La doble vara de medir del progre, orquestada por el Gobierno Sánchez, es una estafa monumental a la ciudadanía.
La gente financia con sus impuestos la acogida de MENAs e inmigrantes irregulares mientras se le oculta sistemáticamente la identidad de los criminales que cometen violaciones y agresiones brutales contra mujeres, niñas y ancianos españoles.
Casos como el de la violación en Hortaleza por un MENA reincidente o los asaltos grupales en centros de acogida salen a la luz solo por presión de la oposición o redes sociales, pero los medios afines al poder minimizan o silencian nombres, orígenes y antecedentes.
Esta opacidad, no solo impide la justicia efectiva y la deportación inmediata (que solo afecta al 10% de los casos), sino que viola el derecho fundamental de los españoles a conocer, se acaba de poner de nuevo en evidencia con la bestial violación de una estudiante española de Medicina.
Pamplona no podrá olvidar la madrugada del 25 de octubre, cuando una joven de 20 años fue víctima de una brutal agresión sexual perpetrada por cuatro hombres de origen magrebí mientras regresaba de una fiesta universitaria.
La joven fue hallada semiinconsciente, atada a un árbol en un área de acampadas junto al río Arga, con evidentes signos de asfixia y contusiones.
Los detenidos —tres argelinos y un marroquí, todos con edades comprendidas entre los 20 y 33 años— residían en un asentamiento ilegal y contaban con antecedentes, incluyendo órdenes de expulsión que nunca se llevaron a cabo.
Este suceso ha generado una gran conmoción social.
Desde hace meses, vecinos y sindicatos policiales han denunciado la creciente presencia de campamentos ilegales en la ciudad, advirtiendo sobre serios problemas de seguridad y salubridad. Informes internos de la Policía Municipal ya alertaban sobre los peligros asociados a estos asentamientos, pero el Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu con el apoyo del PSOE, hizo caso omiso a estas advertencias.
Tras recibir atención médica, la joven interpuso denuncia y narró lo sucedido, lo cual condujo a la detención de los presuntos agresores en su propio asentamiento.
El contraste mediático: de ‘La Manada’ al silencio informativo
Este caso evoca inevitablemente la violación grupal de La Manada en 2016, que desató una ola masiva de indignación y movilización social, amplificada durante semanas por las principales cadenas y medios nacionales.
Sin embargo, esta vez la cobertura mediática ha sido notablemente diferente.
Medios públicos como RTVE y TVE, influenciados por el Gobierno, han ofrecido una cobertura mínima del caso, limitándose a breves menciones en informativos locales sin profundizar en análisis sobre inmigración o violencia de género.
Los medios considerados “oficialistas” o afines al Gobierno —El País, Eldiario.es, La Sexta— han tratado el tema de manera fragmentada y superficial.
Por ejemplo, Eldiario.es incluyó el caso dentro de un reportaje general sobre violencia machista, sin explorar el perfil de los agresores ni los fallos preventivos del Ayuntamiento.
En La Sexta, se optó por centrar sus espacios en los disturbios que ocurrieron en Pamplona tras el incidente, atribuyéndolos a la «extrema derecha», desviando así la atención hacia personajes como Javier de Andrés (“Vito Quiles”), en lugar de destacar la brutalidad del ataque.
Aquí el silencio es abrumador; ni siquiera hay declaraciones públicas por parte de Sánchez, Díaz o Redondo, ni campañas institucionales denunciando los hechos.
Esta falta de reacción pública y mediática se interpreta como una estrategia para no romper el relato del “feminismo interseccional” ni alimentar discursos antiinmigración.
Migración, política y control informativo: ¿quién decide la agenda?
Este caso pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre la sensibilidad social respecto a la inmigración y cómo se gestiona políticamente la agenda informativa. El PSOE y sus aliados defienden políticas abiertas hacia la acogida, temiendo que incidentes como este refuercen el discurso crítico de partidos como Vox o PP, quienes cuestionan tanto la permisividad migratoria como la falta de controles efectivos.
De hecho, tres detenidos contaban con órdenes pendientes de expulsión, lo que ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema actual y cómo prevenir delitos.
El control sobre lo que se informa resulta especialmente palpable en RTVE, donde su Consejo de Administración se renueva mediante mayorías parlamentarias y donde el Gobierno tiene influencia directa.
Críticos del PP y VOX acusan al Ejecutivo de utilizar esta capacidad para “censurar” temas incómodos mientras priorizan distracciones mediáticas como pactos con Bildu o investigaciones sobre corrupción propia.
En Pamplona, también indigna a los ciudadanos la falta de reacción institucional antes del suceso. Varios informes policiales ya habían alertado sobre la inseguridad alrededor del campamento donde vivían los agresores. Sin embargo, el Ayuntamiento desoyó estas advertencias sin tomar medidas para desalojar dicho asentamiento; una omisión que según opositores y sindicatos policiales podría haber evitado este ataque.
La respuesta ciudadana y las tensiones políticas
La agresión ha provocado un profundo revuelo social junto a reacciones políticas inmediatas.
Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento han condenado lo ocurrido y ofrecido apoyo a la víctima. Se han convocado concentraciones silenciosas en la Plaza Consistorial para mostrar rechazo ciudadano y arropar a la joven; estas manifestaciones han contado con una amplia participación vecinal portando carteles contra las violaciones.
Desde las filas opositoras, partidos como UPN y Vox demandan explicaciones al alcalde Joseba Asiron así como al jefe de Policía Municipal sobre cómo se está gestionando tanto la seguridad como la proliferación de asentamientos ilegales. Datos del Ministerio del Interior revelan un aumento alarmante del 154% en las violaciones registradas en Navarra desde 2019 hasta 2024; solo durante el primer semestre de 2025 se registró un incremento del 77% respecto al año anterior.
Las tensiones políticas e informativas también son visibles cuando se analizan otros sucesos con implicaciones migratorias; por ejemplo, las agresiones ocurridas en Torre Pacheco (Murcia), donde el Gobierno Frankenstein promovió especiales televisivos durante horarios estelares para desviar miradas hacia sus propias corrupciones. La selectividad narrativa dentro del feminismo junto con el temor a “estigmatizar” colectivos vulnerables configuran un panorama informativo marcado por silencios e omisiones calculadas.
Pamplona sigue aguardando respuestas. Mientras tanto, mientras intenta retomar su vida normal tras este trágico episodio, persiste un debate abierto acerca del manejo informativo, las responsabilidades políticas involucradas y cómo abordar efectivamente cuestiones migratorias.
El silencio mediático no solo parece proteger intereses; alimenta también desconfianza e indignación entre una sociedad que clama por verdad y justicia.
