Las recientes revelaciones hechas por el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, son alarmantes: una joven de 15 años fue supuestamente violada por Morales, quien además habría engendrado una hija con ella. Si bien este proceso sigue abierto, ya ha sacudido profundamente a la opinión pública.
La indignación que genera este tipo de delitos es comprensible. No solo se trata de una grave acusación contra un ex presidente, sino de un golpe a los valores fundamentales que cualquier sociedad debe proteger: la seguridad y dignidad de los menores. El hecho de que Evo Morales, mientras ejercía el poder, se haya visto envuelto en un crimen de esta naturaleza es un recordatorio amargo de cómo la política puede corromper, y de cómo algunos líderes se creen intocables.
La fiscal Sandra Gutiérrez, quien denunció que fue removida de su cargo por solicitar la detención de Morales, es un ejemplo claro de las barreras que enfrentan quienes tratan de hacer justicia en casos de alto perfil. Cuando los intereses políticos entran en juego, la justicia parece diluirse, y las víctimas —en este caso una menor de edad— quedan relegadas a un segundo plano. Este patrón de impunidad y manipulación es peligrosamente común en América Latina, donde los poderosos muchas veces logran evadir las consecuencias de sus actos.
No es la primera vez que Morales enfrenta acusaciones de esta índole. En 2020, ya se le vinculó con dos casos de estupro, uno de los cuales también resultó en un embarazo.
Estos casos, junto con las revelaciones actuales, dejan en claro que existe un patrón de conducta que no puede ser ignorado. Morales, quien alguna vez fue visto como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de los sectores más vulnerables, parece haber utilizado su posición de poder para su propio beneficio, a expensas de quienes debía proteger.
Más preocupante aún es la destitución de la fiscal Sandra Gutiérrez, quien denunció haber sido apartada de su cargo tras pedir la detención de Morales en el marco de una investigación por trata de personas. Este hecho pone en evidencia la fragilidad de las instituciones en Bolivia, donde la justicia parece tambalearse cuando se enfrenta al poder político.
Morales, quien alguna vez fue visto como el abanderado de los derechos de los oprimidos y los indígenas, parece ahora representar el mismo sistema corrupto y abusivo que prometió combatir.
La imagen del líder carismático, que defendía la justicia social, se desmorona frente a la posibilidad de que él mismo haya sido el perpetrador de uno de los crímenes más atroces que pueden cometerse: la explotación sexual de una menor.
Este caso no es solo un tema de Morales y su destino personal. Nos enfrenta a una pregunta que muchas sociedades han evitado: ¿qué sucede cuando los líderes a los que seguimos, aquellos que dicen luchar por los desprotegidos, son en realidad los responsables de sus abusos? La idolatría política es peligrosa, y este caso es un recordatorio de que nadie debería estar por encima de la ley, sin importar cuán alto haya llegado en la escalera del poder.
El sistema judicial boliviano tiene ante sí una prueba monumental: demostrar si es capaz de juzgar con independencia y sin temor a represalias, o si se dejará doblegar por las presiones políticas. La justicia no puede seguir siendo selectiva, y este caso es un momento decisivo no solo para la vida de la víctima, sino para la confianza de los bolivianos en sus instituciones.
Al final del día, lo que está en juego es mucho más que la reputación de un ex presidente. Es la integridad de un país y su capacidad de rendir cuentas a las personas a las que sus líderes juraron proteger. La sociedad boliviana merece respuestas claras y, sobre todo, justicia.
