El sábado 8 de noviembre marcó un antes y un después en la crisis de seguridad que atraviesa el sur de España. Una operación antidroga llevada a cabo en una nave industrial de Isla Mayor, situada en el Bajo Guadalquivir, terminó con un agente de la Policía Nacional gravemente herido tras recibir dos disparos de arma de guerra. Este suceso ha desatado una tormenta política que señala directamente al Ministerio del Interior y su máximo responsable, Fernando Grande-Marlaska, quien es acusado de abandono institucional en la lucha contra el narcotráfico.
Los acontecimientos se desarrollaron en la madrugada del viernes al sábado, cuando miembros del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Tartesos, encargado de vigilar el tráfico de drogas en Huelva, Sevilla y Cádiz, rodearon una nave industrial ubicada en la zona arrocera de Isla Mayor. El operativo, parte de una vigilancia coordinada a través del río Guadalquivir, se encontró con un grupo de narcotraficantes fuertemente armados. Estos criminales contaban con armas automáticas de guerra, específicamente AK-47, y se desplazaban en furgonetas cargadas de droga, escoltadas por pistoleros bien equipados. Cuando los agentes intentaron acceder a la nave poco después de las 13:00 horas, comenzaron a recibir disparos. El agente herido sufrió impactos en abdomen y pierna, lo que motivó su traslado urgente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece ingresado en estado grave pero estable.
La rebelión de Jupol contra Marlaska
La respuesta del sindicato mayoritario de la Policía Nacional no tardó en llegar. Jupol emitió un comunicado contundente exigiendo la dimisión inmediata del ministro Marlaska, calificando la operación como «inaceptable» y denunciando que el Ministerio del Interior dejó «desprotegidos» a los cuerpos policiales durante este enfrentamiento. Las críticas no se limitaron solo a cuestiones tácticas; también señalaron lo que consideran un problema estructural por falta de liderazgo desde Madrid.
Los agentes apuntan que esta operación evidenció una «grave falta de medios» y una «ausencia total de liderazgo» desde la capital. Carecían de refuerzos adecuados, apoyo técnico suficiente y una planificación coherente para hacer frente al armamento criminal presente en la región. Jupol destaca que no se activaron los protocolos de inteligencia ni los dispositivos interadministrativos necesarios para llevar a cabo un operativo como este. El sindicato subraya que el Ministerio del Interior mantiene «una política de desconexión» con los agentes desplegados en áreas críticas, reduciendo a «mera anécdota» la acción policial frente a redes organizadas.
La organización sindical reclama un «plan urgente para revisar y dotar recursos» que permita revertir la situación en las zonas más afectadas por el narcotráfico. Advierte también que si no hay cambios estructurales en las políticas del Ministerio del Interior, la confianza entre los agentes se verá dañada y su operatividad quedará comprometida. Con su exigencia sobre la dimisión del ministro, Jupol no solo busca responsabilidades concretas sino que anuncia movilizaciones crecientes si no hay respuesta inmediata.
El historial de críticas europeas
Las acusaciones formuladas por Jupol no son nuevas y llegan respaldadas por un contexto más amplio. El Parlamento Europeo ha intensificado sus críticas hacia la gestión de Marlaska en materia de seguridad, especialmente tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate el 9 de febrero de 2024, cuando fueron embestidos por una narcolancha. Un informe oficial fechado el 4 de noviembre de 2025 emitido por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo denuncia que el Gobierno español bajo Marlaska retiró pruebas clave vinculadas a esa operación antes de que llegara la misión investigadora europea. Entre las evidencias desaparecidas estaba incluida la patrullera involucrada.
Bruselas considera esta actuación como una grave obstrucción a la transparencia y a las investigaciones parlamentarias pertinentes. Además, el informe critica al Gobierno por haber ascendido en agosto de 2025 a los mandos policiales responsables del operativo donde murieron los agentes, «en contra del deseo expresado por las familias». Los eurodiputados califican este gesto como una humillación que agrava aún más el dolor sufrido por los allegados a las víctimas.
La misión europea, que visitó Barbate en mayo de 2024 tras una petición realizada por la viuda, madre y hermana uno de los agentes fallecidos, David Pérez, constató que los problemas relacionados con la seguridad en la frontera sur son sistémicos. La carta dirigida al Parlamento Europeo denunciaba «inacción política» quince meses después del asesinato señalado, afirmando que «no han llegado recursos humanos adecuados y los medios materiales siguen siendo insuficientes». Los compañeros tanto David como Miguel Ángel informaban que antes incluso del asesinato ya ejecutaban operativos riesgosos sin contar con los medios necesarios y seguían haciéndolo semanalmente, arriesgando sus vidas.
Datos que hablan por sí solos
Los datos respaldan estas acusaciones sin lugar a dudas. Desde 2017 hasta 2024, según estadísticas oficiales sobre criminalidad proporcionadas por el propio Ministerio del Interior, los homicidios dolosos y asesinatos frustrados han aumentado un 68%, mientras que los consumados crecieron un 12,98%. Los delitos graves relacionados con lesiones y riñas tumultuarias experimentaron un incremento del 62,73%. Los secuestros subieron más del 52%, mientras que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual tuvieron un alarmante aumento del 80,96%, destacando un pico dramático del 276,70% en agresiones sexuales con penetración.
En lo relativo al narcotráfico específicamente, el tráfico ilegal ha crecido un 66,17% durante este mismo periodo. Estas cifras contrastan directamente con las promesas iniciales sobre seguridad realizadas por el Gobierno mediante el Plan Especial para Seguridad en el Campo Gibraltar; Jupol lo considera un fracaso rotundo.
Exigencias de Bruselas
El Parlamento Europeo no solo se limita a criticar; también ha formulado demandas concretas. Los eurodiputados piden que se reconozca oficialmente la profesión policial como «de alto riesgo a nivel europeo» y sugieren que actos violentos contra agentes sean considerados como «eurodelitos» con penas más severas. Asimismo exigen crear una directiva específica destinada a proteger legalmente y económicamente las funciones desempeñadas por las fuerzas policiales eliminando así cualquier inseguridad jurídica respecto al uso legítimo de fuerza durante sus servicios.
Bruselas resalta urgentemente la necesidad imperiosa reforzar protección hacia las fuerzas policiales desde diferentes niveles e insiste sobre incrementar inversión pública destinada a este fin. El informe europeo observa cómo el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, mediante su Ministerio del Interior ha obstaculizado procesos transparentes cuando debería estar respaldando firmemente a aquellos encargados defender nuestras fronteras.
La operación llevada a cabo en Isla Mayor se ha convertido ya en símbolo reciente sobre el abandono institucional sufrido por nuestros cuerpos policiales ante narcos cada vez más organizados y armados. Tanto las críticas provenientes desde Jupol como desde instituciones europeas convergen hacia un mismo punto: hay carencia evidente tanto en medios como coordinación o liderazgo político para afrontar este enemigo creciente. La pregunta ahora es si esta nueva crisis obligará finalmente al Gobierno reconsiderar su estrategia frente al narcotráfico o si tal como advierten desde Jupol se intensificarán las movilizaciones.
