Fernando Grande-Marlaska ha destinado 589 millones de euros entre 2021 y 2024 a mejorar los recursos materiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala una desigualdad alarmante: mientras las instalaciones policiales se encuentran en estado precario, las prisiones se adornan con lujos como piscinas. Esta situación ha suscitado críticas sobre el uso de los fondos públicos, ya que las prioridades parecen estar completamente desordenadas en un escenario marcado por restricciones presupuestarias.
El Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, que fue aprobado en 2019, contemplaba 67 actuaciones en comisarías y cuarteles, pero muchas siguen sin ejecutarse. Entre 2021 y 2023, se recurrió a 67 contratos de emergencia que sumaron más de 56 millones de euros, destinados únicamente a reparaciones urgentes en edificios de la Guardia Civil.
El Tribunal de Cuentas destaca que falta financiación ordinaria, lo que obliga a utilizar recursos extraordinarios que no satisfacen las necesidades reales. Además, la escasez de personal y recursos técnicos agrava esta problemática: el GIESE, con apenas 26 empleados, se esfuerza por gestionar la venta de propiedades para reinvertir, enfrentándose a altos costes y baja actividad.
Por otro lado, el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios ha consumido hasta ahora 2.932 millones de euros desde 1991; esto incluye una inyección reciente de 147 millones para 37 centros penitenciarios y 30 centros de integración social. Se proyectan dos nuevas prisiones y reformas en 21 más, pero persiste un escándalo: los servicios centrales penitenciarios alquilan su sede por 3,5 millones anuales sin haber construido una propia, mientras que ya hay 31 prisiones equipadas con piscinas. Este contraste pone en evidencia un gasto selectivo que deja a los cuerpos de seguridad en clara desventaja.
Los coches de Guardia Civil y Polícia Nacional, en un estado lamentable
El Tribunal de Cuentas ha constatado lo que las asociaciones profesionales de Benémerita y Policia Nacional han denunciado en múltiples ocasiones: la antigüedad, elevado kilometraje y mantenimiento deficiente en los coches patrulla. Según el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023 «un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros recorridos». La Policía Nacional no se queda atrás: un tercio de las unidades tiene más de 100.000 kilómetros y más de la mitad de los coches tiene una antigüedad de cinco años, mientras que uno de cada cuatro tiene más de 15 años.
A la vista de este informe, las compras de coches policiales resultan claramente insuficientes. El ministerio del Interior ha adquirido un total de 4.323 vehículos, distribuidos entre 2.659 para Policía Nacional y 1.596 para Guardia Civil, todo ello bajo el marco del Plan de Eficiencia Energética, financiado con fondos europeos para reducir emisiones. Esta compra incluye también 322 furgones UNIPOL destinados a la Unidad de Intervención Policial (UIP) entre 2020 y 2025, con una inversión total cercana a los 22,3 millones, además de adquisiciones recientes como las de 49 furgones Mercedes Sprinter por un valor aproximado de 3,88 millones, o cuatro vehículos específicos para guías caninos por un total de 289.000 euros. Adicionalmente, se ha licitado un contrato para el renting de 1.218 turismos camuflados por un importe cercano a los 35 millones, así como otros 570 vehículos más para diversas dependencias.
A pesar del esfuerzo realizado, el Tribunal de Cuentas advierte que muchos vehículos presentan un desgaste excesivo y no es viable depender exclusivamente del renting debido a las restricciones presupuestarias existentes. Aún queda mucho por hacer respecto a la inversión en medios aéreos y marítimos: la Guardia Civil opera actualmente con solo 36 helicópteros, lo que representa un descenso del 16% desde 2021, pese a haber incorporado siete nuevos H-135. Se prevé una reposición dentro de siete años por unos 150 millones, incluyendo la baja prevista para otras 29 embarcaciones obsoletas.
| Categoría | Vehículos adquiridos (2021-2025) | Inversión aproximada | Estado actual |
|---|---|---|---|
| Policía Nacional (UIP) | 322 furgones + 1.218 camuflados en licitación | 22,3M + 35M | Renovación parcial; necesidad urgente del renting |
| Guardia Civil | 1.596 turismos | Fondos UE | Flota envejecida; kilómetros acumulados excesivos |
| Guías Caninos | 4 vehículos nuevos | 0,29M | Refuerzo reciente |
Esta tabla ilustra cómo la atención prioritaria hacia vehículos «verdes» no hace más que evidenciar el colapso generalizado en medios aéreos y marítimos disponibles.
