Lo relevante es la impunidad.
Saben que pueden hacer lo que quieran y lo hacen.
La escena parece sacada de una película, pero ocurre en Alcobendas, al norte de Madrid.
En el sótano de un bloque de viviendas sociales, una plaza de garaje se ha transformado en dormitorio, salón y hasta cocina.
El protagonista es un hombre de origen argelino que, desde hace al menos cuatro meses, ha hecho de este espacio su refugio.
Ha instalado una cama, una nevera, una bicicleta y otros objetos personales.
La luz permanece encendida durante horas y las quejas por los olores y la suciedad se acumulan entre los vecinos, que pagan sus viviendas con esfuerzo y se sienten desprotegidos ante la pasividad institucional.
El hartazgo vecinal ante la pasividad de las autoridades
Los testimonios recogidos muestran una mezcla de indignación y resignación. Los residentes relatan que han contactado con servicios sociales, IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), la policía e incluso el concejal de seguridad.
Sin embargo, tras meses sin solución, la presencia del okupa se ha normalizado por inacción.
“Todos hemos pasado momentos difíciles en la vida y nadie se ha ido a una plaza de garaje”, lamenta una vecina.
El enfado crece cuando comprueban que el suministro eléctrico del garaje –pagado por la comunidad– alimenta la nevera y permite cargar el móvil del okupa: “Todo se lo tenemos que pagar los vecinos”.
Las condiciones insalubres también preocupan: algunos residentes denuncian malos olores y que el hombre realiza sus necesidades en el mismo aparcamiento.
El okupa niega estos hechos y asegura que limpia regularmente con agua que trae consigo, e insiste en que solo utiliza el espacio para dormir y no roba ni consume alcohol.
Okupación e inquiokupación: un fenómeno al alza
El caso de Alcobendas es el último ejemplo visible del avance del fenómeno okupa más allá de pisos o locales comerciales. Ahora, las plazas de garaje también están en el punto de mira. En lo que va de año, diversos medios han documentado un aumento en la okupación no solo tradicional sino también bajo fórmulas como la “inquiokupación”, donde personas dejan de pagar el alquiler pero no abandonan la vivienda amparándose en vacíos legales o dilatando su desalojo mediante falsos contratos o recursos judiciales.
En España, la percepción social sobre la okupación es cada vez más negativa, sobre todo cuando las víctimas son familias vulnerables o comunidades enteras afectadas por la convivencia forzada con okupas. La inseguridad, los problemas sanitarios y el desgaste económico son argumentos recurrentes entre los afectados.
Cambios legislativos y retos pendientes
El contexto legal tampoco ayuda a resolver casos como el de Alcobendas con rapidez. Aunque recientemente entró en vigor una nueva ley “anti-okupas” que permite desalojar a quienes ocupan inmuebles sin título válido en un plazo máximo de 15 días, esta medida no cubre todos los supuestos. Por ejemplo, no afecta a quienes presentan contratos –reales o falsos– o alegan relaciones previas con los propietarios.
Las asociaciones vecinales reclaman mayor protección legal y actuaciones más rápidas por parte del Estado para evitar situaciones como esta, donde las víctimas colaterales son quienes cumplen con sus obligaciones y ven deteriorada su calidad de vida.
El acceso a la vivienda: trasfondo social
Detrás del fenómeno okupa está la crisis estructural del acceso a la vivienda en España. Los precios elevados tanto para comprar como para alquilar dificultan que personas con bajos ingresos accedan a un hogar digno. En zonas metropolitanas como Madrid, esta presión es aún mayor sobre los colectivos más vulnerables: inmigrantes sin red familiar, desempleados o trabajadores precarios.
Según relatan los vecinos afectados, muchos residentes del bloque son beneficiarios de viviendas sociales y afrontan grandes dificultades para llegar a fin de mes. La llegada del okupa no solo supone un problema práctico sino que genera una sensación creciente de injusticia: “Aquí hay gente con mucha necesidad… somos gente humilde que paga cada céntimo”.
La respuesta pública: entre la comprensión social y la exigencia ciudadana
El caso ha reabierto el debate sobre hasta qué punto debe intervenir el Estado ante realidades tan complejas como la exclusión residencial o los conflictos vecinales derivados de la okupación. Mientras algunos piden soluciones habitacionales alternativas para evitar situaciones indignas –nadie debería vivir en un garaje– otros reclaman mano dura contra quienes alteran la convivencia.
En medio del desencanto vecinal por la falta de respuesta efectiva, surgen preguntas incómodas: ¿Qué papel deben jugar las administraciones? ¿Basta con endurecer las leyes o hay que abordar el problema desde su raíz: el acceso justo a una vivienda digna?
