, hasta el momento, solo es sospechoso de su comisión o, únicamente, ha sido denunciada. Porque, aun cuando la información ya hubiera sido divulgada, total o parcialmente -reiteran los magistrados- «el riesgo de quiebra de la presunción de inocencia permanece inalterable y con ello, el carácter reservado de la información».
Por otro lado, la sentencia también recoge otro hecho que quedó al descubierto durante la celebración del juicio oral. De la pareja de Ayuso se filtró todo. «También constatamos que sobre este mismo asunto se han producido otras dos filtraciones, la del expediente tributario, con datos de la propia fiscalía que había empezado su actuación, y la de la nota de prensa, tres horas antes de su difusión». El expediente tributario fue filtrado a elDiario.es y la nota de prensa a El País, todos ellos medios afines al condenado.
Sobre este extremo, el Supremo explica que estas «filtraciones no son objeto de este procedimiento pero revelan una forma de actuar, un tanto anómala, sobre este objeto procesal». La Sala inhabilita a García Ortiz como fiscal general mientras explica que no le compete aplicar las posibles consecuencias derivadas de la condena penal como es su expulsión de la carrera fiscal.
Artículo en:
https://www.elmundo.es/espana/2025/12/09/69384da4fdddffce028b4580.html
ARRODÍLLATE MÁS, APOLO
Artículo de Jesús Amilibia publicado en La Razón el pasado día 9
Leo: “Sánchez acelera cesiones a Junts para retomar la relación rota: asume el relato de Puigdemont de los incumplimientos”. Leo más: “A Sánchez no le vale con arrodillarse a medias”. O sea, que nada de hacer otra vez el paripé ni repetir “estamos en ello”. Nada de arrodillarse en el reclinatorio de la Moncloa, acolchado y forrado de terciopelo: de rodillas ante su señor en el frío suelo, como Dios manda. No ha cumplido con las promesas hechas al Puchi y, por tanto, es merecedor de castigo. No creo que al fugado le baste con ponerle cara a la pared en la clase, bajo los retratos de Karmele Marchante, Juanjo Puigcorbé, Pep Guardiola y Josep Carreras. Ni tampoco el flagelo de Miriam Nogueras, con su fusta de dominatrix oficial del independentismo. Ni que ésta le ponga los tacones de aguja en los mismísimos. No, eso no basta, dirá el Puchi, que siempre quiere más y se crece en los castigos.
Mientras medita la lista interminable de lo que queda sin cumplir, le aconseja (el Puchi aconseja, como buen Padrino) que vaya a reflexionar ante la Moreneta con Illa. O a Soto del Real, extramuros de la cárcel, a escuchar los cantes por carceleras (palo del flamenco) de Koldo y Ábalos. Page le ha rogado que no se arrodille, que está feo. Como mucho de lo que exige Junts depende de la UE y sus tribunales, el Puchi teme que al final el Apolo, muy compungido por sus faltas, triste como el marido que no cumple, le cante la popular copla: “Tú quieres que yo te dé/ lo que no te puedo dar/ el cordón de mi corpiño, mi niño/ que no lo puedo cortar…” Y encima, en español. Qué iluso: luego esperará que el Rey Mago de Waterloo no le traiga carbón.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/entretenimiento/noticias/arrod%C3%ADllate-
m%C3%A1s-apolo/ar-AA1RYxTt?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=6937db42c64b424a826c2d3dcf916e37&
ei=48
NC CULPA A SÁNCHEZ Y CLAVIJO DE ESTIMULAR A MARRUECOS CON INICIATIVAS COMO LA AMPLIACIÓN DEL MAR TERRITORIAL
Artículo de Europa Press publicado en su web el pasado día 8
En este sentido, ha alertado contra el “expansionismo marroquí y sus graves Consecuencias” para Canarias con iniciativas para ampliar el Mar Territorial entre el Sahara y Canarias, el control del tráfico aéreo del Sahara Occidental, la construcción de vías de comunicación con otros países africanos “utilizando” el Sahara Occidental o la captación de inversiones extranjeras y de la UE en los territorios ocupados, según ha indicado NC en nota de prensa.
Subraya que el “giro promarroquí” de Sánchez y Clavijo “tiene en común que, en los dos casos, las decisiones se tomaron sin contar con la opinión de sus propios partidos, PSOE y CC, ni con el poder legislativo”, ya que “no” han consultado ni al Congreso de los Diputados ni al Parlamento de Canarias.
Sobre la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, Rodríguez se refirió al “secretismo, sin que se sepa de qué se habló y qué compromisos pudieron establecerse en la misma”, al tiempo que criticó que de forma paralela, a través de la gubernamental Proexca, Clavijo organizó una misión comercial en zonas del Sahara ocupado.
