Pues va a resultar que no somos todos iguales.
Ni ante la ley, como deja patente Sánchez con los golpistas catalanes, ni ante el dinero.
La fotografía de la riqueza en España es, el resultado de las diferentes políticas que se aplican en distintas partes de España. Así, desde el año 2003 en que Esperanza Aguirre llega al poder en la Comunidad de Madrid, se ha puesto en marcha una política económica ininterrumpida de liberalizar la economía y bajar los impuestos. Eso ha colocado a esta región a la cabeza de la economía española. Y el resultado es que mientras un madrileño atesora de media casi 687.000 euros, un extremeño apenas llega a los 229.000.
La publicación reciente del informe de EsadeEcPol aporta datos inéditos sobre cómo se reparte la riqueza a nivel regional y evidencia hasta qué punto el acceso a recursos económicos depende de qué políticas en favor del crecimiento se adoptan.
Madrid, la capital del patrimonio
El dato más llamativo es que los ciudadanos de Madrid son, con diferencia, los más ricos del país: su patrimonio neto medio —descontando deudas— alcanza los 686.988 euros. Es una cifra que triplica la registrada en Extremadura, donde la media apenas supera los 228.000 euros por persona. Este abismo se explica tanto por el dinamismo económico madrileño como por la concentración de grandes fortunas y activos inmobiliarios en la región. Y es que la gente tiene la costumbre de proteger lo que es suyo. Por tanto, no es descabellado que a una región que elimina el Impuesto de Patrimonio, el de la Muerte y que tenga el IRPF más bajo en todos los tramos, vayan a vivir más personas que tengan patrimonio que proteger.
Le siguen, aunque a distancia, otras comunidades del norte y del arco mediterráneo: Baleares (477.048 euros), Cataluña (433.628 euros), Cantabria (404.045 euros), Aragón (401.409 euros) y La Rioja (399.723 euros). Todas ellas superan con holgura la media nacional, situada en 382.828 euros.
Por debajo de ese promedio nacional se sitúan territorios como Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía y finalmente Extremadura. En estas regiones, el peso del sector público, la menor presencia de grandes empresas y el menor dinamismo inmobiliario explican parte del retraso patrimonial.
Tabla: Patrimonio medio por habitante (euros)
| Comunidad Autónoma | Patrimonio Medio (€) |
|---|---|
| Madrid | 686.988 |
| Baleares | 477.048 |
| Cataluña | 433.628 |
| Cantabria | 404.045 |
| Aragón | 401.409 |
| La Rioja | 399.723 |
| Castilla y León | 344.636 |
| Galicia | 325.063 |
| Comunidad Valenciana | 314.461 |
| Asturias | 306.818 |
| Murcia | 297.198 |
| Castilla-La Mancha | 285.259 |
| Canarias | 261.370 |
| Andalucía | 258.378 |
| Extremadura | 228.869 |
El norte rico frente al sur desfavorecido
La brecha patrimonial norte-sur es evidente: todas las comunidades con riqueza superior a la media se ubican en el norte peninsular o en las islas Baleares, mientras que las regiones del sur y los archipiélagos atlánticos quedan relegados al furgón de cola. Esta fractura responde tanto a factores históricos —industrialización temprana, acceso a capital humano y tecnológico— como al peso desigual del turismo, el empleo público, las infraestructuras, las leyes que restringen la actividad económica o los impuestos que desincentivan la actividad económica, la creación de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo.
Pero incluso dentro de las regiones más ricas hay una concentración extrema: en comunidades como Madrid o Cataluña, buena parte del patrimonio está distruibuida en pocas manos. Y es que uno de los resultados de los altos impuestos es perpetuar ese reparto de riqueza. Por una sencilla razón: las personas con elevado patrimonio inmobiliario o empresas son capaces de generar ingresos que mantengan ese patrimonio. Sin embargo, esos altos impuestos son los que impiden progresar a los que parten de cero. En otras palabras: la elevada fiscalidad es una herramienta que mantiene a los privilegiados del stablishment.
El vértigo de la desigualdad provocada
El dato que mejor ilustra este fenómeno es que el 10% más rico del país posee el 60% del patrimonio nacional. Si dividimos a la población española en dos mitades exactas, veremos que la mitad más rica acumula el 93% de toda la riqueza, mientras que la mitad más pobre apenas dispone del 7%. Este desequilibrio no solo no remite con el crecimiento económico reciente; al contrario, tiende a cronificarse o incluso acentuarse en los últimos años.
La evolución histórica confirma esta tendencia: según datos recientes, la ratio entre el patrimonio medio de la mitad más rica y la mitad más pobre ha pasado de 6,6 veces en 2002 a 12,5 veces en 2022. Esto significa que la desigualdad patrimonial prácticamente se ha duplicado en solo dos décadas.
Por otro lado:
- El top 1% más rico concentra aproximadamente el 26% de toda la riqueza.
- La mitad más pobre apenas alcanza el 7% del total.
- La clase media es quien más ha sufrido la reducción relativa de su riqueza desde la última crisis financiera.
Este reparto tan desigual se observa también si analizamos los tipos de activos: para los hogares más modestos predomina el dinero líquido (cuentas corrientes), mientras que para los ricos gana peso el negocio empresarial y las inversiones financieras e inmobiliarias.
Canarias: laboratorio extremo
Las diferencias territoriales no se limitan a Madrid o Extremadura. Un caso paradigmático es el de Canarias, considerada hoy por muchos expertos como la región con mayor desigualdad interna: allí, el 10% más acaudalado acapara también el 60% de toda la riqueza regional. La mitad inferior apenas accede al 4%, lo que coloca al archipiélago entre las zonas menos igualitarias de Europa occidental.
Este fenómeno se ha consolidado durante décadas: factores como el peso fluctuante del turismo, una estructura económica poco diversificada y altos niveles estructurales de paro han dificultado cualquier convergencia real con otras regiones españolas.
¿Puede revertirse esta tendencia?
El debate sobre cómo combatir esta desigualdad sigue abierto. Las llamadas políticas fiscales progresivas, subir más los impuestos a los que consiguen mejorar en la vida, desincentiva el esfuerzo mediante el emprendimiento pero es una fórmula que goza de respaldo en amplias capas sociales incapaces de ver la trampa que supone. Paradójicamente, los alienados por la ideología admiten que subir los impuestos al tabaco frena su consumo pero rechazan hiperventiladamente que subir los impuestos a las personas no frena el crecimiento económico.
En ese debate de medidas que combatan la desigualdad, el acceso a la vivienda es un área cada vez más ideológica y más ilógica. Las trabas para la construcción de obra nueva basadas en interminables legislaciones que cumplir e impuestos confiscatorios que abonar han hundido y encarecido la creación de nuevas viviendas. Al no haber apenas nuevas viviendas y las que se ponen en el mercado lo hacen a precios inalcanzables, los demandantes de vivienda se han trasladado al mercado del alquiler. Y aquí nos encontramos con que toda la política del Gobierno de Pedro Sánchez en contra de los propietarios de vivienda ha hundido la oferta y disparado los precios. Desde 2018, los datos del portal Idealista alertan de que se han retirado casi 300.000 inmuebles del mercado del alquiler y el precio medio del metro cuadrado en alquiler se ha disparado casi un 40%.
Lo cierto es que mientras no se acabe con las leyes asfixiantes de la actividad económica y con los impuestos confiscatorios, será difícil modificar un reparto tan asimétrico como persistente. Las cifras hablan por sí solas: vivir en Madrid multiplica por tres tu patrimonio respecto a hacerlo en Extremadura.
