Toda impresión que he tenido al hablar con la gente es que [Pell] representa los valores familiares y es un líder en nuestra comunidad y un líder para Australia
(Cameron Doody).- Más de siete mil euros diarios. Es lo que cuesta la defensa del cardenal George Pell, Prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, en su juicio en Melbourne por presuntos abusos sexuales de menores. Nada más conocerse -en junio 2017- que la policía le había imputado, la Iglesia australiana comunicó que la ayuda que ofrecería al cardenal se limitaría a proporcionarle «acomodación y apoyo», y no a pagar sus costes legales. ¿A quién ha recurrido el cardenal, así pues, para costear su defensa?
En julio del año pasado, John Roskam -el director católico del think tank conservador Institute of Public Affairs– confirmó que un grupo de empresarios católicos habían habilitado un fondo privado en el que depositaron dinero destinado a la defensa de Pell y que invitaron a los fieles australianos a hacer lo mismo.
«La gente me preguntaba cómo podrían apoyar la defensa del cardenal Pell», dijo Roskam en aquel momento, apuntando a que los detalles de la cuenta corriente que hizo circular en boletines y webs parroquiales «vinieron de gente que asisten al cardenal».
«El propósito de este fondo es que hay mucha gente que quiere apoyar al cardenal y quieren darle una oportunidad para limpiar su nombre», añadió Roskam, precisando el por qué de este apoyo popular: «Toda impresión que he tenido al hablar con la gente es que [Pell] representa los valores familiares y es un líder en nuestra comunidad y un líder para Australia».
Según su página web, el Institute of Public Affairs -instrumental en la defensa de Pell- es un «centro de investigación independiente y no lucrativo dedicado a la preservación y fortalecimiento de la libertad económica y política», a favor de políticas públicas que fomenten «mercado libre de las ideas, la circulación libre del capital y un gobierno limitado y eficiente». Entre otras posturas, ha abogado por la privatización de las empresas estatales, la desregulación del mercado laboral o la abolición del sueldo mínimo, y mantiene una posición escéptica en relación con el cambio climático.
