La primera jornada de declaraciones en el juicio por el supuesto enchufe de David Sánchez Pérez‑Castejón en la Diputación de Badajoz concluyó con un giro preocupante para la institución provincial: han surgido indicios de que se habrían manipulado actas y documentos para legitimar su contratación. Lo que comenzó como un día relativamente tranquilo para las defensas, tras la retirada de uno de los delitos por prescripción, terminó sembrando serias dudas sobre la veracidad de la documentación oficial que respalda la plaza cuestionada.
En el epicentro del escándalo se encuentra un documento secuestrado por la Guardia Civil, ahora incluido en el sumario, que respalda la teoría de que la Diputación reorganizó, alteró e incluso sustituyó elementos clave del expediente para presentar a David Sánchez como único candidato “idóneo”. Este hallazgo llevó al abogado de la acusación popular Luis María Pardo, representante de Iustitia Europa, a afirmar que estamos ante un “vuelco completo” del juicio.
Cómo se habría alterado el expediente
El centro del debate radica en las fechas y el contenido de los informes internos relacionados con la plaza ocupada por el hermano del presidente del Gobierno.
Según consta en el expediente oficial entregado por la Diputación al juzgado, la plaza fue adjudicada a David Sánchez el 30 de junio de 2017, basándose en un informe de valoración fechado el 29 de junio. A primera vista, todo parecía encajar: una valoración previa, varios candidatos y un resultado que destacaba al músico como el mejor aspirante.
Sin embargo, los anexos proporcionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuentan una historia diferente.
- El 10 de julio de 2017 se envió un correo interno desde la Diputación con un informe de valoración adjunto para el puesto de coordinador de conservatorios / jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
- En este informe se afirmaba que ningún aspirante era apto excepto David Sánchez, quien recibió la máxima puntuación.
- La acusación ha detectado incluso un error matemático en los puntos sumados que habría inflado su nota final.
Este informe del 10 de julio, explícito en su trato favorable hacia él, es considerado por la acusación como el documento original. El inconveniente es que no aparece en el expediente oficial enviado al juzgado. En su lugar, se encuentra otro informe, con una estructura distinta, donde se menciona a seis aspirantes y donde ya no se presenta una decisión tan claramente sesgada.
La sospecha planteada por Iustitia Europa es contundente: tras las denuncias públicas realizadas por el entonces diputado de Podemos Álvaro Jaén en 2017, saltaron las alarmas en la Diputación debido a lo “torpe” del primer informe y se habría ordenado reconstruir el expediente para ocultar las irregularidades. Según esta línea argumental, se habría:
- Ocultado el informe de valoración del 10 de julio.
- Creado un nuevo informe técnico más presentable.
- Sustituido una pieza clave en el expediente administrativo antes de enviarlo a los tribunales.
No obstante, algunas evidencias no han desaparecido completamente. En la ficha personal de David Sánchez, proporcionada por la propia Diputación, figura su currículum, así como una ficha 2.10 que coincide con los 2.10 puntos mencionados en el informe “borrado”. Para los acusadores, esto representa una prueba tangible que indica que dicho documento existió, fue utilizado para adjudicar la plaza y fue eliminado posteriormente del expediente final.
Un alivio parcial para la defensa: un delito prescrito
Mientras salía a luz este posible maquillaje documental, el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz introdujo un elemento tranquilizador para el acusado. La sala aceptó eliminar el delito de aceptación de nombramiento ilegal, al considerar que ya está prescrito.
- La Fiscalía había argumentado previamente que este delito menor debía caer por prescripción y solicitó además una absolución total.
- El tribunal ha respaldado esta tesis en este aspecto específico; sin embargo, ha rechazado anular todo el juicio como pedía la defensa.
- Así las cosas, David Sánchez continúa sentado en el banquillo enfrentando dos delitos por tráfico de influencias junto con prevaricación administrativa, con una solicitud conjunta por parte de las acusaciones populares que podría llevarlo a cumplir hasta tres años tras las rejas.
El abogado defensor, Emilio Cortés, sostiene que todo este procedimiento se ha edificado sobre informaciones exclusivas publicadas y critica lo que denomina una “investigación prospectiva” impulsada por ser hermano del presidente. Sin embargo, no hay marcha atrás; la sala ha despejado cualquier discusión sobre nulidad y mantiene firme su calendario judicial con once procesados y cuarenta testigos hasta al menos el 10 de junio.
La importancia de la acusación popular y ese “vuelco completo”
En este contexto destaca también la figura del abogado Luis María Pardo, representante legal del caso popular y miembro activo dentro de Iustitia Europa. Tras acceder a los anexos aportados por la UCO introducidos por la instructora Beatriz Biedma, Pardo asegura haber logrado “reforzar los delitos imputados a David Sánchez” y habla abiertamente sobre ese potencial “vuelco completo” durante el juicio.
La presencia activa de organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europa y Partido Popular, entre otras, no es baladí. Su objetivo ahora consiste en:
- Analizar exhaustivamente toda la cadena de correos internos dentro de Diputación.
- Señalar las contradicciones entre lo manifestado oficialmente y lo contenido en los informes elaborados por UCO.
- Conectar las supuestas irregularidades documentales con un patrón evidente de favoritismo hacia el hermano del presidente.
El descubrimiento del informe datado 10 julio junto con esa ficha 2.10 les proporciona munición suficiente para sostener no solo que diseñaron una plaza específica para él sino también que se produjo una alteración documental posterior para hacer coincidir dicha decisión con criterios legales establecidos.
Contexto familiar y político: gerente padre y mensaje resiliente
El caso «hermanísimo» no puede entenderse sin considerar tanto su entorno político como familiar relacionado con Pedro Sánchez. Conforme avanzan las sesiones judiciales se ha revelado que su padre fue gerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música (INAEM), cargo vinculado al ámbito cultural donde también desarrolla su carrera profesional David Sánchez como director orquestal. Esta coincidencia alimenta cierta narrativa sobre una larga tradición familiar ligada a influencias derivadas entre cargos públicos relevantes.
Paralelamente al desarrollo judicial del caso, desde dentro del PSOE se está transmitiendo un mensaje interno claro: aguantar ante lo que consideran acoso judicial y mediático contra su entorno. Así lo ha manifestado también Pedro Sánchez, quien ha instado a sus compañeros a “resistir” y “seguir adelante” frente a esta situación adversa. Este discurso cobra fuerza cuando se relaciona con otros casos investigativos vinculados al partido y dirigentes socialistas; reafirmando así esa percepción colectiva sobre una lucha política más profunda subyacente.
Por tanto, lo ocurrido en Badajoz trasciende más allá del litigio administrativo sobre esta plaza: representa un termómetro sobre cómo operan las instituciones públicas frente al peso familiar o político; cuestionando hasta dónde llegan los usos —y abusos— administrativos cuando prevalece más un apellido conocido respecto a cualquier otro criterio objetivo.
Las próximas sesiones serán decisivas para determinar si estas actas alteradas, informes desaparecidos y correos internos son suficientes para convencer al tribunal sobre si realmente detrás del puesto otorgado a David Sánchez hay algo más profundo que meras irregularidades administrativas; si podría parecerse más bien a un traje hecho a medida creado tras bambalinas dentro mismo del entramado institucional.
