La imagen de España como país moderno y conectado se resquebraja a lo largo de sus carreteras.
A día de hoy, 27 de agosto de 2025, los datos no dejan lugar a dudas: más de la mitad de la red viaria española está en un estado tan precario que exige intervención urgente.
Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), 54.373 kilómetros —de los 101.700 que conforman el entramado estatal y autonómico— presentan daños graves o muy graves y necesitan obras inmediatas para evitar riesgos mayores.
La urgencia es especialmente alarmante en los 33.966 kilómetros que requieren reconstrucción en menos de un año. Estos tramos sufren problemas estructurales como baches profundos y la llamada piel de cocodrilo (grietas profundas), así como grietas superficiales y pérdida de asfalto. El deterioro se ha disparado desde 2022, cuando apenas se contabilizaban 13.000 kilómetros en situación crítica; en solo tres años, esa cifra se ha triplicado. El ritmo de degradación anual es del 8%, una tendencia que pone en jaque la seguridad y eficiencia del transporte por carretera.
Disparidades territoriales: Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia encabezan el drama
No todas las regiones sufren por igual. El análisis territorial revela diferencias notables:
- Aragón: lidera el listado negativo con el 68% de su red viaria en estado grave o muy grave.
- Castilla-La Mancha y Galicia: rondan el 59% de carreteras necesitadas de intervención urgente.
- Castilla y León, La Rioja y Asturias: superan el 45% de deterioro.
- En contraste, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña presentan los menores porcentajes de daños graves.
Esta desigualdad no solo dificulta la movilidad interregional, sino que también pone en entredicho la equidad inversora del Estado y las comunidades autónomas.
Coste económico y social: combustible, accidentes y competitividad
El déficit acumulado para poner al día la red supera los 13.400 millones de euros. Esta cifra casi se ha duplicado respecto a informes anteriores por el encarecimiento de materiales, energía y mano de obra, además del agravamiento del deterioro.
Los efectos económicos ya son palpables:
- Solo durante julio y agosto, el sobrecoste en combustible derivado del mal estado del firme podría superar los 270 millones de euros, debido al mayor consumo energético y la reducción de velocidad media.
- El transporte por carretera se penaliza frente a otras modalidades como el ferrocarril, especialmente por el polémico impuesto a los hidrocarburos.
- Las incidencias repercuten en tiempos de viaje, costes logísticos para empresas y aumento potencial del riesgo vial.
¿Qué hace el Ministerio? La gestión política bajo lupa
Mientras crecen las alertas sobre seguridad e inversión, el foco mediático apunta al ministro de Transportes, Öscar Puente. Su presencia pública es más activa en redes sociales —tuiteando opiniones personales o compartiendo anécdotas— e incluso practicando golf, que afrontando el debate sobre infraestructuras.
Este vacío político choca con las recomendaciones técnicas:
- La AEC pide movilizar recursos desde los Presupuestos Generales del Estado, fondos europeos e impulsar sistemas de tarificación por uso.
- Se recomienda eliminar impuestos que penalicen el transporte vial.
- Se subraya la urgencia de estrategias público-privadas para acometer obras imprescindibles.
En paralelo, las medidas adoptadas tras episodios extremos como la DANA —que obligó a invertir más de 157 millones de euros para reconstrucción puntual— resultan insuficientes frente al volumen global del problema.
Tecnología e inteligencia artificial: diagnóstico más preciso pero soluciones lentas
La última auditoría se ha realizado con coches equipados con cámaras de alta resolución e inteligencia artificial supervisada por humanos. Esto ha permitido multiplicar por diez la muestra analizada respecto a años anteriores y afinar el diagnóstico territorial.
El avance tecnológico facilita detectar daños con mayor precisión pero no sustituye la necesidad urgente de inversión real.
¿Qué puede esperar el ciudadano?
La calidad del asfalto no es solo una cuestión técnica o presupuestaria; afecta directamente a la vida diaria: desplazamientos rutinarios, reparto logístico, turismo interior y seguridad vial.
Algunas claves prácticas para entender la magnitud:
- Más del 52% del total nacional está afectado por daños graves o muy graves.
- Cerca del 32% requiere reconstrucción inmediata.
- El déficit económico ronda los 13.400 millones.
- Aragón está a la cabeza con casi siete de cada diez kilómetros dañados.
El deterioro constante amenaza con convertir los trayectos habituales en auténticas pruebas para vehículos y conductores, mientras el debate político sigue ausente donde más se le espera.
El pulso entre diagnóstico técnico y respuesta política sigue abierto. Las próximas semanas serán decisivas para saber si este reto nacional logra salir del atasco institucional o si seguirá siendo trending topic en redes sociales mientras los baches crecen bajo nuestros neumáticos.
