La ley ha limitado de forma progresiva el despido "ad nutum", siendo ahora un despido causal
(Alfredo Sepúlveda, secretario de USIT-EP).- Estupor es lo que me ha producido la lectura en Religion Digital que el obispo de San Sebastián, D. José Ignacio Munilla, en noticia fechada el 15 de agosto de 2014, «ha aprovechado la Eucaristía con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen este viernes, para defender el «derecho» a elegir la asignatura de religión en los centros educativos «sin coacciones», así como para clamar contra el aborto y la creación de empleo de «ínfima calidad» como consecuencia de la crisis».
Con respecto al aborto ha indicado que «calificar de progresista el derecho a acabar con la vida humana en el seno materno, es similar a reivindicar como progresista el derecho del empresario al despido libre y sin contraprestación alguna«.
Y me produce estupor porque relacionar una cosa con la otra, es decir, una presunta idea progresista del aborto con el despido libre, ni siquiera dicho a modo de ejemplo, sobrepasa la soberana pamplina.
Monseñor Munilla parece no recordar que hasta el año 2007, la Conferencia Episcopal y los Obispos en sus jurisdicciones han mantenido el despido «ad nutum» del profesorado de religión, esto es, por decisión libérrima del Ordinario del lugar y, por descontado, si hubiese lugar a alguna contraprestación debía abonarla la administración educativa.
Sólo tenemos que recordar el Dictamen del Consejo de Estado (Número de expediente: 548/2007), referido al Proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación laboral de los Profesores de Religión prevista en la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el que se recoge textualmente en su antecedente segundo:
«Los representantes de la Conferencia Episcopal Española plantearon objeciones relativas a la no inclusión del Acuerdo del Estado con la Santa Sede de 3 de enero de 1979, entre las fuentes de la relación laboral a regular, a que no se explicite, en el caso de la religión católica, las competencias del Ordinario del lugar en orden a la propuesta del profesorado, a que no se singularice esta relación laboral en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la forma en que se prevé regular la extinción del contrato del profesorado de religión católica, entendiéndose que ésta debe ser sin motivación por el episcopado».
Proponían que en el acceso al destino se debería tener en cuenta la propuesta que el Ordinario diocesano realice para cada Colegio y, en particular, el destino pastoral de sacerdotes y religiosos; además de estar presentes en la valoración de los criterios de capacidad, mérito e igualdad.
Afortunadamente, se tuvo en cuenta el contenido de la STC 38/2007, que sostiene que la libertad religiosa colectiva de la que es depositaria la confesión religiosa, no es absoluta y mandata la ponderación con otros derechos fundamentales que puedan ser violados en la persona del trabajador, debiendo operar las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional de valores y principios cifrado en la cláusula del orden público constitucional.
También se puso de relieve que en nuestras relaciones jurídico laborales, la ley ha limitado de forma progresiva el despido «ad nutum», siendo ahora un despido causal, en el que se puede despedir por las causas que contempla la ley, aun cuando el empresario se libere de la causalidad con el abono de una indemnización
Monseñor Munilla, como miembro de la Conferencia Episcopal Española, fue tan responsable a título individual como en su conjunto, ya que no tenemos noticias de su oposición a las citadas objeciones, aunque ahora escuchamos que el contrato indefinido del profesorado de religión, no fue conseguido por la denuncia a la Comisión Europea por parte de USIT-EP de la vulneración de la Directiva 1999/70 CE, sino que fue siempre querido y alentado por los Obispos. ¡Ver para creer…!
