En los últimos años, el trueque de puntos del carnet de conducir se ha convertido en una fórmula habitual para esquivar las sanciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).
A día de hoy, 23 de agosto de 2025, basta con entrar en plataformas de compra-venta entre particulares para comprobar cómo la oferta de puntos circula con total impunidad.
El mecanismo es tan sencillo como efectivo: se anuncian productos anodinos —un bolígrafo a 400 euros, un juego de llantas, o incluso un simple papel— y, como “regalo”, se ofrecen los puntos necesarios para eludir la retirada de carnet.
Este negocio clandestino se ha sofisticado en los últimos meses.
Los anuncios suelen disfrazarse para burlar los controles, pero el mensaje es claro: por entre 75 y 100 euros el punto, cualquier conductor puede encontrar a alguien dispuesto a asumir la sanción y aparecer como responsable en el expediente de la DGT.
Así, quien realmente ha cometido la infracción mantiene su saldo de puntos intacto, mientras el “donante” recibe una compensación económica directa.
Trucos familiares y bancos de puntos
La picaresca no se limita a extraños: muchos conductores recurren a familiares —especialmente personas mayores que apenas usan el coche— para que figuren como infractores. Abuelos, tíos o incluso amigos que conservan todos sus puntos se convierten en auténticos “bancos de puntos” familiares.
En la práctica, asumen la pérdida de puntos a cambio de que el verdadero infractor pague la multa económica.
El sistema sancionador de la DGT, basado en la identificación del conductor en caso de multa, facilita esta práctica.
Si el titular del vehículo no era quien conducía en el momento de la infracción, puede señalar a otro responsable, y es aquí donde se produce la mayor parte de los fraudes.
Los expertos de Tráfico reconocen que, salvo en los pocos casos donde la Guardia Civil para e identifica al conductor en el acto, resulta casi imposible detectar este tipo de suplantaciones.
Consecuencias legales: un delito grave, pero poco perseguido
La venta y compra de puntos del carnet no solo es inmoral, sino que constituye un delito grave según el Código Penal español.
La suplantación de identidad y la falsedad documental pueden acarrear penas de prisión de tres a seis años, además de multas económicas de 6 a 24 meses e inhabilitación para ejercer funciones públicas en el caso de funcionarios.
Sin embargo, la percepción social es que el riesgo de ser descubierto es bajo, y la falta de controles efectivos contribuye a la expansión del fenómeno.
La propia DGT ha reconocido la dificultad para erradicar el mercado negro de puntos.
A pesar de utilizar alertas informáticas y controles cruzados, la enorme cantidad de expedientes y la falta de identificación directa en la mayoría de sanciones de tráfico dejan la puerta abierta a la trampa. Solo cuando hay una investigación específica o una denuncia, se destapan estos fraudes.
La economía del fraude: precios y mecanismos
El precio de mercado de los puntos varía según la urgencia y la cantidad. Lo más habitual es pagar entre 75 y 100 euros por punto, aunque en algunos casos se han visto anuncios que ofrecen paquetes de varios puntos por cifras superiores. En situaciones extremas, donde el infractor se enfrenta a la pérdida total del permiso y depende de él para trabajar, la disposición a pagar crece notablemente.
En otros países como Francia, este mercado negro ha ido más lejos: los carnets de personas fallecidas se mantienen activos y se utilizan para atribuir infracciones, llegando a pagarse hasta 1.000 euros por saldo completo.
Allí, la presión social y mediática ha obligado a las autoridades a cruzar datos con los registros de defunciones para cerrar esta vía, pero en España la compraventa de puntos sigue siendo un negocio emergente, especialmente a través de redes sociales y plataformas de anuncios.
Un sistema en entredicho: ¿qué puede hacer la DGT?
La DGT ha reforzado en los últimos meses sus campañas de control y concienciación, y estudia reformas legales para endurecer las sanciones. No obstante, la realidad es que, mientras la identificación del conductor dependa de la declaración del propietario del vehículo, el sistema seguirá siendo vulnerable al fraude.
Entre las medidas propuestas destacan:
- Mejorar la tecnología de identificación en carretera para vincular infracción y conductor en el mismo momento.
- Cruzar datos con registros de defunciones, como ya ocurre en otros países, para evitar que carnets inactivos se utilicen en el mercado negro.
- Endurecer las penas para quienes ofrezcan o compren puntos, dotando a la DGT de más herramientas legales para investigar y sancionar estas prácticas.
- Campañas de información pública que alerten de los riesgos legales y éticos de participar en el fraude de puntos.
Impacto social y seguridad vial
El auge del mercado negro de puntos no solo supone una burla al sistema de sanciones, sino que pone en jaque la seguridad vial. Conductores reincidentes, que deberían estar apartados de la circulación, continúan conduciendo gracias a la compra de puntos, lo que incrementa el riesgo de accidentes y reduce la efectividad de las políticas de prevención.
Por otro lado, el negocio de los puntos alimenta una economía sumergida que escapa a cualquier control fiscal o laboral, y genera un sentimiento de desigualdad entre quienes cumplen la ley y quienes encuentran atajos. El resultado es un sistema percibido como injusto y fácilmente manipulable, que amenaza con erosionar la confianza en la labor de la DGT y en el propio Estado de derecho.
La necesidad de reformar el sistema y dotar a la DGT de mejores herramientas tecnológicas y legales es urgente. Mientras tanto, el mercado negro de puntos sigue creciendo, convertido en un reflejo de la picaresca y el ingenio, pero también del vacío legal y la falta de recursos para combatir el fraude en la carretera.
