Levanta la liebre Carlos Cuesta este sábado 9 de agosto de 2025, en Libertad Digital.
España asiste, en pleno verano, a uno de los capítulos más sonados y comprometidos del año político: el auto de la Audiencia Nacional que acredita la implicación probada de Isabel Pardo de Vera en los contratos de mascarillas adjudicados por ADIF a la empresa Soluciones de Gestión, dentro del llamado caso Koldo.
El impacto no se limita a un escándalo administrativo, sino que pone bajo lupa las prácticas del antiguo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), liderado entonces por José Luis Ábalos y gestionado en la sombra por su asesor, Koldo García Izaguirre.
El último auto judicial incorpora un párrafo demoledor: «Isabel Pardo de Vera Posada firmó documentos del contrato adjudicado por parte de ADIF a Soluciones de Gestión como Presidenta del ente».
La Audiencia Nacional considera acreditado que los contratos presuntamente amañados estuvieron bajo el dominio del MITMA: tanto ADIF como la Dirección General de Carreteras se sitúan en el epicentro del entramado.
Para estas actuaciones, Koldo García usó, presuntamente, la influencia directa sobre Pardo de Vera y Javier Herrero, tejiendo una red que favorecía sistemáticamente a determinadas constructoras y mercantiles vinculadas a la trama.
El sistema para amañar contratos: ingeniería política y administrativa
El mecanismo era tan simple como eficaz: desde la cúpula del ministerio se señalaban nombres clave para ocupar puestos estratégicos. Según grabaciones e informes policiales, Santos Cerdán presionó para que Javier Herrero Lizano fuese nombrado Director General de Carreteras y Pardo de Vera presidiera ADIF. Una vez situados en sus cargos, ambos habrían facilitado adjudicaciones sospechosamente favorables a empresas como Acciona o Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), con puntuaciones técnicas inusualmente altas frente a otras ofertas económicas.
La Unidad Central Operativa (UCO) recoge en sus informes grabaciones donde Koldo García instruye a sus interlocutores para manipular concursos públicos mediante criterios subjetivos y contactos personales. Los porcentajes «49-51%» se convirtieron en una suerte de código interno para referirse al reparto pactado entre los actores implicados. Este sistema permitía mantener una apariencia formal en las licitaciones mientras se aseguraba el resultado deseado para la trama.
Viñetas sobre el funcionamiento interno:
- Nombramientos dirigidos: presión política para colocar cargos clave afines.
- Manipulación técnica: evaluación subjetiva sobre criterios económicos.
- Red paralela: favores cruzados y comunicaciones cifradas entre asesores y altos cargos.
- Reparto porcentual: referencia interna al beneficio compartido.
La contratación irregular: el caso Jésica Rodríguez
No solo las mascarillas están bajo sospecha. La investigación también apunta a la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, quien fue enchufada en empresas públicas dependientes directamente de la presidencia de ADIF sin desempeñar tareas reales durante más de dos años. Según el juez instructor, Rodríguez percibió salarios sin realizar actividad alguna, lo que podría constituir malversación de fondos públicos. El informe revela correos y mensajes intercambiados entre Koldo García e Isabel Pardo de Vera organizando estos «enchufes» con comentarios tan surrealistas como: «Si no Jose (Ábalos) me corta los huevos».
Pardo de Vera llegó a advertir personalmente a Ábalos sobre el «daño reputacional» que podría suponer la contratación de Jésica Rodríguez; una advertencia que cayó en saco roto ante la presión ejercida desde el entorno ministerial. Las diligencias judiciales han permitido reconstruir cómo estos nombramientos se materializaban mediante llamadas directas y gestiones informales entre asesores y altos cargos.
Reacciones políticas: ironía parlamentaria y tensión interna
El escándalo ha salpicado al corazón del PSOE. Durante su comparecencia ante el Senado, Pardo de Vera mostró gestos de desaprobación e incredulidad ante las acusaciones, acogiendo su derecho legal a no responder preguntas sobre las mascarillas y dejando frases para el recuerdo: «Tengo miedo de este mundo; no reconozco lo que está pasando en este país». La escena parlamentaria se vio aderezada por un intercambio irónico cuando el senador popular le espetó: «No he visto jamás que un asesor llame a la presidenta de Adif y le diga ‘que guapa estás'», frase citada posteriormente por Francisco Marhuenda para subrayar el tono surrealista que ha adquirido el caso.
Desde Ferraz, Pedro Sánchez intentó capear el temporal reivindicando que su partido es «profundamente feminista», mientras las bases socialistas lamentaban públicamente los audios filtrados entre Ábalos y Koldo García comentando detalles personales sobre las distintas mujeres implicadas en la trama.
Las derivadas judiciales: ramificaciones peligrosas
La Audiencia Nacional mantiene viva la investigación principal, mientras el Supremo instruye solo la parte relativa al exministro Ábalos por su condición de aforado. Los registros domiciliarios han revelado documentos relacionados con la compra masiva de mascarillas y material digital vinculado con licitaciones públicas hallados en casa de Pardo de Vera; en casa de Herrero aparecieron miles de euros en efectivo junto con otros elementos incriminatorios. El caso Koldo sigue creciendo con nuevos imputados y derivadas hacia otros niveles administrativos.
Los informes policiales insisten en que existía una estructura paralela capaz de manipular adjudicaciones en beneficio propio, con favores cruzados aún bajo análisis judicial. Las constructoras implicadas han abierto investigaciones internas –Acciona afirma desconocer cualquier pago ilícito– pero reconoce haber ganado concursos mediante criterios técnicos discutibles.
Curiosidades y datos llamativos
- En uno de los correos interceptados por la UCO, Koldo García presionaba para contratar a Jésica Rodríguez con amenazas jocosas referidas al exministro Ábalos.
- El porcentaje «49-51%» no aparece en ningún documento oficial; era parte del argot interno para pactar repartos sin dejar rastro.
- La declaración parlamentaria sobre «asesores llamando para piropear» ha sido objeto tanto de memes como análisis político.
- Los registros domiciliarios incluyeron cinco millones de mascarillas adquiridas durante los primeros meses críticos de la pandemia.
- El número total estimado por Anticorrupción es superior a 100 millones en contratos bajo sospecha solo entre 2020 y 2022.
La actualidad política española sigue pendiente del desenlace judicial, mientras se multiplican las preguntas sobre hasta dónde llegan las ramificaciones reales del caso Koldo. Como curiosidad final: nunca antes un proceso judicial había generado tanta literatura humorística sobre piropos administrativos ni debates tan intensos sobre los límites entre confianza política e ingeniería contractual.