Esto, dijo, se hizo “vulnerando el derecho internacional al avalar” la presencia de esas delegaciones comerciales en Dajla, en el Sahara Occidental, para “promover el desarrollo de un puerto que, además, compite con los canarios”.
Asimismo Rodríguez indicó que Marruecos ha ido aprobando leyes unilaterales para extender su Zona Económica Exclusiva, “solapándola con la canaria”, siendo una medida que “apunta a hacerse con el control del monte Trópic (que alberga cobalto, telurio, disprosio o neodimio), situado a casi 1.000 metros de profundidad, y de la Dorsal Atlántica, con tierras raras y minerales” de uso tecnológico civil y militar.
En este sentido, indicó que sus planteamientos “afectarían directamente a los intereses canarios en aguas que rodean al archipiélago” como la seguridad marítima, debido a que la delimitación “influye en la capacidad de control de Salvamento Marítimo, tráfico ilegal y vigilancia del SIVE”.
Por otra parte, expuso que Marruecos “lleva décadas intentando modificar o influir” en el espacio aéreo que afecta a Canarias (gestionado por España a través de ENAIRE) con el fin de “ganar control estratégico”.
Todo ello, añade, “en medio de una modernización militar” de Marruecos, con una “fuerte inversión, la mayor de África”, que incluye drones turcos Bayraktar, misiles balísticos chinos, fragatas FREMM, cazas F-35 en el marco de alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel.
Y, advierte, que es “en esa escalada” cuando medios marroquíes “se atreven a insinuar que reconocerían” la soberanía española sobre Canarias si el Estado español hace lo propio con Marruecos respecto al Sáhara, sin embargo subraya Rodríguez, “olvidando que son dos situaciones bien distintas y que el Sahara es un territorio que se encuentra pendiente de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas para que su pueblo ejerza el derecho de autodeterminación”.
Por todo ello, para el secretario de Programas de NC “se equivocan gravemente” los que consideran que las “ansias expansionistas de Marruecos quedarán plenamente satisfechas si logra, violentando la legalidad internacional, apoderarse del Sahara Occidental”, ya que puntualizó que sus “ambiciones de crecimiento continuarían en parte del territorio de Mauritania y de Argelia, como poco, generando más inestabilidad en una zona del mundo ya bastante” tensionada.
Por su parte, matizó, Nueva Canarias-Bloque Canarista “seguirá exigiendo que se cumpla” el derecho internacional con la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo del Sahara decidir su destino, al tiempo que seguirá “rechazando rotundamente” que Canarias “pueda ser utilizada como moneda de cambio en las relaciones España-Marruecos, negándonos a que su estatus jurídico, sus aguas, sus recursos o su espacio aéreo pueden entrar en negociación alguna”.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/nc-culpa-a-s%C3%A1nchez-y-
clavijo-de-estimular-a-marruecos-con-iniciativas-como-la-ampliaci%C3%B3n-del-
mar-territorial/ar-
AA1RSFN4?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=693696b163a9413ebed6c9bce3dbb824
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UN PRESIDENTE ARRASTRADO (Y EL RIESGO QUE CORREMOS)
Artículo de Irene Camacho publicado en Vozpópuli el pasado día 7
En su peor momento desde que, en noviembre de 2023, diera comienzo su tercera legislatura, agobiado por problemas de todo tipo, chapoteando en corrupción, maltratado por sus socios, prematuramente avejentado, el Okupa sigue resistiendo en Moncloa, aferrado al poder como una de esas lapas que resisten, pegadas a la roca, los temporales de la costa gallega. Muchos le dimos la semana pasada por prácticamente muerto tras la entrada en prisión de sus colegas del Peugeot, pero no lo está. Me cuentan que José Luis Rodríguez Zapatero, padre putativo del felón, sigue trabajando en la sombra, con un oído puesto en lo que ocurre en Venezuela (no tocar, peligro de muerte) y otro pegado a ese Puigdemont que sigue soñando con reanudar su vida y la de su familia en España y cuyos siete votos son fundamentales para que el canalla pueda completar la legislatura y volver a presentarse en 2027. Y me aseguran que en la sombra se están fraguando resultados y que la comedia de la ruptura tan exitosamente representada por Míriam Nogueras podría desembocar en un nuevo pacto PSOE-Junts que permitiera a Sánchez completar la legislatura y alargar la agonía de España efectivamente hasta el 27 y más allá. Con un salto cualitativo sustancial, porque ese nuevo pacto abriría definitivamente la puerta a la liquidación del Régimen del 78 y su sustitución por esa cosa que llaman Confederación de Repúblicas Socialistas Ibéricas.