Armamento sin rumbo: denuncia del Tribunal de Cuentas
La falta de planificación específica por parte de la Dirección General de la Policía respecto a las inversiones en armamento es notoria; su enfoque se limita a fichas presupuestarias anuales basadas únicamente en incrementos en plantilla o cuestiones relacionadas con obsolescencia. Entre 2021 y 2024 se gastaron alrededor de 14,2 millones en 12.511 armas (67% cortas), alcanzando picos significativos durante los años 2022-2023 con 6.321 unidades adquiridas; sin embargo, estas cifras son modestas comparadas con cifras históricas como las registradas en 2008 (más de 12.000). Actualmente operan solo 407 pistolas eléctricas, muy lejos del objetivo fijado que contempla alcanzar las 5.000 para el año 2028.
El propio Tribunal de Cuentas critica abiertamente la falta absoluta de planificación en la compra del armamento; esto provoca decisiones reactivas más que estratégicas. Recientes controversias han surgido tras la rescisión unilateral del contrato para adquirir 15 millones de balas provenientes desde Israel por tan solo 6 millones; esto ha llevado al Partido Popular a presentar denuncias ante el Tribunal al acusar «arbitrariedad política», lo cual podría acarrear riesgos económicos significativos debido a posibles indemnizaciones. Asociaciones vinculadas a la Guardia Civil han expresado su preocupación sobre el impacto negativo que esto tiene tanto en formación como en operaciones diarias; incluso han ironizado al respecto diciendo: «Disparad poco, que sale caro».
Medios de trabajo e instalaciones precarias
Desde el año 2019 han surgido iniciativas como el PLISE o el PACEP prometiendo modernización; sin embargo, el actual ministerio enfrenta bloqueos significativos debido a una falta crónica tanto de fondos ordinarios como personal suficiente. Las inversiones extraordinarias solo logran cubrir emergencias puntuales pero no abordan lo esencial: actualmente hay 313 comisarías y 253 cuarteles deteriorados según cifras recientes . Esto puede acarrear serias consecuencias como un aumento del riesgo operativo para los agentes o retrasos preocupantes ante situaciones críticas; además socava aún más la confianza pública hacia la gestión realizada por parte del ministro Grande-Marlaska.
Las críticas provenientes desde guardias civiles situados en Valladolid han señalado un claro «menosprecio» hacia sus necesidades frente al trato recibido por parte del cuerpo policial nacional; esto ocurre pese al anuncio previo sobre planes destinados a invertir hasta 262,8 millones para llevar a cabo hasta 130 actuaciones hasta el año 2029. La crisis afecta incluso áreas sensibles como las investigaciones antiterroristas debido al recorte presupuestario destinado a cajas pagadoras. Si esta situación persiste podría desembocar en auditorías más estrictas o reclamos políticos adicionales incrementando así tensiones justo cuando nos acercamos al periodo electoral.
Es curioso observar cómo el GIESE gasta más recursos operativos que aquellos destinados realmente hacia ventas efectivas relacionadas con propiedades policiales; algo poco eficiente sin duda. Las mencionadas piscinas presentes ya en 31 prisiones contrastan notablemente con helicópteros cuya operatividad está llegando al límite; además cabe mencionar que el renting asociado al suministro de vehiculos camuflados incluye «kits policiales» complicados debido su naturaleza electrónica.
