Está la tipa en todas las salsas, como el perejil.
El descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha vuelto a poner en el punto de mira a Isabel Pardo de Vera, quien fue presidenta de ADIF y actualmente se encuentra imputada en el caso Koldo.
Este trágico suceso, sucedido el 18 de enero y que dejó un saldo devastador de 45 muertos y más de 100 heridos, ha sacudido la red de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Un tren Iryo descarriló debido a una fractura previa en el raíl, provocando que un Alvia que lo seguía colisionara con él. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha confirmado que las ruedas presentaban muescas y deformaciones que indican un fallo en la vía antes del paso del primer tren.
Durante su mandato, Pardo de Vera estuvo al frente de ADIF cuando se adjudicó el tramo donde tuvo lugar este accidente. Una unión temporal de empresas (UTE), compuesta por compañías como Ferrovial, OHL y Azvi, recibió un contrato por valor de 52,5 millones de euros para llevar a cabo la renovación del trayecto Guadalmez-Córdoba.
Ahora, Vox ha presentado una querella contra ella y su sucesor, Luis Pedro Marco de la Peña, acusándolos de homicidio imprudente, prevaricación y negligencia en el mantenimiento. La formación exige que se analice el estado previo del ferrocarril, así como los avisos sobre averías y las adjudicaciones públicas. Además, solicitan que se cite a declarar a José Luis Ábalos y otros involucrados.
Este no es un caso aislado para la expresidenta. En 2013, cuando era ingeniera jefa en el tramo de Angrois (Santiago de Compostela), supervisó la curva donde un Alvia descarriló, resultando en la muerte de 79 personas y dejando a otras 150 heridas. Aunque no se le atribuyó responsabilidad directa en la construcción, sí se le señaló por no activar los sistemas de seguridad que podrían haber evitado que el tren superara los límites de velocidad permitidos. Desde su ingreso a ADIF en 2007 como ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, su trayectoria está marcada por episodios controvertidos. En 2020, estuvo al tanto del seguimiento mediático tras otro descarrilamiento en La Hiniesta (Zamora) que dejó dos fallecidos y siete heridos, ocasionado por un vehículo que invadió las vías.
La trama del caso Koldo aprieta el cerco
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado cómo supuestamente Koldo García y Ábalos «amañaron» hasta 14 obras de seguridad dentro de ADIF. Una grabación muestra cómo se coordinaban para favorecer a grandes constructoras: «De los contratos pendientes, dale dos a las empresas indicadas por Koldo». La figura de la expresidenta aparece mencionada en informes debido a su participación en adjudicaciones irregulares; incluso se encontraron contratos relacionados con mascarillas por valor de cinco millones en su domicilio. El juez Ismael Moreno la investiga por cinco delitos: cohecho, prevaricación, organización criminal, malversación y tráfico de influencias.
En lo que respecta al caso Koldo, también se indaga sobre la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, en empresas como Ineco y Tragsatec, donde cobró salarios durante dos años y medio sin desempeñar funciones efectivas. Según palabras de Pardo de Vera: «Koldo me decía ‘bonita, te tienes que llevar bien con el ministro'». Aunque su relación con Koldo se deterioró con el tiempo, la UCO señala intervenciones posibles en licitaciones importantes como el soterramiento en Murcia para la empresa Acciona, o el corredor mediterráneo.
Aquí algunos puntos clave sobre su implicación:
- Imputaciones: cinco delitos relacionados con el caso Koldo además de la querella por Adamuz.
- Contratos dudosos: 14 obras supuestamente amañadas; 52,5 millones asignados al tramo Adamuz.
- Accidentes relacionados: Angrois (79 muertos), Adamuz (45), La Hiniesta (2).
Antecedentes y posibles ondas expansivas
La carrera profesional de Pardo de Vera ha ido ascendiendo dentro del organigrama de ADIF bajo gobiernos tanto del PP como del PSOE. Desde jefa de obra hasta presidenta desde 2021 bajo la dirección del ministro Óscar Puente, su trayectoria está marcada por controversias. El pasado 26 de junio del presente año, agentes de la UCO registraron su vivienda recopilando correos electrónicos, mensajes por WhatsApp e información almacenada en nubes digitales. Entre los documentos hallados figuraban aquellos relacionados con mascarillas y conversaciones con su cónyuge. El Tribunal Supremo también investiga a Ábalos por organización criminal; mientras tanto hay piezas separadas enfocadas en obras realizadas en Murcia o Extremadura.
Las repercusiones podrían ser severas si se demuestra alguna negligencia relacionada con lo sucedido en Adamuz. Esto podría acarrear dimisiones dentro del equipo directivo actual e incluso nuevas clasificaciones para toda la red ferroviaria. Desde el PP ya han calificado este panorama como «un escenario lamentable» con Sánchez rodeado por imputados; mientras que desde el PSOE hablan abiertamente sobre una «cacería ultraderechista». Exaltos cargos critican abiertamente el estado actual del ferrocarril pese a las ingentes inversiones realizadas: «Con tanto gasto hemos acabado peor». Aunque reducir las velocidades genera confusión entre los usuarios, es importante recordar que viajar en tren sigue siendo uno de los medios más seguros; menos muertes ocurren anualmente que las causadas por rayos durante 33 años operativos.
Una curiosidad final: Pardo de Vera solía restarle importancia a las presiones ejercidas por Koldo; sin embargo, una grabación reciente parece vincularla directamente con repartos contractuales. En Angrois, su tramo incluía una curva sin sistemas activos capaces evitar accidentes fatales. Ahora incluso Vox solicita que declare también Óscar Puente. ¿Serán simples coincidencias o existe un patrón más amplio? Será decisión del juez esclarecerlo.