El reciente artículo del líder de Junts en El País (“La única salida que tiene el socialismo español es la ruptura”, 23 de noviembre pasado), que ha pasado ciertamente desapercibido, daba la clave, la columna vertebral, del nuevo “contrato”. Esa pieza, que nunca se hubiera podido publicar sin el visto bueno de Moncloa (hay quien dice que durmió en presidencia varios días en espera de nihil obstat), contiene un párrafo final demoledor pero terriblemente ilustrativo de la sustancia de ese futuro pacto cuyo objetivo no es otro que enterrar definitivamente la España que salió de la muerte de Franco y la Constitución del 78. Dice así: “Si el socialismo español quiere salir del abismo solo tiene una opción: emprender la ruptura que se negaron a hacer hace 50 años. Y la ruptura empieza por reconocer el derecho a la autodeterminación de lospueblos, que es un concepto que el Partido Socialista había defendido durante décadas.
Con pactos con el antiguo régimen, como fue el pacto de la transición y la continuidad de la monarquía restaurada por Franco, sólo perpetuarán el régimen, que es lo que han estado haciendo hasta ahora”. Ahí está todo. Ahí está la amenaza, la traición que Sánchez y el PSOE están dispuestos a emprender en el callejón sin salida en que se encuentran, emparedados entre la orgía de corrupción de su círculo familiar y la
amenaza de acabar en el banquillo si se le ocurriera disolver para dar voz a los españoles, como sería lógico en buena práctica democrática.
En la misma línea se ha manifestado esta semana, 3 de diciembre, el capo de EH Bildu Arnaldo Otegi, el más fiel aliado de Sánchez, quien ha instado al presidente del Gobierno a “romper con la Transición y asumir una España plurinacional. Los países y los estados necesitan Gobiernos con propósitos”. No especifica el chico de las pistolas si con buenos o malos propósitos. Otegi establece una auténtica jerarquía de deberes por la que debería regirse Sánchez: ruptura de la Transición, realidad de esa España plurinacional y persecución de los millones de españoles que se nieguen a aceptar ese diseño, algo que verbaliza como “la necesidad de parar al bloque reaccionario formado por PP y Vox”. Es casi un calco de la receta que para Sánchez prescribe Puigdemont en El País. Bildu y Junts, los mayores enemigos de la unidad de la nación, son los dos socios preferentes del presidente, sus más firmes aliados. De la voluntad de ERC de sostenerle contra viento y marea caben pocas dudas, por muy arriba que suban las aguas de la corrupción socialista. Y la fidelidad del PNV al personaje tampoco está en cuestión. Lo manifestaba esta misma semana en Bilbao Aitor Esteban a un conocido financiero: “A Sánchez se la suda la corrupción, y a nosotros, si te soy sincero, hasta cierto punto también, no vamos a dejar de apoyarle por eso”.
Es el nuevo Pacto de San Sebastián, émulo de aquel que en los años treinta del siglo pasado acabó con la monarquía de Alfonso XIII para dar paso a la II República de triste recuerdo. Y los miembros de este nuevo pacto, toda la izquierda y la derecha nacionalista catalana y vasca, están decididos a hacer efectivo el cambio de régimen.
Nadie puede dudar a estas alturas de la voluntad de Sánchez Pérez-Castejón de someterse a esa mutación si con ello asegura su permanencia en el poder no ya hasta 2027, sino más allá; nadie sensato puede poner en duda su disposición a liderar esa “dinámica revolucionaria” que le plantean sus socios y que supondría el final de la Monarquía Parlamentaria y el nacimiento de una Tercera República Confederal Ibérica.
López Burniol, quien más y mejor ha venido teorizando sobre ese salto al vacío, establece varias etapas en el proceso. La primera, la exaltación de la mencionada “plurinacionalidad”, un proceso en marcha desde hace tiempo, con la izquierda y sus secuaces de la intelligentsia exaltando las diferencias entre regiones (“naciones”) con deliberada ignorancia de lo que las une. La segunda, el establecimiento de relaciones bilaterales o singulares del Estado con las distintas “naciones” del mismo, proceso igualmente en marcha y que el propio Sánchez se encarga de proyectar cuando recibe en Moncloa a Mertxe Aizpurua, portavoz en el Congreso de EH Bildu, con la parafernalia propia de la representante de un país extranjero. La tercera, la mutación de nuestro Estado Autonómico en un Estado Confederal, salto al vacío para el que será necesaria la colaboración de un Tribunal Constitucional dispuesto a mancharse las togas con “el polvo del camino”. Y cuarto y definitivo, el derrocamiento de la Monarquía y la instauración de esa República Confederal Ibérica que la izquierda tratará además de apellidar “Socialista”.
