El papa Francisco ordenó una investigación, que Doctrina de la Fe cerró en falso, sin interrogar a los denunciantes. El Juzgado no ha recibido el informe
(Jesús Bastante).- El juez del «caso Gaztelueta», que investiga posibles abusos sexuales a un ex alumno por parte de un profesor del centro gestionado por el Opus Dei en Vizcaya ha ordenado la apertura de juicio oral, acusando al imputado de un «delito continuado de abusos sexual (…) concurriendo la circunstancia de haberse prevalido el responsable de una relación de superioridad manifiesta». Estos «hechos punibles», según el auto, al que ha tenido acceso RD, suponen una pena de entre 4 a 10 años de prisión, por lo que los hechos no pueden declararse prescritos.
Una pequeña victoria en mitad del calvario del joven «Asier». El responsable del juzgado de Instrucción número 5 de Getxo ha remitido el asunto a la Audiencia de Bizkaia, que ahora abrirá juicio oral. Ahora las partes tienen unos días para recurrir ese auto y, si no lo hacen, el juez remitirá el caso al tribunal provincial para que sea juzgado.
«De las diligencias instructoras practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, imputar a (…) los siguientes hechos punibles», apunta el texto, que considera probado cómo el ex profesor «le preguntó por su vida sexual, le mostró fotografías de mujeres tanto desnudas como en ropa interior y le preguntó si se masturbaba, al tiempo que realizó tocamientos al menor con ánimo erótico, tocando su espalda, muslos y abdomen, ordenándole que se sentara encima de sus rodillas para enseñarle las notas académicas en el ordenador, con el propósito de provocar su propia erección», al tiempo que «procedía entonces a tocarle las piernas, el pecho, los muslos, el cuello, los brazos, las nalgas y los genitales«. Entre otras lindezas.
La noticia ha sido recibida con «alegría y cautela» por parte de la familia del joven, y con una aséptica nota por parte del director del colegio, Imanol Goyarrola, en la que apunta que la apertura de juicio oral «era relativamente previsible por la seriedad de esas acusaciones y la oportunidad de dar continuidad al proceso jurídico abierto, una vez terminada la fase de instrucción».
Por su parte, el padre de la víctima señaló que el auto «es muy positivo. Me llena de satisfacción, y espero que el tribunal haga su trabajo«. No obstante, tildó de «indignante que se haya filtrado» el mismo antes de que la familia lo conociera.
«Esperamos que a partir de ahora la Iglesia mueva ficha y no mantenga, como hasta ahora, que lo que que proteger es la fama del profesor«, señala el padre de «Asier», quien añade que el dictamen judicial «corrige el proceso que abrió y que cerró en falso (Doctrina de la Fe), después de un procedimiento parcial y viciado de raíz, amén de que la persona que lo llevó es muy afin al Opus Dei y no se podía esperar otra cosa de él».
Sobre el comunicado del colegio, la familia lo considera «absurdo y mentiroso, está lleno de hipocresía porque ese es el modus operandi de la Obra. No tienen vergüenza, porque se han dedicado a tapar y a tergiversar».
Aunque el director sostiene que el colegio «siempre ha defendido la necesidad de poner todos los medios para llegar a la verdad de este asunto, dentro del ámbito judicial, y fuera de interferencias mediáticas», lo cierto es que la familia del joven presuntamente abusado niega esta colaboración, y acusa al colegio de querer cerrar en falso la investigación.
El caso se hizo público en enero de 2013, cuando el padre de la víctima explicó los abusos que había sufrido el menor en su centro escolar y la falta de una respuesta oportuna por parte del colegio, donde «lo negaron todo, porque quieren tapar la mala imagen del centro», reprochó entonces el padre.
Los presuntos abusos sexuales se cometieron en los cursos 2008-09 y 2009-10, cuando el niño cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía 12-13 años. La familia decidió no llevar el caso a los tribunales hasta que el estado anímico del joven le permitiese afrontar un proceso legal, y de esa manera esperó hasta junio del año pasado para presentar una querella en un juzgado de Getxo, cuando el chico ya era mayor de edad.
Como se recordará, el caso llegó al juzgado después de que la congregación para la Doctrina de la Fe concluyera, a toda velocidad, una investigación ordenada directamente por el Papa Francisco, quien mantuvo correspondencia con los padres del chico presuntamente abusado. Según Doctrina de la Fe, los hechos denunciados «no han sido probados y, en consecuencia, se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna otra medida en relación a la citada persona».
El escrito subrayaba que el colegio, gestionado por el Opus Dei, había llevado a cabo «un minucioso análisis» de «numerosos documentos públicos y privados», así como otros testimonios y entrevistas, algo que niega la familia del joven, que argumenta también la falta de cercanía del obispo de Bilbao, Mario Iceta, y de la propia Obra. El juez, por cierto, deja claro en el auto que el informe de Doctrina de la Fe no ha sido recibido en el Juzgado, pese a la petición tramitada por el ministerio de Justicia.
El Obispado, por el momento, guarda silencio. Y la familia del joven encuentra consuelo a través de los jesuitas de Vizcaya y de la mediación que, en privado, está llevando a cabo el nuevo arzobispo de Barcelona (y encargado por el Papa de profundizar en la lacra de los abusos en España), Juan José Omella, quien siempre ha estado cerca del Asier.
Tras el cierre en falso de la investigación vaticana, el director del colegio Gaztelueta, Imanol Goyarrola, afirmó estar «muy contento» con la decisión de cerrar el caso, aunque aseguró que el restablecimiento del «buen nombre» del colegio se conseguirá «esclareciendo los hechos y la verdad». «Cuando se sepa la verdad, queremos que se publique y que llegue a la sociedad», añadió.
No obstante, en marzo pasado, el colegio publicaba una nota del claustro de profesores en el que se mostraban «cansados de leer y escuchar relatos que nunca sucedieron», en referencia a los abusos. «Sabemos que es imposible que los comportamientos relatados por la acusación y difundidos por varios medios puedan haber ocurrido en el lugar que se menciona: un despacho siempre abierto, de uso común, donde está el teléfono, el botiquín, las tizas y que está situado junto a un baño general y tres aulas».
«Todos los profesores de esos cursos estamos seguros de que el antiguo alumno no fue atendido con mayor asiduidad de la normal y jamás observamos ningún hecho anómalo en la relación entre el antiguo profesor y él«, afirma la nota de los profesores. «Estamos hartos de esta situación de juicio continuo en los medios, después de lo que han investigado varias instancias ajenas al colegio, y pedimos que ahora se deje en paz a los profesionales de la justicia para que puedan realizar su trabajo sin presiones externas». El dictamen del juez tratará de continuar haciendo justicia a las víctimas.
