Dieciocho constituyentes, diez de ellos de colectivos de derecha, patrocinan una iniciativa de norma constitucional que propone la creación de un sistema habitual en países democráticos, pero que ha sido tabú para todos los gobiernos y parlamentos chilenos desde el retorno del régimen civil, hace ya 32 años: medios de comunicación social independientes financiados principalmente por aportes del Estado.

Admiten, en su presentación, que “Chile precisa medios de comunicación públicos con la función de garantizar a la ciudadanía el libre acceso a la cultura, la entretención y la información neutral y plural”.

Suscriben los convencionales Bernardo de la Maza –periodista y ex conductor del noticiario central de la estatal Televisión Nacional de Chile-, Bárbara Rebolledo (periodista), Angélica Tepper, Paulina Veloso, Geoconda Navarrete, Luciano Silva, Roberto Vega, Ricardo Neumann, Cristián Monckeberg y Bernardo Fontaine, todos integrantes del pacto de derecha Vamos por Chile. Firman también Patricio Fernández, Patricia Politzer (periodista), Francisco Caamaño, Carlos Calvo, Miguel Angel Botto, Cristina Dorador, Malucha Pinto y Adolfo Millabur, de sectores de centroizquierda, independientes, movimientos sociales y este último de pueblo indígena, mayoritarios en la Convención Constitucional.

La iniciativa, que se suma a la del derecho a la comunicación y a la conectividad digital, aprobado en general y por unanimidad en la comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, establece que “existirán medios de comunicación públicos, autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad será crear y difundir material informativo, cultural y de entretención para la población”.

Dichos medios, continúa, “serán universales, independientes, diversos, pluralistas y cumplirán con un mandato de servicio público”. Deberán crear y difundir contenido de altos estándares informativos, educativos, culturales y de entretención, que promueva la educación cívica y la cultura nacional, y garantice la universalidad de su servicio y el acceso gratuito para la población.

Precisa, en este sentido, que los contenidos no sólo deben limitarse a la televisión, sino que adaptarse a los cambios generados por la llegada masiva de Internet e incluir una red multiplataforma de televisión, radiodifusión, digital, social y de podcast, citando el caso de la BBC de Londres.

Se propone un financiamiento mixto, compuesto mayoritariamente por aportes del Estado, que podrán provenir de otros servicios estatales e impuestos en esta área, y minoritariamente por aportes de privados, generados por el mismo medio de comunicación a través del avisaje emitido y la venta de contenidos propios.

La autoridad máxima de los medios de comunicación públicos, añade el articulado, será un directorio técnico e independiente, de composición, organización y funciones determinadas por ley.

Mandato ciudadano

La propuesta parte recordando la experiencia de Televisión Nacional (TVN), prestigiada y exitosa en dos períodos distintos de su historia, pero empañada por su identificación política con gobiernos y dictaduras y, finalmente, por malos manejos administrativos, financieros y de personal, sostiene.

“El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos básicos de sus nacionales, entre los que se encuentran los derechos de información, educación y libertad de opinión”, declaran los patrocinantes, aunque advierten que “no basta con que el Estado se limite a asegurar simplemente la existencia y pluralidad de los medios de comunicación, sino que también es necesario garantizar la operación de medios públicos de alcance regional y nacional, que tengan como principal objetivo la creación y difusión de contenido de calidad, diverso e independiente”.

Subrayan que el acceso de la población a la información es vital para la construcción de un proceso democrático, “en un mundo de imperios mediáticos que sirven los intereses de sus dueños, de estados que los utilizan con fines políticos y de las redes sociales donde abundan la desinformación y las noticias falsas”, agregan.

Describen, finalmente, cinco principios fundamentales: universalidad en el alcance y acceso a los medios públicos; diversidad y pluralidad de contenidos; independencia y autonomía de funcionamiento; transversalidad y multiplicidad de plataformas tecnológicas, y un mandato de servicio a la sociedad, supervisado por un ente regulador “que obligue a la producción de contenidos guiado por el interés ciudadano y no por intereses comerciales, de privados o partidistas”.

J.F.S.

Fuente: sala.cconstituyente.cl