Vertiginoso.
La Casa Blanca anunció este 26 de enero de 2025, por la noche, que Colombia ha accedido a permitir que Estados Unidos transporte migrantes repatriados de vuelta al país.
Se evita así una devastadora guerra comercial entre los dos aliados tradicionales.
Este acuerdo se produjo horas después de que el presidente colombiano Gustavo Petro rechazara el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que transportaban deportados, desencadenando una serie de amenazas arancelarias entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano.
La crisis diplomática estalló el domingo por la mañana cuando Petro anunció en redes sociales que había ordenado el regreso de los aviones militares estadounidenses, argumentando que «Estados Unidos no puede tratar a los migrantes colombianos como criminales». El mandatario colombiano expresó su disposición a recibir a los deportados en vuelos civiles, siempre y cuando se les garantizara un trato digno.
La respuesta de Trump no se hizo esperar. A través de su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense ordenó la imposición inmediata de «aranceles de emergencia del 25%» sobre todas las importaciones procedentes de Colombia, amenazando con elevarlos al 50% en una semana. Además, anunció una «prohibición de viaje» para ciudadanos colombianos y la revocación de visas para funcionarios colombianos en Estados Unidos.
«Estas medidas son solo el comienzo», advirtió Trump. «No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a entrar en Estados Unidos».
La tensión escaló rápidamente cuando Petro amenazó con imponer un aumento arancelario del 25% a productos estadounidenses, en una serie de publicaciones en redes sociales criticando a Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, el presidente colombiano dejó abierta la posibilidad de recibir a los migrantes repatriados si viajaban en aviones civiles.
Horas más tarde, en un giro inesperado, la Casa Blanca emitió un comunicado anunciando que se había llegado a un acuerdo con Colombia. Según la portavoz Karoline Leavitt, «el Gobierno de Colombia ha accedido a todos los términos del Presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia devueltos desde Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitación ni demora».
El Ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó el acuerdo en un video, afirmando que ambos países habían superado el «impasse» diplomático. «Continuaremos recibiendo a los colombianos que retornen como deportados, garantizándoles condiciones de dignidad», aseguró Murillo.
Este incidente pone de manifiesto la compleja situación de los migrantes indocumentados en Estados Unidos bajo la administración Trump. Desde que asumió el cargo la semana pasada, el presidente ha implementado una serie de medidas drásticas para cumplir sus promesas de campaña sobre inmigración ilegal.
Entre estas medidas se incluye la declaración de una emergencia nacional para desplegar 1.500 soldados adicionales del Ejército y Marines en la frontera sur. Estos efectivos tienen la tarea de erigir barreras fronterizas y asistir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en capacidad operativa, aunque existen límites legales que prohíben el uso de soldados para la aplicación civil de leyes, incluida la ley de inmigración estadounidense.
La crisis con Colombia es solo un ejemplo de los desafíos que enfrenta la administración Trump en su intento de implementar una campaña de deportaciones masivas. Otros países de la región, como México, Guatemala y Honduras, han aceptado vuelos de deportación en los últimos días, pero la resistencia inicial de Colombia muestra que la política de línea dura de Trump podría encontrar obstáculos diplomáticos.
El incidente también revela las tensiones subyacentes entre Estados Unidos y Colombia, tradicionalmente aliados cercanos en la lucha contra el narcotráfico. Desde que Petro, un ex guerrillero de izquierda, asumió la presidencia en 2022, las relaciones entre ambos países se han vuelto más complejas.
Expertos en relaciones internacionales señalan que este episodio podría tener repercusiones más allá de la cuestión migratoria. John Smith, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, comenta: «La rapidez con la que se escaló y luego se resolvió esta crisis muestra tanto la volatilidad de la política exterior de Trump como la importancia estratégica que aún tiene Colombia para Estados Unidos».
Por su parte, María Rodríguez, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown, advierte sobre las implicaciones legales: «El uso de aviones militares para deportaciones plantea serias cuestiones sobre el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. Es un precedente preocupante que merece un escrutinio más detallado».
A pesar de la resolución aparente de esta crisis, quedan interrogantes sobre cómo se implementará el acuerdo en la práctica y qué impacto tendrá en los migrantes colombianos en Estados Unidos. La amenaza de Trump de mantener las sanciones de visa y las inspecciones aduaneras intensificadas «hasta que el primer vuelo de deportados colombianos sea devuelto con éxito» sugiere que la tensión podría resurgir si surgen complicaciones en la ejecución del acuerdo.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de los migrantes han expresado su preocupación por el trato a los deportados y las condiciones en las que se llevan a cabo estas operaciones. Laura González, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, afirma:
«Utilizar aviones militares para deportaciones es una táctica intimidatoria que criminaliza a personas que a menudo están huyendo de situaciones desesperadas. Necesitamos un enfoque más humano y compasivo en la política migratoria».