¿Ensoñación imposible? En absoluto. Es un proyecto que comparten las izquierdas sin excepción y las derechas separatistas catalana y vasca, un proyecto cuyo líder es Sánchez, el jefe de la banda dispuesto a seguir a riesgo de hacer realidad la división de España en dos mitades enfrentadas y sin posibilidad de conciliación, sin instrumentos democráticos para resolver el conflicto porque ya se ha encargado él de derribar los puentes de diálogo. Un proyecto que nos retrotraería a los más sangrientos episodios de nuestra historia. Media España contra la otra media. Otra vez. Es verdad que esta España no tiene nada que ver con la que acabó con la Monarquía alfonsina, porque mientras en aquella mucha gente solo podía defender su miseria, en esta todo el mundo tendría mucho que perder, pero la deriva emprendida desde junio de 2018 no puede ser más preocupante. El síntoma más inquietante, podría decirse incluso que más alarmante, de ese conflicto latente lo hemos visto esta semana en la disposición del autócrata a arrodillarse, a arrastrarse ante Junts pidiendo perdón por sus supuestos incumplimientos, espectáculo bochornoso nunca visto por estos pagos desde las abdicaciones de Bayona de Carlos IV y familia en favor de Napoleón Bonaparte. En lugar de disolver las cámaras y llamar a urnas, Sánchez se enroca y se humilla ante sus socios de referencia, y les implora una prórroga y viene a decirles que está dispuesto a pagar cualquier precio, dispuesto a todo con tal de renovar su condición de “presidente de alquiler” (Iñaki Ellakuría) al menos hasta 2027.
Y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ríe en su cara (“los partidos españoles sólo reaccionan cuando están acorralados”) mientras, con la boca pequeña, sostiene que el cisma es un hecho, aunque las fuentes sostienen que estamos ante una simple pose. Ella y su jefe saben, en efecto, que nuestro sátrapa está acorralado y saben también que solo tienen que esperar a que, en su extrema debilidad, acabe de “madurar” para terminar aceptando lo inaceptable en términos democráticos: la ruptura de la unidad de la nación para caminar por la senda de esa República Plurinacional. Además de arrastrarse ante Puigdemont, Sánchez ha querido enviarle un mensaje de buenas intenciones haciendo aprobar en Consejo de Ministros algunos de esos incumplimientos, “devolviendo a la Generalitat de Cataluñ”, en palabras del ministro Óscar López, “la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales”. El PSOE “devuelve a Cataluña” una competencia que nuncatuvo. Lo dicho, dispuestos a destrozar el país para mantener a Sánchez un día más en la poltrona. Por cierto que los funcionarios “habilitados nacionales” (interventores, secretarios y tesoreros municipales) fueron figura clave en 2017 como dique de contención frente al proceso separatista catalán.
Que está dispuesto a llevar este país al precipicio ha vuelto a demostrarlo también esta semana con el nuevo asalto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mediante los “ascensos” de dos de sus nombres más ilustres, Rafael Yuste y Antonio Balas. Sánchez se los quita de en medio por el método de la patada hacia arriba en puertas de procesos judiciales tan candentes como el de su hermano, el de su mujer o el “caso hidrocarburos”. En paralelo, pretende aupar a una ex asesora, además de cuñada de la ex ministra Teresa Ribera, a la codiciada vacante de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo que condenó al FGE García Ortiz y que deberá juzgar a José Luis Ábalos. Hablamos de Silvina Bacigalupo Saggese, hija de Enrique Bacigalupo, magistrado socialista de origen argentino que integró la Sala Segunda entre 1987 y 2011 y que, entre otras fazañas, salvó a Jesús Polanco y a Juan Luis Cebrián de la cárcel en el caso Sogecable. El apellido Bacigalupo es como una perenne maldición caída sobre la Justicia española, una pedrada perpetua a la aspiración de una España abierta y liberal.
Todo ocurre ante una España escandalizada por lo que ve a diario, pero silente. Cuenta Sebastian Haffner en su “Historia de un alemán” que Alemania sucumbió al nazismo a través del asalto a las instituciones democráticas, la manipulación de masas con una propaganda abrasadora, la polarización de la sociedad civil y la fuerza de choque de una minoría fanatizada (generosamente recompensada con prebendas de todo tipo) que se impuso sobre una mayoría apática o temerosa, llevando a la población a la aceptación gradual de la pérdida de libertades individuales, proceso que él vivió directamente como judío. Por suerte, lo único que nos diferencia ahora mismo de la experiencia que vivió Alemania en los años treinta es la falta de violencia, la ausencia del terror nazi, aunque quizá el sanchismo no lo necesite para acabar con la España de ciudadanos libres e iguales. En estas circunstancias, asistir al espectáculo de PP y Vox tirándose los trastos a la cabeza en Extremadura y en el resto del país no puede resultar más deprimente. En esas estamos.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/un-presidente-arrastrado-y-el-
riesgo-que-corremos/ar-
AA1RRxhJ?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=6935628b650a450e87a057938fda08cf&
ei=25
